Intervención en el Pleno municipal de Castelló el 7 de noviembre de 2016 con motivo del debate sobre la reforma de las ordenanzas fiscales.
A finales del año pasado les propusimos en sesión plenaria la creación de un grupo de trabajo integrado por todas las fuerzas políticas de la corporación que debía tener por objeto la modificación de las ordenanzas fiscales municipales. Meses despuės, en abril, ese grupo quedó constituido e inició sus trabajos. Semanas más tarde trasladamos las propuestas de cada formación política a los servicios técnicos de la Administración Tributaria Local para que fueran informadas en orden a su viabilidad legal. Tras la respuesta nos pusimos a trabajar. A principios de septiembre PSPV, Compromís y Castelló en Moviment presentamos un acuerdo al resto de grupos que, sustancialmente, recogía los cambios normativos que hoy presentamos al pleno para su aprobación. Por primera vez en esta casa la modificación de las ordenanzas fiscales es fruto del trabajo conjunto de varios grupos políticos. Animamos, por ello, porque creemos que resulta un procedimiento enriquecedor y una práctica política saludable, a que se sumen a participar con mayor determinación en los trabajos que deben continuar en los próximos meses con la revisión de otras ordenanzas.
Permítanme pues que comience esta intervención agradeciendo ese esfuerzo negociador. También, y muy especialmente, a los empleados y empleadas de la Administración Tributaria Local, por su dedicación, sus aportaciones, sus consejos técnicos imprescindibles para dar forma legal a nuestras pretensiones políticas. Reconocimiento que hacemos extensivo a los miembros dal Tribunal Económico Administrativo Municipal, que al poco de tomar posesión de sus cargos abordaron una revisión crítica de los proyectos de ordenanzas que contribuyó a mejorarlas técnicamente.
Esta reforma es un primer paso en la conformación de un marco normativo fiscal en este ayuntamiento que garantice dos ejes nucleares para nosotros: la suficiencia financiera que posibilite el impulso de las políticas de progreso previstas en el Pacte del Grau; y la justicia en la distribución de las cargas fiscales entre la ciudadanía. Creemos, francamente, que es un buen paso en la dirección correcta. Y eso a pesar de las incertidumbres que se plantean por la falta de presupuestos del Estado, la desviación del déficit de la administración gestionada por el Gobierno de España y la indefinición sobre el escenario normativo en lo que refiere al destino de eventuales remanentes de tesorería futuros o al propio impuesto sobre los bienes inmuebles.
En cualquier caso, había que tomar decisiones y las hemos tomado. Y las presentamos al pleno para su aprobación provisional previa a la exposición pública y a la aprobación definitiva a finales de año. Sometemos a valoración la modificación de las ordenanzas reguladoras del impuesto sobre los bienes inmuebles (IBI), del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Y la modificación de la ordenanza de la tasa por prestación de servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos, la tasa sobre las basuras.
Y les ofrecemos dos compromisos de cumplimiento inmediato. Uno, la petición al Ministerio de Hacienda el próximo mes de enero de una nueva ponencia catastral que adecue la valoración de los inmuebles de la ciudad a la realidad nacida con la crisis. No queremos que los vecinos y las vecinas de Castelló sigan pagando impuestos por esos bienes en virtud de un valor fijado antes del colapso del mercado inmobiliario.
Dos, en los próximos meses trasladaremos al grupo de trabajo sobre reforma de las ordenanzas fiscales la propuesta de un plan bienal de control tributario que determinará la creación del Consejo municipal de Inspección, instrumento imprescindible para garantizar el cumplimiento de nuestras normas tributarias al objeto de que nadie contribuya ni más ni menos de lo que le corresponde.
En relación con el impuesto sobre bienes inmuebles, la principal fuente de financiación de este ayuntamiento, vamos a rebajar en torno a 2M€ la carga fiscal sobre la ciudadanía prevista de continuar con los actuales coeficientes. Rebaja orientada a favorecer, especialmente, a los contribuyentes con menos recursos.
Reduciremos el tipo de gravamen general del IBI urbano en un 5 por ciento, pasando del 0,78% al 0,74%, el más bajo de los tipos aplicados por este ayuntamiento desde 2007. De esta forma compensaremos la mayor parte de la subida prevista para el próximo ejercicio, al que todavía alcanzará la laminación del incremento iniciado en 2012 de resultas de la revisión catastral promovida por el gobierno del alcalde Fabra.
Disminuiremos en un 25 por ciento el tipo de gravamen sobre los inmuebles rústicos, situándolo en el 0,80%. Más de 310.000 euros dejará de ingresar el ayuntamiento por este motivo, en una apuesta clara por incentivar la reconstrucción del cinturón agrícola que los años de la especulación salvaje arruinaron.
Como hemos visto, reduciremos significativamente el tipo general y muy notablemente el que afecta a inmuebles rústicos, de tal modo que la inmensa mayoría de los contribuyentes se vean beneficiados en el nuevo marco fiscal. En relación con los inmuebles con usos no residenciales, el 95 por ciento de los mismos contribuirá con el tipo general rebajado. El 5 por ciento restante, los que tienen mayor valor catastral serán gravados con un tipo del 0,85. De este modo, por primera vez en este ayuntamiento y en línea con lo que se hace en muchas otras ciudades, segregaremos los inmuebles no residenciales.
Se aplicará una subida del 5,4 por ciento a las unidades fiscales del Puerto. Este incremento afectará a 250 inmuebles, que pasarán de un tipo del 0,85 a otro del 0,90, lo que supondrá la recaudación de unos 50.000 euros más respecto a este año.
Una preocupación central del gobierno al afrontar esta reforma era reforzar los elementos de progresividad fiscal del sistema tributario local, a sabiendas del reducido margen que permite la legislación. Con ese objetivo hemos redefinido las bonificaciones para familias numerosas. Estas se calcularán teniendo en cuenta tanto el valor catastral del inmueble como los ingresos familiares, favoreciendo en mayor medida la bonificación a las rentas más bajas. Y se han creado nuevos tramos. La máxima bonificación del 90 por 100 correspondería a un inmueble con un valor catastral de hasta 75.000 euros cuyos propietarios tuvieran unos ingresos por debajo del 50 por 100 del IPREM por cada miembro de la unidad familiar.
Hemos incorporado, así mismo, la bonificación del 30 por 100 de la cuota íntegra del impuesto a aquellos inmuebles que sean destinados a actividades de carácter cultural o social. Así se beneficiarán, por ejemplo, galerías de arte, librerías, salas de teatro, cine o conciertos. Y aquellos inmuebles que sean objeto de alquiler social a personas con riesgo de exclusión o en proceso de inclusión.
También trasladamos a la ordenanza la determinación de la mayoría plenaria por impulsar el uso de energías renovables. Se bonificará con un 25 por ciento a los inmuebles con uso predominantemente residencial en los cinco años siguientes a la instalación de sistemas para el aprovechamiento eléctrico de la energía solar. Y lo volvemos a proponer con un planteamiento progresivo de forma que se beneficien en mayor medida las edificaciones con menor valor catastral.
Con esa misma voluntad de trasladar a nuestras ordenanzas fiscales el compromiso del gobierno con las políticas de igualación social hemos abordado la reforma de la tasa de basuras. El incremento sostenido de los costes del transporte y tratamiento de residuos que la errática política de la Generalitat en este ámbito ha provocado durante tantos años exigen una actualización del tributo que ha de atender a ese principio de equidad en el reparto de cargas. Por ello congelaremos la tasa durante 2017 al 40 por ciento de las viviendas con menor valor catastral, dejándola en 92,1€; la incrementaremos en 4,6€ al 20 por ciento siguiente; y al 40 por ciento de las viviendas con mayor valor se les aplicará una subida de 9,2€. El incremento medio a todas las unidades fiscales de uso no residencial será del cinco por ciento.
Introducimos, además, una cuota social reducida a una quinta parte de la tasa (entre 18 y 20€) para familias con ingresos anuales por debajo del IPREM.
Ya para ir terminando, alcaldesa, en relación con el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana se ha deflactado el tipo aplicable para compensar la desaparición de la bonificación del 40 por 100 vigente desde la entrada en vigor de la actual ponencia catastral en 2012. Y en cuanto al ICIO, hemos actualizado los módulos para alinearlos con la última revisión de la base de datos de la construcción del Institut Valencià de l'Edificació, lo que supondrá rebajar la inmensa mayoría de ellos.
Esta es, en síntesis, la propuesta que hacemos al pleno para su aprobación. Nuestra apuesta para abrir nuevos caminos por los que transitar la fiscalidad municipal en esta ciudad. Creemos que merece su consideración por el conjunto de la corporación y su respaldo mayoritario. En ello confiamos.
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