A nadie puede extrañar que Juan Cotino haya acabado imputado en relación con la gestión de los recursos públicos movilizados por la visita del papa Benedicto XVI. 28 días después de dimitir como presidente de Les Corts para dedicarse, según él, al cultivo del caqui la Justicia le requiere para declarar sobre su presunta participación «en hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho», al decir de la Fiscalía Anticorrupción. Hace ahora una semana que conocimos la imputación del expresidente de la Generalitat y de Bancaixa José Luis Olivas, precisamente puesto en relación judicialmente con un sobrino del mismo Cotino. Una factoría de imputados y una reserva de presuntos (en muchos casos ya no presuntos) delincuentes, esto es el PP valenciano a estas alturas. Fijaos, en sólo siete días se ha imputado por asuntos relacionados con el saqueo de fondos públicos a un expresidente de la Generalitat, un expresidente de Les Corts, al vicealcalde de Valencia y al presidente del puerto de Valencia y se ha anunciado la apertura de juicio oral por el destripamiento de Emarsa, la empresa pública que gestiona la depuradora de Pinedo, que implica a una banda de 24 gaviotas. Es lo que hay. Veremos esta semana, y la otra, y más allá. Ayer escuchaba a un líder de opinión del derechismo patrio decir de Artur Mas que estaba inhabilitado para pretender negociar nada con Rajoy sobre Cataluña por haber decidido ponerse en el lado oscuro de la ley. No me complace Mas, para nada, pero caramba... ¿cómo se pueden atrever esta banda de tragaperras sinfín a hablar de legalidad si desde el número uno al infinito están pringados con pringue corrosivo y altísimamente tóxico? Y aquí, en el País Valenciano, como en ninguna parte.
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