Consejo Municipal de Inspección de #Castelló

Publicado en Mediterráneo el 28 de septiembre de 2017

Al poco de entrar en el gobierno local de Castelló, hace algo más de dos años, uno de los directivos de la administración municipal me plateó la creación de un organismo que permitiera planificar, impulsar y coordinar la acción inspectora de los distintos departamentos del ayuntamiento. La propuesta se había formulado ya a gobiernos anteriores pero no había sido tomada en consideración por los responsables políticos de entonces. El proyecto era de gran interés para nosotros por cuanto podía ayudarnos a mejorar la eficacia de los servicios municipales, reforzar los instrumentos de lucha contra el fraude y favorecer la redistribución de las cargas tributarias que impone el ayuntamiento a las y los ciudadanos. Todos ellos, además, compromisos suscritos en el Pacte del Grau.

La semana pasada aquella propuesta, que habíamos anunciado ante el pleno municipal a finales de 2016, comenzó a caminar. El Consejo municipal de inspección quedó constituido con representantes de las áreas tributaria, de seguridad pública, control urbanístico y de actividades, servicios públicos, movilidad y modernización. Y definimos los diversos ámbitos de actuación sobre los que vamos a estudiar y aplicar, cuanto antes, los programas específicos, que tendrán que  ver con la ocupación de la vía pública, los vados, los números de los portales en nuestras calles, las vallas publicitarias, las actividades económicas… 

Tenemos la convicción, desde el gobierno municipal de Castelló, de que el consejo de inspección será un instrumento muy útil para la salvaguarda del interés público y para impulsar el trabajo en red y colaborativo entre los distintos servicios del nuestro ayuntamiento.

Catalunya: no es sólo la ley; pero también es la ley

Intervención en el pleno de la Diputació de Castelló el 19 de septiembre de 2017 en el debate sobre el proceso de independencia impulsado por el Govern de la Generalitat catalana

Hace unos días, los pasados 6 y 7 de septiembre, el Parlament de Catalunya vivió unos hechos de enorme gravedad. La mayoría resultante de la suma de Junts pel Sí y las CUP violentó el reglamento parlamentario para imponer la tramitación de las llamadas por los partidos independentistas leyes de desconexión de Cataluña del resto de España: la ley que debería posibilitar la consulta del 1-O y la que permitiría crear, eventualmente, la república catalana tras la consulta.

Lo ocurrido esos días es para nosotros, los socialistas, inaceptable. Y por ello hemos decidido suscribir la moción objeto de este debate. Inaceptable por ilegal. Lo advirtieron los letrados de la cámara catalana; lo advirtió el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya; y lo advierte, sí, también, el Tribunal Constitucional. El Parlament aprobó una leyes que no caben en nuestro ordenamiento jurídico; y el Govern de la Generalitat está poniéndose fuera de la ley al impulsar lo que en la ley no cabe. Más aún, está comprometiendo la seguridad jurídica de miles de servidoras y servidores públicos en Cataluña con esa carrera alocada hacia el precipicio; y está conduciendo a la sociedad catalana a un callejón sin salida que acabará por fracturar irremediablemente la convivencia en ese país por tantas y tantas razones querido en nuestras comarcas.

Porque, ¿es razonable, en términos de calidad democrática, que a poco más de diez días de la fecha propuesta por el Govern y los partidos que lo apoyan no exista censo para la realización de la consulta, y si hay algo que se le asemeje no haya sido objeto de revisión por los electores ni de validación por autoridad electoral alguna? ¿Es razonable que a poco más de diez días de esa fecha no haya colegios electorales, ni en lo que refiere a la zonificación del cuerpo electoral ni en cuanto a los espacios físicos en los que debiera ejercerse el derecho de sufragio? Lo llaman referendum y no lo es; y lo saben, quienes así lo llaman. Y saben que no prosperará como tal. Porque en realidad es un señuelo, una provocación.

La democracia es votar, sí. Pero no sólo. Es respetar el Estado de derecho, es construir la convivencia, es crear territorios para el entendimiento.

No, no podemos aceptar lo que está ocurriendo por responsabilidad. Tampoco por convicción. Miren, sabemos que no es sólo la ley; pero también es la ley. La democracia se legitima por el cumplimiento de la ley. Por todas y por todos de todas las leyes. Y ese no es un principio que se pueda trocear. No puede haber espacios para la impunidad en democracia. Menos aún para quienes tienen el mandato del pueblo para garantizar la legalidad que hace posible la convivencia. La quiebra de ese principio esencial deslegitima cualquier proceso nacido al amparo, inicialmente, de las instituciones democráticas. Lo hemos denunciado siempre, ahora y antes, en relación con este proceso y con otras situaciones que están vaciando de afectos nuestra democracia. Por eso exigimos el restablecimiento del principio de legalidad en Cataluña. 

Las instituciones del Estado de derecho que democráticamente nos hemos dado los españoles tienen instrumentos legales suficientes para que así sea. Utilícense atendiendo, en todo caso, a criterios de proporcionalidad y sentido de la razón política. Es imprescindible para reencontrar los espacios de consenso que nunca debieron haber sido triturados. El estado de cosas que hoy vivimos en Cataluña y fuera de ella obedece a responsabilidades e irresponsabilidades compartidas por actores diversos que vienen de tiempo atrás. Acciones, inacciones y dejaciones que han convertido una cuestión esencialmente política en un asunto judicial.

El problema catalán no sólo es un problema de Cataluña y de su relación con el resto de España. Es también el problema de España, de su articulación territorial, de la redefinición de su andamiaje institucional, del diseño de formas nuevas que permitan compartir procesos de decisión política que van más allá del mero reparto competencial. Estamos hablando de repensar el Estado para hacer viable una España posible en el siglo XXI.

Es el tiempo de la ley, sí. Pero, sobre todo, es el tiempo de la política y de la democracia. No puede negarse una sola oportunidad al diálogo. Ni una sola. Porque esto no es una historia de buenos y malos españoles, no. Ni de buenos o malos catalanes. Es un relato plagado de errores contumaces que deben ser necesariamente reparados. Aquí y allí.