Publicado en Levante de Castelló el 23 de julio de 2018
Hace apenas unas horas el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez se reunía en la ciudad de Castelló con el president Puig para avanzar en una agenda de trabajo conjunta en relación con la mejora de la financiación de la Comunitat. Una cuestión irrenunciable, esencial para que los valencianos y las valencianas podamos mantener y reforzar nuestro bienestar y dar cumplimiento a nuestros derechos de forma efectiva. Poco antes Sánchez visitaba el ayuntamiento de la capital de La Plana donde la alcaldesa Amparo Marco le trasladó la necesidad de reforzar el compromiso del Gobierno con el municipalismo, restituyendo la autonomía local secuestrada durante los gobiernos recentralizadores del rajoyismo.
Más y mejor financiación para nuestro autogobierno. Y más y mejor autonomía, con mayores recursos, para nuestros ayuntamientos. Esas son dos exigencias que los socialistas castellonenses no podemos acallar, esté quien esté en La Moncloa. Porque ese compromiso con los municipios y con los ayuntamientos ha de estar también entre el conjunto de políticas que permitan afrontar nuestro futuro, el de esta provincia, con opciones para ganarlo. Lo está haciendo la Generalitat y necesitamos que lo haga cuanto antes también el Gobierno.
Sabemos que no es fácil, a pesar de la convicción reiterada en ese sentido por el presidente y el PSOE. Pero es imprescindible. Mirad, las comarcas castellonenses configuran un territorio cubierto por multitud de pequeños municipios que, en su inmensa mayoría, no superan los 1000 habitantes. El Maestrat, Els Ports, L'Alcalaten o las tierras altas del Millars y del Palancia vienen sufriendo desde hace décadas un proceso de despoblación que desequilibra dramáticamente nuestro desarrollo territorial. Los municipios del interior de Castelló siguen perdiendo población y sus ayuntamientos afrontan cada vez mayores dificultades para atender las necesidades de la ciudadanía.
Por ello planteamos en el último debate sobre el estado de la provincia celebrado en la Diputación que es cuestión de supervivencia el cambio del escenario normativo creado a partir de 2012. Las leyes de estabilidad presupuestaria (abril de 2012), de racionalización y sostenibilidad de la administración local (diciembre de 2013) y de contratos del sector público (noviembre de 2017) han quebrado, como nunca antes se había hecho desde la restauración de la democracia, el principio constitucional de la autonomía de los ayuntamientos para gestionar los recursos municipales en beneficio de la ciudadanía.
Es cierto que estas leyes, y otras del mismo cariz neoliberal y centralizador, han provocado problemas graves a municipios de todo tamaño. Las ciudades de nuestro litoral, desde Castelló de la Plana a Vinaròs, Borriana o Vila-real, padecen también la sinrazón de esas normas. Pero son especialmente los de menor población los que la sufren con mayor rigor, viéndose en muchos casos abocados a la parálisis. Cada vez son más las exigencias burocráticas y menos el personal para atenderlas; cada vez es menor la deuda municipal y mayores los superávits presupuestarios que no pueden ser invertidos en mejorar la vida en esos pueblos; cada vez es más compleja la compra pública y menor la oportunidad de nuestras pequeñas empresas locales para poder concurrir a ella.
Nuestra provincia necesita que el nuevo Gobierno de España comience a desarticular el andamiaje normativo construido durante los años de mandato de Rajoy en detrimento de la autonomía local. Confiamos para ello en el equipo que lidera Pedro Sánchez. Ha de ser.
