Empleo público y Estado inteligente

El Gobierno ha aprobado hoy la mayor oferta de empleo público de la historia, cerca de 30.500 plazas. Entre 2020 y 2021 la Administración General del Estado habrá ofertado casi 60.000 empleos, a los que hay que sumar varios miles más promovidos por las administraciones autonómicas. Es una buena noticia si indica el camino a seguir en años próximos que, necesariamente, ha de apuntar al reforzamiento del empleo público. No hay que olvidar los déficits acumulados a raíz de la crisis de 2008, tanto por la disminución masiva de convocatorias como por la no reposición de las plazas vacantes generadas por la jubilación de las cohortes de personal incorporadas a las administraciones españolas tras la restauración democrática. El empleo público debe tener un único fin: la materialización y mejora de los servicios que el Estado presta a la sociedad. Las políticas públicas esenciales, las que garantizan la seguridad pública y la gestión de emergencias, las políticas de igualación social (educación, sanidad, dependencia, rescate, pensiones), las que preservan los derechos políticos, sociales y civiles (justicia) y las que promueven un nuevo modelo de desarrollo sostenible (economía, transición energética, empleo, investigación) precisan de personas que piensen en personas, que las cuiden, que las atiendan, que las protejan, que las formen. Eso es imprescindible. Pero también lo es la dotación de plazas que provean al Estado, a lo público, a sus instituciones administrativas y políticas del conocimiento necesario para prever escenarios, identificar riesgos colectivos y diseñar estrategias para afrontar el tiempo de cambio civilizatorio que vivimos preservando la cohesión social. El Estado, todo, sus distintas administraciones, necesita hoy como nunca inteligencia corporativa, gestión colaborativa y medios suficientes para liderar el cambio con audacia. Porque cuando lo público, lo que es y representa a todas y todos queda al margen de las grandes transformaciones sociales y tecnológicas y deja el cambio en manos de las grandes corporaciones pierde la mayoría social.