Ayer el conseller Moragues se empleó a fondo para intentar convencer a la oposición de que nada extraño hay en torno a la caja fija de la Generalitat. Se revolvió diciendo que esas partidas están en todas las Administraciones y son imprescindibles para el funcionamiento cotidiano. Y acusó a los socialistas y al resto de la oposición de hacer un uso demagógico de la cuestión. A ver, dice bien Moragues: todas las Administraciones y cualquier otra organización necesitan "dinero de bolsillo" para funcionar día a día. Vale. Pero es que no es eso de lo que se habla. No es una cuestión de ciencia administrativa; es un asunto de decencia. No sobre cómo se debe de organizar la Administración sino de qué destino dieron a millones de euros durante años quienes estaban obligados por ley a custodiar esas cajas fijas. Esa es la cuestón. El juez Ceres, que instruye una rama del caso Gürtel en Valencia, ha afirmado en varias de sus resoluciones que los supuestos implicados recurrieron a ese mecanismo para ocultar pagos a la trama mafiosa, como bien recordó ayer el diputado socialista Rafa Rubio a los de Fabra. En un escenario de depravación moral como el que conocemos entre algunos de quienes han gobernado este país durante décadas no resulta difícil imaginar que fueran incapaces de resistir la tentación de reventar la caja fija de la Generalitat. A estas alturas han quemado ya todo el crédito de confianza que pudieran tener.
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