domingo, 29 de octubre de 2017

Intervención en #PleCastelló del 26-10-2017: debate sobre la reforma de las ordenanzas fiscales

Intervención en el Pleno municipal de Castelló el 26 de octubre de 2017 con motivo del debate sobre la reforma de las ordenanzas fiscales.

Hace un año comenzaba esta comparecencia haciendo referencia al esfuerzo hecho por el grupo de trabajo para la revisión de las ordenanzas fiscales en la confección de un nuevo andamiaje fiscal para nuestro ayuntamiento. Reitero ese agradecimiento a todos lo grupos políticos. Gracias, sinceramente, por acompañarnos en ese camino también este año y por contribuir al asentamiento de una cultura de la negociación en materia fiscal que debería perdurar en el tiempo.

Por segundo año consecutivo presentamos este paquete de medidas fiscales en un clima de incertidumbre notable. Como hace un año, desconocemos siquiera cuándo se aprobarán los presupuestos del Estado para 2018 y que cambios normativos los acompañarán. Desconocemos sus argumentos básicos y en qué medida afectarán a las cuentas municipales. Desconocemos los escenarios que puedan abrirse ante un eventual agravamiento de la crisis política que sufrimos. Pero, como dijera Lluis Llach hace ya tantos años, "malgrat la boira, cal caminar".  Y aquí traemos ante el pleno municipal nuestra propuesta de reforma de las ordenanzas fiscales para el ejercicio de 2018. 

Permítanme antes dar cuenta de algunos compromisos adquiridos en la comparecencia que hace ahora un año. Nos comprometimos entonces a solicitar al Ministerio de Hacienda la redacción de una nueva ponencia de revisión de valores catastrales. A propuesta de la dirección provincial del Catastro optamos por una vía alternativa que permitiera trasladar a la ciudadanía con mayor rapidez los beneficios fiscales pretendidos. La ley de Presupuestos generales del Estado para 2017 aprobó la aplicación de un coeficiente reductor de los valores catastrales de los inmuebles de la ciudad del 0,91. Esto supone la minoración en 913 millones de euros del padrón de bienes inmuebles. Y más allá del dato puntual conviene saber que esa disminución del valor catastral repercutirá también en otros impuestos, como los de transmisiones, plusvalías o la renta.

Nos comprometimos también a presentar un plan bienal de control tributario y a la creación del Consejo municipal de Inspección. El primero fue aprobado por la JGL el pasado 9 de junio y validado en este pleno ese mismo mes. En él se recogen los compromisos del Pacte del Grau referidos a la justicia tributaria, la suficiencia económica y la lucha contra el fraude a fin de distribuir de forma más equitativa y justa la carga tributaria entre la ciudadanía. El plan fija criterios en la selección de aquellos contribuyentes que serán objeto de las actuaciones inspectoras en los distintos impuestos, la identificación de bolsas de fraude fiscal mediante el estudio de determinadas conductas encaminadas a eludir la debida tributación, la comprobación de los usos declarados en las unidades fiscales sujetas a IBI y la elaboración de planes de inspección sobre la utilización y aprovechamiento del dominio público. El plan está ahora en fase de implementación.

El Consejo municipal de Inspección se creó a finales del mes de julio. En su ADN está el impulso de la colaboración y coordinación administrativa en la implantación de mejoras en la inspección municipal. Y entre sus objetivos destacan coordinar la acción inspectora sobre determinadas zonas o actividades municipales, definir y compartir información de control que resulte transcendente para el resto de áreas representadas en el mismo, impulsar la colaboración interdepartamental en la realización de actuaciones de prevención o control, identificar aquellas actuaciones que se consideren prioritarias y elaborar propuestas de mejora. Un órgano, este, reclamado durante mucho tiempo por los técnicos municipales para impulsar los flujos de información internos que faciliten su trabajo. Nunca se atendió esa demanda. Se trata de una propuesta meramente técnica ya trasladada a gobiernos anteriores sin obtener respuesta; desde un primer momento entendimos su necesidad y promovimos su constitución. Hoy ya es una realidad respecto de la que estamos convencidos ayudará a proyectar los objetivos del Pacte del Grau, especialmente en aquello que hace a la modernización de la administración y a la definición de una relación justa y equitativa del ayuntamiento con la ciudadanía.

De las tareas llevadas a cabo conjuntamente por los distintos partidos con representación en el consistorio en el grupo de trabajo sobre ordenanzas fiscales se derivaron una serie de acuerdos que forman parte de la propuesta de actualización de las ordenanzas que paso a presentar. 

Respecto del IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, vamos a rebajar en torno a 1,3M€ la carga fiscal sobre la ciudadanía respecto a este año. 

En 2018 convergerán dos medidas que proyectarán ese ahorro fiscal hacia las y los contribuyentes. De un lado, la aplicación del ya mencionado coeficiente reductor del valor catastral; y de otro, la rebaja del tipo de gravamen aplicado para obtener la cuota. Uno y otro mitigarán la subida de la base liquidable que todavía viene derivada de la revisión catastral promovida por el gobierno del Partido Popular a finales de los 2000.

La aplicación de las dos variables mencionadas se traduce en una diferencia de recaudación cercana a los 6,9M€ si hubiéramos continuado aplicando el tipo de 2015 y 2016 y no hubiéramos solicitado del ministerio la reducción de los valores catastrales. Y de 3,4M€ respecto a los valores y tipo de gravamen de 2017.

Por lo que hace al IBI urbano, reduciremos el tipo de gravamen general en un 7,7 por ciento, pasando del 0,75 al 0,69. Este es el tipo más bajo de los aplicados por este ayuntamiento en los últimos 14 años. De este modo en el trienio 2016-2018 el tipo de gravamen habrá pasado del 0,79 al 0,69, casi un 12 por ciento menos.

Disminuiremos de nuevo en un 25 por ciento el tipo de gravamen sobre los inmuebles rústicos, situándolo en el 0,60% a fin de compensar la incorporación al padrón de  los inmuebles que por efecto de la aplicación de la Ley 13/2015 pasan de tributar por urbana a tributar por rústica. 

Para este año 2017 ya modificamos el antiguo tipo del 1,07 al actual 0,80. Ahora lo volvemos a hacer, manifestando el compromiso del ayuntamiento con la reconstrucción del cinturón agrícola de la ciudad. De no reducir el tipo el ayuntamiento hubiera recaudado para 2018 casi 1,2M€ más por el IBI rústico.

Los tipos de gravamen de urbana y rústico afectan a la inmensa mayoría de contribuyentes a la hacienda municipal. Así que la reducción en un 7,7 por ciento del primero y en un 25 por ciento del segundo va a incidir en  la reducción del esfuerzo fiscal de la mayor parte de la ciudadanía. Es el caso del 95 por ciento de los inmuebles con usos no residenciales. Para el 5 por ciento restante, aquellos con los valores catastrales más elevados, se ha previsto pasar el tipo del 0,85 al 0,80, con una rebaja del 6 por ciento.

En cuanto a las unidades fiscales del Puerto, BICEs del tipo 4, el tipo pasará del 0,90 al 0,95.

Se han introducido cambios importantes en las bonificaciones a las que autoriza la normativa. Las familias numerosas se podrán beneficiar de las mejoras en los criterios de progresividad. Se calculará esa bonificación teniendo en cuenta tanto el valor catastral del inmueble como los ingresos familiares en relación con el IPREM, favoreciendo en mayor medida la bonificación a las rentas más bajas. Recuerden que esta fue una de las novedades introducidas hace un año; ahora proponemos la ampliación de los tramos de los ingresos de la unidad familiar, pasando de cinco a siete. La máxima bonificación del 90 por 100 correspondería a un inmueble con un valor catastral de hasta 75.000 euros cuyos propietarios tuvieran unos ingresos por debajo del 50 por 100 del IPREM por cada miembro de la unidad familiar.

Se han ampliado también, y de forma muy notable, las bonificaciones de carácter cultural, social o medioambiental. Galerías de arte, librerías, salas de teatro, cine o conciertos y otros inmuebles destinados a la producción o representación cultural, que este año han dispuesto por primera vez de una bonificación del 30 por ciento de la cuota, la verán incrementada hasta el máximo legal del 95 por ciento.

Del mismo modo, aquellos inmuebles que sean objeto de alquiler social a personas con riesgo de exclusión o en proceso de inclusión verán triplicarse la bonificación al pasar del 30 al 90 por ciento. 

La instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar destinada al autoconsumo se ve también favorecida en su trato fiscal, con un cambio de escenario importante que atañe a tres ámbitos: se duplica el porcentaje bonificable (pasando del 25 al 50, el máximo legal); se amplia a toda clase de inmuebles, no sólo a los de carácter residencial; y se introducen criterios de progresibidad, teniendo como referencia, como en otras bonificaciones, el valor catastral del inmueble, llegando a bonificar el 50 por ciento del impuesto durante 10 años a aquellos inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a 75.000 €.

Todo ello en cuanto al IBI. Respecto del ICIO, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, tras la actualización del precio de los módulos el año pasado proponemos ahora la reducción del coeficiente del 3,75 por ciento al 3,5. Y por lo que respecta al impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica se proponen cambios técnicos en la redacción de la norma que afecta a los vehículos destinados al transporte de personas con diversidad funcional.

Y ya para terminar, me referiré a los cambios introducidos en la tasa por prestación de servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos, la tasa sobre las basuras. La congelación de la tasa que este ejercicio se introdujo para el 40 por ciento de las viviendas con menor valor catastral se extenderá ahora a los dos tramos restantes, así como al resto de unidades fiscales destinadas a almacén, trasteros y resto de actividades económicas. Se estabiliza, pues, la tasa de basuras para 2018 en los mismos valores que en 2017: 92 euros para las viviendas con menor valor, 96 para el segmento intermedio y 101 para las de mayor valor catastral. Y se mantiene, también, la cuota social reducida para familias en riesgo severo de exclusión entre 18 y 20 euros. Sobre esta tasa hiper reducida se amplía el período para su solicitud hasta el primero de junio. El aumento de los costes en el servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos sólidos, así como la subida del canon de Reciplasa, asciende este año a casi 675.000€ que no serán repercutidos a la ciudadanía, pasando el grado de cobertura de la tasa del 82% de 2017 al 75% para el próximo ejercicio.

Una novedad importante en esta tasa para el próximo ejercicio será la forma de cálculo referido a los inmuebles en los que se ejerza más de una actividad (por ejemplo, los despachos profesionales que comparten un mismo inmueble), al objeto de que se exija una cuota única.

Estas son las propuestas de actualización de las ordenanzas fiscales que presenta el gobierno a la consideración del pleno. Todas ellas fruto del acuerdo de los grupos que respaldamos el Pacte del Grau. Y una buena parte acordadas también con el grupo Popular y Ciudadanos. Esperamos que merezcan su consideración y su respaldo.

Y déjenme terminar agradeciendo muy especialmente, a los empleados y empleadas de la Administración Tributaria Local y del resto de áreas municipales, su generosidad y su profesionalidad. Gracias.