Publicado en Levante de Castelló el 23 de abril de 2018
No voy a ser yo quien diga hoy que «Castellón va a seguir sufriendo el ataque de los delincuentes y el menosprecio del Estado a su futuro y a su seguridad», como dijera en algún momento de finales de 2010 el entonces vicealcalde de Castelló Javier Moliner.
No seré yo, tampoco, quien diga hoy que el Gobierno de España «improvisa con la seguridad en la provincia y la delincuencia crece en Castellón pese a los esfuerzos oficiales en ocultarla [...] lo que nos sitúa como una de las provincias más inseguras de España, una provincia muy insegura para vivir», como decía el ahora jefe del rajoyismo castellonense Miguel Barrachina aquel mismo año.
Hablaban así Moliner y Barrachina tras años de reducción de la delincuencia y de incremento sostenido de la fuerza y la efectividad policial en nuestras comarcas. Decían así Barrachina y Moliner al tiempo que se abrían los cuarteles de la Guardia Civil en Morella, l'Alcora y Orpesa y la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad de Castelló, las primeras dependencias policiales inauguradas en la provincia desde los años 80 y las últimas hasta hoy. Se manifestaban ambos de ese modo coincidiendo con el mayor crecimiento de las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia, que pasarían de 1260 efectivos en 2005 a más de 1900 en 2011.
No, yo no lo haré. No se me ocurriría decir de mi tierra que es una de las más inseguras de España, como ellos hicieron en tiempos de Rodríguez Zapatero. Por responsabilidad, por decencia y por respeto a la verdad y al trabajo esforzado de cientos de policías y guardias civiles que se juegan la vida a diario en cada rincón de nuestras comarcas. Y también por respeto a la ciudadanía, que no merece ser engañada por quienes recibimos el encargo de representarla en las instituciones democráticas.
Porque con la seguridad no se juega. Ni con la confianza de la gente en el sistema público policial. Es razonable que quienes se consideran afectados por un episodio de inseguridad, en nuestras ciudades o en nuestras zonas rurales, o quienes son directamente víctimas del delito manifiesten su preocupación, cuando no su indignación. Esto es y debe ser así. Y es lógico, igualmente, que exijan de los responsables públicos competentes soluciones rápidas y eficaces para la restitución de los daños sufridos. Y que reclamen saber si las plantillas policiales han mermado como lo han hecho las del resto de los servicios públicos, y en qué medida. Y que pregunten si el número de efectivos y la cantidad de recursos materiales es suficiente para garantizar efectivamente su seguridad.
Pero hemos de andar con cuidado quienes representamos a la ciudadanía para no caer en la demagogia mendaz y cortoplacista en relación con todo ello. Sabemos que hoy hay menos policías y guardias civiles que hace seis años en nuestra provincia. Debemos exigir que revierta esa tendencia sin perder de vista que las comarcas castellonenses presentan unas tasas de criminalidad razonablemente aceptables, entre las más bajas de toda la costa mediterránea española. Y que vivimos en una tierra, sí, con un alto nivel de seguridad pública. No juguemos con ello.
