Publicado en Mediterráneo el 26 de junio de 2010
La responsabilidad es uno de los conceptos esenciales de las sociedades democráticas. No hay democracia sin ciudadanos y ciudadanas responsables. Ni hay democracia, por supuesto, sin gobernantes responsables. Es precisamente la responsabilidad exigible a estos últimos la que legitima la exigida a aquellos. Un gobernante irresponsable difícilmente puede exigir responsabilidad a la ciudadanía.
Así, quien ocupando un cargo público incumple la legalidad a sabiendas pierde la autoridad que le han otorgado los ciudadanos, además de delinquir. ¿Puede, acaso, un defraudador fiscal exigir a los ciudadanos que cumplan con sus responsabilidades fiscales? Creo yo que está deslegitimado para ello. Está esto en las entrañas de la democracia; es un imperativo ético y político (y también estético) del que nadie puede sustraerse.
Es un axioma básico de todo sistema democrático. A estas alturas debería resultar ocioso insistir en ello. Pero, a menudo, parece que lo desconocen algunos gobernantes en nuestra tierra. Estamos demasiado acostumbrados aquí a la irresponsabilidad de quienes dicen gobernar nuestros intereses desde ciertas instituciones locales. Sienten una especie de alergia patológica a asumir la más mínima responsabilidad.
Vean, si no, cómo han justificado esta semana desde el gobierno municipal de Castellón la pérdida de la bandera azul de la playa del Gurugú. ¿Se imagina usted, querido lector, a quién han endosado la responsabilidad del asunto? Pues sí, ha acertado: a Zapatero y su gobierno. Es el Gobierno de España, según nuestros próceres locales, el responsable de que una entidad privada de ámbito mundial como la Fundación Europea de Educación Ambiental haya retirado la susodicha bandera.
Miren, esta fundación (http://www.fee-international.org/) ha otorgado este año más de 3.600 banderas azules en todo el mundo, de acuerdo con estrictos criterios de calidad de las playas galardonadas. De ellas, 606 en España, renovando nuestro liderazgo mundial en este ámbito; y de estas, 108 a la Comunidad Valenciana (casi una quinta parte) y 24 a nuestra provincia. Pues bien: el Ayuntamiento de Castellón no se pregunta en qué se ha podido equivocar para haber perdido esa bandera en el Gurugú a fin de corregir la situación y aspirar a recuperarla en 2011; no. Nuestros munícipes se sienten absolutamente irresponsables en este episodio y desvían la responsabilidad al Gobierno de España… el gobierno del país líder mundial en banderas azules. Dicen que esto ha ocurrido porque Zapatero y los socialistas se la tienen jurada a Castellón.
Y, mientras tanto, mientras justifican su incompetencia buscando chivos expiatorios aquí o allá, dejan de hacer lo que deben de hacer, aquello por lo que los ciudadanos y las ciudadanas de Castellón pagan sus sueldos mediante sus impuestos. En fin, más allá de este hecho puntual, es una cantinela tan habitual por estas tierras que alguien debiera decir ¡ya está bien!
Tengo el convencimiento de que así no vamos a ninguna parte. Si cada administración, si cada cargo público no asume la responsabilidad de las competencias que legalmente le corresponden acabaremos perdidos en el lodazal de la incompetencia. Porque, al final, el recurso gratuito y masivo al victimismo acaba por dibujar ante los demás una imagen grotesca de lo que somos. Y, lo que es peor, nos paraliza, nos impide tomar decisiones para mejorarnos, para seguir diferenciándonos en positivo, para seguir proyectando una imagen de futuro competitivo para nuestra tierra.
Hoy, como nunca, la responsabilidad es el valor máximo del servicio público. Sí, también para ser audaces, también para reinventarnos, también para salir reforzados del atolladero de la crisis.
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