El blog de Toni Lorenzo.
Algunas consideraciones sobre el mundo en que vivimos: cómo analizarlo, cómo representarlo, cómo vivirlo y cómo transformarlo.
Hace tres años, cuando llegamos al gobierno de #Castelló, nos comprometimos a restablecer la dignidad de la memoria de quienes sufrieron la violencia del fanatismo en nuestra ciudad. El recuerdo de vidas sufridas, dolientes, atemorizadas por el terror franquista. El pasado viernes abrimos a la ciudadanía uno de los refugios de la guerra del 36, convertido en espacio para la recuperación de la memoria democrática y de la lucha popular contra el fascismo.
Sí, esta es una de esas razones que justifican muchas horas de trabajo para recobrar el sentido público de la decencia en Castelló. Gracias a los colectivos que han mantenido durante décadas esa pasión por la dignidad. No olvidar para alentar el compromiso cívico con la democracia, una máxima que la ciudadanía debe exigir de los poderes públicos.
El refugio de la Plaza de Tetuán supone un testimonio que muestra la crueldad de las guerras y sus consecuencias para la población civil. Un testimonio abierto a la ciudadanía, a la reflexión y al deber ético de cualquier sociedad de no olvidar su pasado. También el más trágico. De intentar reparar, en la medida de lo posible, el daño infligido a las víctimas. De honrar su memoria.
Este nuevo espacio de memoria colectiva contribuirá a conocer una parte de nuestra historia. Ayudará a consolidar la cultura de la paz, a luchar contra el olvido y recordar a miles de hombres y mujeres que pagaron duramente la defensa de la libertad y la justicia. El Ayuntamiento de la ciudad estuvo entonces junto a ellos y ellas, liderando la defensa civil en cada uno de los refugios públicos que recorrían nuestra ciudad para mantener con vida la democracia republicana. Y está ahora, preservando su memoria. Mantener la memoria de las víctimas, dignificarlas, ofrecerles el homenaje que se merecen y recuperar sus historias, sus biografías y las infamias que padecieron. Ni más ni menos.
Intervención en el pleno de la Diputació de Castelló el 14 de junio de 2018 con motivo del debate sobre el estado de la provincia.
Buenos días señor presidente, compañeras y compañeros de corporación, ciudadanos y ciudadanas...
Durante años el Grupo Provincial Socialista reclamó en esta sala de plenos la celebración de este debate. Creíamos necesario que la presidencia de esta institución rindiera cuentas ante la ciudadanía periódicamente, especialmente en un tiempo en que no era costumbre hacerlo. Y lo hicimos, en todo momento, poniéndolo en relación con la convocatoria de un foro de alcaldes y alcaldesas que permitiera confrontar, debatir y acordar propuestas y políticas entre los representantes de nuestros municipios y la corporación provincial. Debate y foro conformaban un núcleo argumental indisociable.
Lo hacíamos así porque estamos convencidos de que la legitimidad de esta institución es una legitimidad derivada. Somos diputados, todas y todos, nosotros en la oposición y ustedes en el grupo de gobierno, porque somos concejalas y concejales en nuestros respectivos municipios. Para ello concurrimos a las elecciones y para eso nos votaron nuestros conciudadanos. Y de ahí deriva la legitimidad de cada una y cada uno de nosotros y de esta institución y sus órganos de gobierno. Esa convicción es la que define nuestro modelo de diputación. Ya sabemos cuánto les gusta a ustedes hablar de "presidente provincial", de "gobierno de la provincia" o de "parlamento provincial". Y de su secular pretensión de situar la diputación por encima de los ayuntamientos. En eso, lo saben bien, no nos van a encontrar; para los socialistas de Castelló esta institución tiene sentido si se piensa en ella como un espacio de concertación de políticas, codecisión de medidas y colaboración administrativa entre los 135 municipios que dan vida a nuestro territorio.
Miren, la diputación no es el actor provincial; es uno más de los actores políticos, administrativos, institucionales o económicos que intervienen en la evolución de la sociedad castellonense. Por todo ello proponemos que este debate vaya dejando paso a la cumbre de alcaldesas y alcaldes, convocada anualmente en las semanas anteriores al comienzo de la elaboración de los presupuestos de las distintas administraciones. Y que sirva, realmente, como foro de debate sobre la situación de nuestras comarcas.
Dicho lo anterior, permítame señor presidente reconocer el cambio significativo en las formas y en el ejercicio de la acción política e institucional de esta casa durante su presidencia. Es incuestionable, señor Moliner. Y no dudamos de su contribución personal a esta evolución. Otras formas de entender las relaciones políticas y el papel de la diputación. Otras actitudes que se hicieron más evidentes a medida que fue deshaciéndose de los restos del fabrismo más rancio, unas veces por voluntad propia y otras por prescripción judicial. Sabemos, señor Moliner, que entre usted y el señor Barrachina, por ejemplo, hay diferencias notables. Aunque fuera sólo en el ámbito de los gestos.
Quizás sea el Plan 135 el fruto más convincente de ese cambio de actitud, que sinceramente esperamos perdure en el tiempo. Empezamos este mandato, en 2015, reclamando más transparencia, menos arbitrariedad, más eficiencia y menos partidismo. Así se lo exigió el alcalde de Vila-real y anterior portavoz socialista en esta Diputación, José Benlloch, en el último debate de este tipo celebrado en 2016. Y en reiteradas ocasiones. Hoy constatamos que hemos avanzado en el sentido adecuado, dejando menos espacios al sectarismo, simplificando el laberinto de subvenciones que tanto estrés generaba a nuestros ayuntamientos, fijando criterios que faciliten la libre concurrencia... Por eso avalamos con nuestro voto el Plan 135. Aunque para nada signifique esto un cheque en blanco a sus políticas, señor Moliner. Hemos presentado en estos casi tres años 87 mociones y enmiendas en el Pleno.
Creemos que no han hecho muchas cosas como debieran haberlas hecho. Una de las más grave ha sido su renuncia a trasladar al gobierno del M. Rajoy la urgencia de muchos de nuestros problemas. Renuncia desde la Diputación y renuncia desde su partido, del que hay que recordar que usted fue presidente provincial entre 2011 y 2017. Simplemente, no han sido interlocutores válidos para otras administraciones , ni siquiera para aquella que han gobernado hasta hace unos días. Para nosotros, tal vez una de sus mayores irresposabilidades ha sido permitirle al gobierno popularista de España la desactivación de la ley para el desarrollo sostenible del medio rural (45/2007, de 13.12.1997).
Porque es esa una ley vital para nuestro territorio que ustedes se encargaron de desdibujar desde el primer momento. Miren, el Instituto Nacional de Estadística advierte en sus últimos estudios que nuestra provincia será en las próximas décadas la que pierda más porcentaje de población de entre todas las que conforman el arco mediterráneo español, con una diferencia significativa. Estamos hablando de que seremos la única provincia mediterránea con pérdidas similares, en cifras relativas, a Huesca, Albacete o Pontevedra, por citar sólo algunos ejemplos.
Lo saben, lo sabemos todos: la mayor parte de nuestro territorio está en grave riesgo de despoblación. Ese es, o debería ser, el argumento esencial de las políticas puestas en marcha desde aquí. La acción permanente contra la despoblación. Ahí nos lo jugamos todo, señor Moliner. La ciudadanía ha de saber que desde 2011 los municipios de las comarcas del interior han perdido casi 15.000 habitantes, más del 13 por ciento de la población. Muy por encima del retroceso demográfico provocado por la crisis en el conjunto de la provincia. En estos últimos siete años los municipios con menos de 1.000 habitantes han pasado de 80 a 89 y los que tienen menos de 100 lo han hecho de 13 a 17.
Una mirada rápida a las estadísticas demográficas de los últimos 30 años nos advierte que Suera ha perdido un ocho por ciento de su población, Morella un 13 por ciento, Ludiente ha perdido un 32 por ciento, Culla un 40 por ciento...
No cuestionamos su sinceridad cuando dicen coincidir con nosotros al ver en la despoblación el principal reto que tiene planteado Castelló. Pero siguen teniendo una visión parcial, sectorial y desagregada de las políticas para afrontarla. Llaman Repoblem a un cajón de sastre en el que meten cualquier programa, proyecto, subvención o convenio que pueda llegar a un pueblo del interior de la provincia. No creemos en ese cajón de sastre, señor Moliner; no queremos el mucho ruido y las pocas nueces de su Repoblem
Para este grupo la lucha contra la despoblación exige de la planificación de políticas transversales con programas específicos para abordar cada una de las caras que proyecta cuestión tan compleja. Una lucha que convoca a todas las administraciones a cooperar con lealtad y convicción colaborativa. Trabajar con los ayuntamientos a través del foro de municipios de interior puesto en marcha por la FVMP. Y con la Generalitat, participando activamente en la Agència Valenciana Antidespoblament - AVANT.
Planificar y colaborar. Imprescindible para nosotros. Por eso venimos insistiendo, una y otra vez, en un plan provincial de carreteras, en un plan para el aprovechamiento de la biomasa, en un plan para la gestión de purines, en un plan para la teleasistencia, en un plan de implantación y mejora de la fibra óptica...
Decía más arriba que no supieron explicar a los suyos en el Gobierno de España que muchas de sus decisiones atentaban plenamente contra los intereses de la mayor parte de nuestro territorio. Y si lo hicieron es evidente que no fueron atendidos. Sólo con tres leyes, la de estabilidad presupuestaria (2/2012, de 27 de abril), la de racionalización y sostenibilidad de la administración local (27/2013, de 27 de diciembre) y la de contratos del sector público (9/2017, de 8 de noviembre), han provocado tal colapso en los ayuntamientos de los pequeños municipios que en muchos casos aguantan milagrosamente. Y eso ha ocurrido sin que la Diputación haya reforzado los servicios de OFISAM en el territorio o del resto de servicios de asistencia técnica. Aún recuerdo, señor Moliner, a su vicepresidente Barrachina en la sesión inaugural de este mandato diciendo aquello de que habían cerrado el círculo de virtud haciendo más y mejor con menos recursos. A usted también se lo he escuchado. Digan la verdad, señor presidente. Dispusieron de los recursos que sus jefes les impusieron y con esos recursos difícilmente han podido atender las necesidades de los ayuntamientos que necesitaban de su ayuda. Y no lo digo yo, que pudiera parecer parte interesada. Lo ha dicho hace unas semanas el tesorero de esta casa en su Informe a la cuenta de Recaudación: "el servicio de Recaudación, a pesar de los buenos resultados obtenidos, se encuentra con una clara necesidad de personal tanto técnico como auxiliar administrativo".
Dé gracias a los magníficos profesionales que trabajan aquí, señor presidente. Sin ellos, tenga la certeza, muchos de los servicios que presta la Diputación a los ayuntamientos serían inviables. No han podido evitar, sin embargo, la enquistación de un buen número de asuntos problemáticos que vienen de lejos y que simbolizan la continuidad de viejos vicios que anidaron entre estas paredes durante décadas. Aquellos fantasmas del pasado que uno cree confinados en el cuarto oscuro y que de tanto en tanto vuelven a asomarse. Vea, si no, el tema de los purines, o el de la gestión de las plagas, o el de la piscina provincial.
Mire hasta qué punto el despropósito de la piscina es un elemento de continuidad que han presupuestado para la campaña de comunicación de su reapertura casi 60.000 euros. ¿Sabe cuánto es esto, señor Moliner? Pues mire, el equivalente al presupuesto de ocho unidades Respira o de cinco becas de un año para graduados.
Y es que, señor presidente, les pierde su obsesión por copar los medios de comunicación. Les pirra esa sensación de poder, tenerla y transmitirla. Más de 6,5 M€ se habrán gastado en publicidad y propaganda cuando termine este año en el bienio 2017-2018. Mucho, señor Moliner. Mucho dinero, tanto como diez planes de empleo similares al previsto por la Diputación para 2018; o siete años de unidades Respira para los 124 municipios con menos de 10.000.
Uno debería pensar que nadie puede quedar al margen de las mil y una campañas que ustedes encargan. Y que entre bombo y bombo algún hueco habrá para explicar a la ciudadanía qué hacemos, qué servicios prestamos, qué subvenciones tramitamos... Y va y resulta que la encuesta provincial que ustedes encargaron hace unos meses nos dice que el 70 por ciento de los encuestados estaban poco o nada informados de lo que hace esta institución. ¡El 70 por ciento, señor presidente, 7 de cada 10! ¿Cuál es la finalidad de ese gasto? ¿Informar a la ciudadanía o satisfacer la demanda de las empresas del sector? ¿Se trata de informar sobre lo que se hace o de influir en cómo se informa?
Señor presidente, acabo ya. Castellón está hoy mejor que en 2016 y mucho mejor que en 2014, cuando se celebrara el primer debate sobre el estado de la provincia. Está mejor porque la evolución de la economía global ha dejado atrás la más grave crisis desde la segunda guerra mundial. Y está mejor, también, porque la concurrencia de las políticas impulsadas por los ayuntamientos del cambio (que hoy gobiernan sobre el 80 por ciento de la población provincial) y el Consell del Botànic han abierto nuevos espacios para la dignidad, la decencia y el futuro en nuestra tierra. Contribuyan decididamente, contribuyamos desde esta Diputación a propiciar un clima de colaboración institucional sincero con la Generalitat y los ayuntamientos. Hágalo y no caiga en la trampa de quienes en su partido están cargando los mosquetones con V de venganza.
Intervención en el Pleno municipal de Castelló el 23 de mayo de 2018 con motivo del debate sobre la la Banda Municipal de música..
Nos convoca hoy aquí un inmenso ejercicio de hipocresía política. La hipocresía de aquellos que a sabiendas hablan de lo que no es. De aquellos que, habiendo tenido responsabilidades de gobierno durante 24 años, decidieron desde el momento primero de este mandato arruinar todo cuanto significa algo, representa algo o identifica en algo a Castelló.
Hipocresía, sí, aderezada de oportunismo. Del oportunismo de quienes, faltos de ideas sobre nuestra ciudad, pretenden hacernos creer que vienen a dignificar la vida pública cuando en realidad están aquí para hacer lo que siempre ha hecho la derecha, teñida de azul o pintada de naranja: perpetuar los privilegios de algunos sobre el interés general.
A unos, hipócritas, y a otros, oportunistas, les une aquí la búsqueda de réditos partidarios. No es la Banda Municipal, ni su dirección, ni este o aquel proceso selectivo. No, lo que les une es minar la credibilidad del gobierno del Pacte del Grau. A costa de lo que sea... les da igual, absolutamente igual. Para ustedes todo es puro atrezzo, la utilería necesaria para vestir su gran farsa.
Me avergüenza créanme estar hoy aquí hablando de lo que estamos hablando. Me avergüenza y me escandaliza, señor Pérez, señor Vidal, como ciudadano, como político y como castellonense. Ustedes han venido a decir aquí hoy que nuestro criterio para la selección del director de la banda de música municipal es un procedimiento tramposo, una farsa para hurtar esa posibilidad al actual director y abrírsela a otro o a otra que atienda a nuestros intereses. Eso es esencialmente lo que ustedes nos están diciendo.
Usted, señor Pérez, ha hecho de esto una cuestión personal para defender sabrá usted qué intereses y, al tiempo, minar al gobierno municipal. Una cuestión suya y, desde el momento en que solicitaron la convocatoria de este pleno extraordinario, una cuestión también de la señora Carrasco. Carrasco y Pérez, cada vez lo entiendo mejor señor Moliner. Ya ve, está en el signo de estos tiempos del low-cost. Y señor Vidal, usted sabrá disculpar que no entre en detalles, pero lo suyo es mero seguidismo.
Miren, a comienzos de 2012, el 6 de febrero, el maestro Francisco Signes se jubiló tras casi 30 años en la dirección de nuestra Banda. Ese mismo día un decreto del concejal delegado de Recursos Humanos, señor Pérez Macián, nombraba director a José Vicente Ramón Segarra, hasta entonces subdirector de la Banda. El nombramiento se hacía mediante comisión de servicios en esa plaza, correspondiente al grupo A1.
Habrían de pasar más de tres años hasta que el 24 de febrero de 2015 la sección de Recursos Humanos remitiera a la junta de personal las bases específicas rectoras para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, por promoción interna de la plaza de director de la Banda. Tres años, señor Pérez, y muchos más desde que se creara la expectativa de la sucesión.
El 21 de mayo de 2015, en la misma semana en que se iban a celebrar las últimas elecciones municipales, un nuevo decreto del señor Pérez daba por aprobadas las bases, que se publicarían en el Boletín Oficial de la Provincia el 2 de junio. Se publicaron las bases, no la convocatoria. Y en ellas se establecía que podían presentarse funcionarios o funcionarias de carrera de este ayuntamiento, provenientes del grupo A2, músicos de la banda en posesión del título Superior de Música o equivalente, en la especialidad de Dirección de Orquesta. Sea por lo que fuera, no voy a entrar en valoraciones, ese mismo día el propio José Vicente Ramón declaró al diario Mediterráneo que las bases eran un mero "formulismo" para que su dirección al frente de la banda fuera definitiva. "Vía libre para 'blindar' a José Vicente Ramón", titulaba el periódico en su edición del 3 de junio, sin que nadie considerara oportuno desmentir esa información.
Ustedes, señor Pérez, señora Carrasco, señores Moliner y Sales, formaban parte de aquel gobierno. Y decidieron, con plena legitimidad, cubrir la plaza de director mediante un proceso restringido que limitaba el acceso a personas muy concretas de la plantilla municipal. Lo hicieron, debo creer, porque imaginaban ustedes que esa era la mejor manera de defender los intereses de la banda y de Castelló. La misma legitimidad que asistió a este gobierno desde junio de 2015 a buscar una alternativa abierta a la concurrencia, que no vetara a nadie y que diera oportunidad a todos aquellos que desearan sellar su compromiso con la música y con nuestra ciudad desde la dirección de la Banda Municipal.
Por ello paralizamos el proceso selectivo que apenas habían puesto en marcha ustedes un par de semanas antes de dejar la alcaldía. Y comenzamos a analizar desde las concejalías de Cultura y Gestión Municipal la situación que vivía la Banda, a valorar la conflictividad derivada de tiempo atrás y la que comenzaba a manifestarse con sorprendente virulencia, a estudiar reivindicaciones laborales,... Debatimos, también, sobre cuál era el mejor de los procedimientos para dar acceso a la dirección con las máximas garantías artísticas y profesionales.
A principios de 2017 comunicamos al director, que continuaba en comisión de servicios cinco años después de su nombramiento, que íbamos a emprender el camino administrativo para la preparación de unas nuevas bases para la provisión de la plaza mediante oposición libre, el más habitual entre los sistemas de acceso a la función pública. Un concurso-oposición, más bien, que permitiera valorar y sumar méritos y experiencia a las puntuaciones obtenidas en los distintos exámenes.
En su despacho del Palau de la Festa, sentados la concejala Ruiz y yo mismo a la mesa del señor Ramón, le transmitimos esa circunstancia, aun sin conocer en qué términos concretos se redactarían tales bases, ni qué temario llevarían, ni cómo se iba a valorar el currículo de cada aspirante. Allí nos dijo, frente a nuestra insistencia en sentido contrario, que no se iba a presentar a la oposición porque entendía que ya había acreditado suficientemente su capacidad para ocupar el puesto y que no tenía por qué someterse a la evaluación de nadie. No podía saber entonces, como no sabíamos nosotros, aquellos aspectos de la convocatoria que, según dijo este funcionario en rueda de prensa, le llevaron a no presentarse. Ya nos advirtió entonces que haría todo lo que estuviera en su mano para que estas oposiciones no se celebraran. Volvió a hacerlo, unas semanas después, en la cuarta planta del Palacio Municipal.
Continuamos trabajando, en las bases, por un lado, y en garantizar un clima de convivencia y bienestar laboral razonable en el seno de la banda, por otro. Como ya habían hecho ustedes entre 2012 y 2015 promovimos varios expedientes disciplinarios ante situaciones que consideramos inaceptables. Impulsamos también, en varias ocasiones, el protocolo ante situaciones de acoso en el seno del comité de Seguridad y Salud. Con los técnicos de prevención de riesgos laborales y de recursos humanos, y siguiendo las recomendaciones del comité, diseñamos una estrategia que basa su actuación en la redacción de un reglamento interno, el estudio y la mejora del clima laboral y la prestación de apoyo psicológico personalizado para determinados casos.
En abril de 2017 llevamos a la mesa general de negociación las bases específicas para cubrir en propiedad y mediante concurso-oposición libre la plaza en cuestión. Un paso obligado pero no vinculante que manifestó el rechazo sindical y de la oposición política a la propuesta. No obstante, convencidos como estábamos de que la mejor de las opciones para los intereses de la banda y de la ciudad era el concurso-oposición por turno libre seguimos el procedimiento que culminó con la aprobación definitiva de las bases por la Junta de Gobierno Local el 20 de octubre de 2017. El 15 de febrero de este año se publicaron las bases en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y un mes más tarde la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
A partir de ahí comienza un cúmulo de despropósitos ya conocidos por cualquier ciudadana o ciudadano medianamente informado. La rueda de prensa del director acusándonos de acoso y prevaricación; la campaña de acompañamiento de la derecha; los sucesos gravísimos del 30 de abril en el Auditori... Créanme, despropósitos públicos que ilustran muchos otros que han germinado en el silencio de la oscuridad.
Estos son los hechos y no otros, por más que se empeñen. Saben que es así, lo saben tan bien como nosotros. Lo que ocurre es que les interesaba construir un relato plagado de mentiras y medias verdades. Un relato que alimentara sus argumentos contra este gobierno.
A usted, señor Pérez, me consta, personas honorabilísimas de esta ciudad le han advertido sobre el enorme error que está cometiendo. Sobre el coste humano, profesional y reputacional que para la banda de música de Castelló está teniendo este absurdo. Se lo han dicho hoy y se lo dijeron ayer, hace años, a usted y a otros miembros del gobierno del que usted formó parte. Sabían ustedes, señor Pérez, señora Carrasco, que no estaban haciendo lo mejor para la ciudad y para una institución tan venerada por la ciudadanía. Ustedes, señora Carrasco, señor Pérez, han hecho oídos sordos a consejos de unos y de otros. ¿Por qué, hoy como ayer?
Ustedes no venían hoy aquí a escuchar la verdad. Ni siquiera a contar su verdad. No. Ustedes han querido hacer este pleno para agriar la vida municipal, para dibujar una realidad falsa, para desgastar a este gobierno de progreso al que ustedes, tres años después, siguen negando legitimidad democrática. Hoy es la Banda como ayer fue la Policía Local o el Patronato de Fiestas. Es tan grande su obcecación que, a pesar de que sus propuestas de resolución han sido informadas negativamente por los servicios técnicos de esta casa en el sentido de su inviabilidad, persisten en ellas.
Dejó escrito Guillermo Cabrera Infante que “la política es una de las formas de amnesia”. Yo no lo creo en su literalidad. Pero gente como ustedes, señora Carrasco, señor Pérez, también usted señor Vidal pretenden a diario que la amnesia selectiva borre episodios lamentables como los que nos han hecho vivir a costa de la Banda Municipal. No lo conseguirán. La banda, la nuestra y la suya, la de todas y todos, seguirá sonando, emocionándonos, haciendo más bella la vida en este rincón del Mediterráneo. Y en el fondo, tenue pero persistentemente, pervivirá la memoria de lo que algunos pretendieron hacer con ella.
Hace 10 años Esteban González Pons, el profeta popularista de la política sandía (“verde por fuera y roja por dentro como el corazón”), proclamaba a los cuatro vientos que las desaladoras eran las "centrales nucleares del mar”. A alguno se le oyó decir que el agua de mar desalinizada provocaba “atrofia testicular”. Estábamos entonces en el año primero antes de Gürtel y el PP de Camps (“Paco, siempre estaré detrás de ti, o delante, o a un lado”) no perdía ocasión para incendiar el debate social sobre el agua en el País Valenciano. “Si el PP gana no habrá desaladoras”, repetían una y otra vez el mantra de guerra contra Rodríguez Zapatero y todo aquel que sobreviviera fuera del ecosistema gaviota.
Y todo ello porque el gobierno socialista había decidido en 2004 impulsar una nueva política del agua que contemplaba, entre otras medidas, la construcción de desalinizadoras en la costa mediterránea, dos de ellas en el litoral castellonense, frente a los trasvases entre cuencas comprometidos por Jaume Matas en sus tiempos de ministro con Aznar. No era una oposición, la del campsismo, argumentada científicamente, ni alineada con la estrategia hídrica elaborada por la Agencia Europea del Medio Ambiente. O trasvases o nada, decían, mientras colgaban en los balcones de ayuntamientos, diputaciones y Generalitat pancartas con aquello de Agua para todos.
El caso es que cuando el PSOE llegó al Gobierno en abril de 2004 funcionaban ya en España más de 700 desaladoras que suministraban agua de boca a más de dos millones de ciudadanas y ciudadanos. Algunas de ellas puestas en servicio durante el aznarato. Pero como en tantos otros ámbitos, el mero hecho de que las nuevas instalaciones fueran propuestas, diseñadas y construidas por una administración socialista era suficiente argumento para que la derecha se opusiera de raíz a ellas.
Hoy, seis o siete años después de culminada la construcción de las desaladoras de Cabanes-Oropesa y Moncofa-Xilxes en nuestra provincia, el gobierno de Rajoy ha hecho muy poca cosa para ponerlas en marcha, por no decir nada. Los más de 30 hectómetros cúbicos que se incorporarían anualmente a nuestro sistema hídrico, procedentes de las dos instalaciones, para regar nuestros campos siguen en el mar. Y corremos el riesgo de que el año que viene el Estado tenga que devolver las cuantiosas subvenciones dadas en su momento por la Comisión Europea para el programa Agua por la falta de compromiso del actual Gobierno de España con esas políticas y con las desaladoras construidas a su amparo en tiempos de Zapatero. Europa ya lo ha advertido: o funcionan las desaladoras de Castelló o se devuelven los 50 millones de euros que Bruselas nos transfirió para hacerlas. Claro, clarísimo. Tan claro como que cíclicamente la sequía vuelve a llamar a nuestra puerta.
Dicen que resulta muy cara su explotación. Y que la repercusión del coste sobre el consumidor es inasumible. Y lo es también, y muy onerosamente, para los ayuntamientos que firmaron con Acuamed unas condiciones de acuerdo con una previsión de crecimiento urbanístico que la crisis hizo añicos. Haga, pues, el Gobierno lo que deba. Busque las fórmulas más adecuadas para que ese recurso esencial para el desarrollo de nuestras comarcas entre en servicio ya. No es de recibo que este gobierno rescatador de grandes bancos y constructoras no encuentre recursos para el agua que necesitamos.
No voy a ser yo quien diga hoy que «Castellón va a seguir sufriendo el ataque de los delincuentes y el menosprecio del Estado a su futuro y a su seguridad», como dijera en algún momento de finales de 2010 el entonces vicealcalde de Castelló Javier Moliner.
No seré yo, tampoco, quien diga hoy que el Gobierno de España «improvisa con la seguridad en la provincia y la delincuencia crece en Castellón pese a los esfuerzos oficiales en ocultarla [...] lo que nos sitúa como una de las provincias más inseguras de España, una provincia muy insegura para vivir», como decía el ahora jefe del rajoyismo castellonense Miguel Barrachina aquel mismo año.
Hablaban así Moliner y Barrachina tras años de reducción de la delincuencia y de incremento sostenido de la fuerza y la efectividad policial en nuestras comarcas. Decían así Barrachina y Moliner al tiempo que se abrían los cuarteles de la Guardia Civil en Morella, l'Alcora y Orpesa y la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad de Castelló, las primeras dependencias policiales inauguradas en la provincia desde los años 80 y las últimas hasta hoy. Se manifestaban ambos de ese modo coincidiendo con el mayor crecimiento de las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia, que pasarían de 1260 efectivos en 2005 a más de 1900 en 2011.
No, yo no lo haré. No se me ocurriría decir de mi tierra que es una de las más inseguras de España, como ellos hicieron en tiempos de Rodríguez Zapatero. Por responsabilidad, por decencia y por respeto a la verdad y al trabajo esforzado de cientos de policías y guardias civiles que se juegan la vida a diario en cada rincón de nuestras comarcas. Y también por respeto a la ciudadanía, que no merece ser engañada por quienes recibimos el encargo de representarla en las instituciones democráticas.
Porque con la seguridad no se juega. Ni con la confianza de la gente en el sistema público policial. Es razonable que quienes se consideran afectados por un episodio de inseguridad, en nuestras ciudades o en nuestras zonas rurales, o quienes son directamente víctimas del delito manifiesten su preocupación, cuando no su indignación. Esto es y debe ser así. Y es lógico, igualmente, que exijan de los responsables públicos competentes soluciones rápidas y eficaces para la restitución de los daños sufridos. Y que reclamen saber si las plantillas policiales han mermado como lo han hecho las del resto de los servicios públicos, y en qué medida. Y que pregunten si el número de efectivos y la cantidad de recursos materiales es suficiente para garantizar efectivamente su seguridad.
Pero hemos de andar con cuidado quienes representamos a la ciudadanía para no caer en la demagogia mendaz y cortoplacista en relación con todo ello. Sabemos que hoy hay menos policías y guardias civiles que hace seis años en nuestra provincia. Debemos exigir que revierta esa tendencia sin perder de vista que las comarcas castellonenses presentan unas tasas de criminalidad razonablemente aceptables, entre las más bajas de toda la costa mediterránea española. Y que vivimos en una tierra, sí, con un alto nivel de seguridad pública. No juguemos con ello.
En apenas diez días Castelló, como el conjunto del País Valenciano y el resto de España, ha vivido dos grandes movilizaciones de apariencia distinta pero de sentido convergente. De un lado, la huelga de las mujeres del pasado 8 de marzo, la más importante movilización feminista conocida en nuestro país en exigencia de igualdad real contra la brecha salarial, la discriminación de género y la violencia machista. De otro, las concentraciones y manifestaciones promovidas por las organizaciones de pensionistas, centrales sindicales y la izquierda política en demanda de pensiones dignas y de un sistema de seguridad social sostenible que garantice su continuidad en el futuro.
Miles de ciudadanas y ciudadanos movilizados por la igualdad y por la dignidad en nuestras calles. Miles de luchadores y luchadoras en nuestras plazas reclamando decencia a un sistema social y político cada vez más esclerotizado, que consiente la discriminación salarial contra las mujeres o que condena a jubilaciones de miseria a muchos de quienes trabajaron y, más aún en el tiempo por venir, a quienes hoy trabajan en condiciones inaceptables.
En ambos casos las derechas, así la vieja de pedigrí azulete como la recauchutada bajo barniz naranja, han puesto tierra de por medio para mostrar su distanciamiento respecto de ambas causas, cuando no se han mostrado abiertamente beligerantes contra ellas. No es cuestión que a unos u otros ocupe, salvo que vean ahí presagio de futuros costes electorales. Ya dijo M. Rajoy hace unas semanas, en lo que hace a la brecha entre los salarios de hombres y mujeres, que "no nos metamos en eso".
Y no quieren meterse en “eso” de la igualdad salarial de género, ni en “aquello” de la dignidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores jubilados porque lo uno y lo otro son incompatibles con su programa de liquidación de nuestro sistema de bienestar y de perpetuación de la cultura machista en nuestra sociedad.
Las y los socialistas castellonenses estamos comprometidos con el grito de quienes reclaman cambiar en profundidad este estado de cosas. En las instituciones y en las calles, desde los gobiernos o desde la oposición política. Creemos en la radical igualdad de las mujeres y los hombres, sin espacios de excepción, ni en el trabajo, ni en la política, ni en la familia… Y creemos, también, en el pacto intergeneracional que posibilita que quienes estamos en edad de trabajar contribuyamos a garantizar pensiones dignas a quienes ya lo hicieron. Ambas convicciones están en nuestro ADN político y han de seguir dando sentido al compromiso de las izquierdas con el progreso social.
“Estoy más preparado que nunca para ser presidente de la Generalitat Valenciana o del Gobierno. Es que mi bagaje es impresionante.” Así hablaba de sí mismo Francisco Camps en una entrevista a Telva en abril de 2012, nueve meses después de su dimisión como presidente de la Generalitat por su vinculación con el clan de la Gürtel y sus derivaciones en la Comunitat Valenciana.
Hacía ya mucho tiempo que Camps había perdido el rumbo de la razón y del sentido común. También de la decencia política y de la dignidad institucional. Hoy quienes fueron sus lugartenientes al frente del Partido Popular valenciano durante tantos años dicen de él que estaba en la cúspide del entramado mafioso que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional. Era, no en vano, el “amiguito del alma” de Álvaro Pérez El Bigotes, delegado comercial de Francisco Correa en la Comunitat.
Cotino, Fabra, Rus, Costa, Barberá, Castedo, Campos, Blasco, Castellano… Con ellos, y con otros como ellos, por acción o por omisión, convirtió nuestro país en tierra de saqueo. Y a su partido en una organización infestada, presuntamente, por la corrupción. Y lo que es peor: arruinó la reputación de la Comunitat (nuestra marca país) y de la Generalitat (nuestras instituciones de autogobierno) hasta la náusea.
Por todo ello y por lo mucho que sabemos sobre la forma de entender y practicar la política por parte de Camps y los suyos, el expresidente debe abandonar la vida institucional. No puede continuar ni un minuto más en el Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat, el órgano consultivo supremo del Consell y de las administraciones valencianas, al que pertenece por su condición de antiguo President. Porque, más allá de previsiones legales, es cuestión de sensibilidad y convicción democráticas.
Así lo creemos los socialistas, con toda firmeza. Y por ello hemos presentado una moción ante el pleno de la Diputación de Castelló, que compartimos con los grupos de Compromís, Castelló en Moviment y Ciudadanos, exigiendo la renuncia de Francisco Camps. A la que debería sumarse el grupo Popular con el presidente Moliner a la cabeza. No quieren, y seguramente no lo van a hacer. No lo hicieron tampoco en Les Corts ni en los muchos ayuntamientos en los que se está votando también esta petición. Lamentable, que a estas alturas, sigan siendo incapaces de romper con pasado tan nefasto.
Poco antes de la navidad de 2010 llegaba a Castelló el primer Alvia desde Madrid. Era el primer tren que recorría ese trayecto en menos de tres horas; más de hora y media por debajo de lo que hasta entonces se empleaba en ir o volver a la capital de España en ferrocarril. Un salto cualitativo y cuantitativo muy importante en la conexión ferroviaria entre ambas ciudades que suponía un ahorro del 40 por ciento del tiempo de viaje.
Del Alvia decían los Fabra (Carlos y Alberto) que era “un tren tuneado”, “un fraude”, “una burla”. Ni siquiera quisieron asistir aquel 19 de diciembre a la llegada del viaje inaugural. No era suficientemente bueno para ellos y enviaron a sus segundos Francisco Martínez y Javier Moliner. ¡Y ganábamos 100 minutos en el trayecto! Y lo que es más importante: ni uno sólo de los cercanías Castelló-Valencia se vio afectado por la incorporación de las nuevas circulaciones. Los Civis empleaban 45 o 50 minutos; el resto, en torno a una hora. Así siguieron haciéndolo hasta que la ocurrencia del tercer carril convirtió ese servicio en una trampa para miles de usuarios y usuarias cada día.
El lunes Mariano Rajoy llegará a la estación de Adif en Castelló a bordo de un AVE. Bien está… Pero mejor estaría si no dedicaran tantos esfuerzos sus delegados comerciales en esta tierra a desdibujar la realidad. El AVE llegará pero a velocidad de Alvia desde Valencia. Llegará para ahorrarnos 20 minutos; en algún caso, menos de diez. ¡Ocho años y 200 millones de euros para ganar algo más que un cuarto de hora! Y llegará condenando al servicio de cercanías de la línea C6 a los peores horarios de los últimos 20 años. 25 de los 41 cercanías que salen a diario hacia Valencia llegan desde hace tres años, y seguirán llegando, más de una hora y cuarto después a su destino. Del resto, ninguno lo hace en menos de una hora. Inadmisible a estas alturas.
El lunes el tren del presidente viajará entre Valencia y Castelló por las mismas vías que utilizan el resto de convoyes de pasajeros y mercancías en ese trayecto. Es la crónica de un colapso largamente anunciado. Lo saben, lo sabemos todos, pero están entregados (Barrachina y sus compinches) al disimulo descarado y a la sobreactuación vergonzante. No perdamos de vista a este pájaro de cuenta travestido en “AVE Low Cost” porque en estos tiempos que corren nada, o casi nada, es lo que parece.
Durante el último pleno municipal del año, aprobamos, con los votos de PSPV, Compromís y Castelló en Moviment, las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Castellón para el 2018. La nueva normativa va a permitir rebajar la presión de la fiscalidad municipal a la inmensa mayoría de las y los contribuyentes.
El impuesto sobre los bienes e inmuebles, el IBI, reducirá la recaudación en torno a 1,3 millones de euros por la rebaja de los valores catastrales solicitada por el gobierno municipal al Ministerio de Hacienda y por la disminución del tipo de gravamen en más de siete puntos al IBI urbano y en cerca del 25% al IBI rústico. Además, se van a incrementar de forma muy notable las bonificaciones al IBI social, cultural y medioambiental hasta situarlas en el máximo permitido por la ley.
Se reducirá, también, el gravamen del impuesto a las construcciones y obras (ICIO) y se congelará la tasa de basuras, a pesar de la subida de los costes que asumirá el consistorio.
Insiste la derecha en el mantra de la subida de impuestos de este gobierno. Insiste de forma torticera a sabiendas de que esa afirmación responde más a su voluntad de desgastar al gobierno municipal que a una argumentación certera sobre la realidad. La inmensa mayoría de los contribuyentes a la hacienda municipal va a notar una rebaja en la presión fiscal; esto es así, le guste o no le guste a la oposición.
Tan solo los 251 inmuebles ubicados en el puerto verán incrementarse el IBI durante 2018, la mayor parte de ellos por debajo de los 25 euros. Es bueno que sepa la ciudadanía que de las 18 ciudades españolas con puertos de interés general solo cuatro tienen un IBI portuario por debajo del nuestro. Quieran o no, seguiremos trabajando por una fiscalidad más justa y equitativa.
Publicado en Mediterráneo el 14 de diciembre de 2017
El último pleno municipal de Castelló alumbró, con el voto favorable de todos los grupos políticos, el Plan Territorial Municipal frente a Emergencias de nuestra ciudad. El PLATEMCAS es el instrumento esencial para dar respuesta a aquellas situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública a las que debamos hacer frente. El protocolo de referencia para la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para proteger las personas, los bienes y el medio ambiente ante inundaciones, incendios forestales, accidentes en el transporte de mercancías peligrosas, contaminación marina accidental, riesgos radiológicos…
Hace más de 20 años que Castelló debiera de haber dispuesto de un plan de estas características, como la mayor parte de ciudades de similar entidad. Así lo establecía la ley, aún cuando no fuera considerado prioritario por anteriores gobiernos municipales. Por eso nos comprometimos a impulsarlo en el Pacte del Grau y por eso pusimos en marcha su elaboración tan pronto formamos el gobierno en 2015.
Los técnicos del área de Seguridad Pública del ayuntamiento han hecho un trabajo ingente de recopilación y análisis de datos, diseño de estrategias de respuesta y redacción de protocolos de actuación. Un esfuerzo profesional que merece el reconocimiento de todas y todos los castellonenses. Porque sitúa nuestra ciudad en el nivel que le corresponde en términos de seguridad pública y prevención de riesgos colectivos. Y eso es bueno para cada uno de nosotros y de nosotras.
Intervención en el Pleno municipal de Castelló el 26 de octubre de 2017 con motivo del debate sobre la reforma de las ordenanzas fiscales.
Hace un año comenzaba esta comparecencia haciendo referencia al esfuerzo hecho por el grupo de trabajo para la revisión de las ordenanzas fiscales en la confección de un nuevo andamiaje fiscal para nuestro ayuntamiento. Reitero ese agradecimiento a todos lo grupos políticos. Gracias, sinceramente, por acompañarnos en ese camino también este año y por contribuir al asentamiento de una cultura de la negociación en materia fiscal que debería perdurar en el tiempo.
Por segundo año consecutivo presentamos este paquete de medidas fiscales en un clima de incertidumbre notable. Como hace un año, desconocemos siquiera cuándo se aprobarán los presupuestos del Estado para 2018 y que cambios normativos los acompañarán. Desconocemos sus argumentos básicos y en qué medida afectarán a las cuentas municipales. Desconocemos los escenarios que puedan abrirse ante un eventual agravamiento de la crisis política que sufrimos. Pero, como dijera Lluis Llach hace ya tantos años, "malgrat la boira, cal caminar". Y aquí traemos ante el pleno municipal nuestra propuesta de reforma de las ordenanzas fiscales para el ejercicio de 2018.
Permítanme antes dar cuenta de algunos compromisos adquiridos en la comparecencia que hace ahora un año. Nos comprometimos entonces a solicitar al Ministerio de Hacienda la redacción de una nueva ponencia de revisión de valores catastrales. A propuesta de la dirección provincial del Catastro optamos por una vía alternativa que permitiera trasladar a la ciudadanía con mayor rapidez los beneficios fiscales pretendidos. La ley de Presupuestos generales del Estado para 2017 aprobó la aplicación de un coeficiente reductor de los valores catastrales de los inmuebles de la ciudad del 0,91. Esto supone la minoración en 913 millones de euros del padrón de bienes inmuebles. Y más allá del dato puntual conviene saber que esa disminución del valor catastral repercutirá también en otros impuestos, como los de transmisiones, plusvalías o la renta.
Nos comprometimos también a presentar un plan bienal de control tributario y a la creación del Consejo municipal de Inspección. El primero fue aprobado por la JGL el pasado 9 de junio y validado en este pleno ese mismo mes. En él se recogen los compromisos del Pacte del Grau referidos a la justicia tributaria, la suficiencia económica y la lucha contra el fraude a fin de distribuir de forma más equitativa y justa la carga tributaria entre la ciudadanía. El plan fija criterios en la selección de aquellos contribuyentes que serán objeto de las actuaciones inspectoras en los distintos impuestos, la identificación de bolsas de fraude fiscal mediante el estudio de determinadas conductas encaminadas a eludir la debida tributación, la comprobación de los usos declarados en las unidades fiscales sujetas a IBI y la elaboración de planes de inspección sobre la utilización y aprovechamiento del dominio público. El plan está ahora en fase de implementación.
El Consejo municipal de Inspección se creó a finales del mes de julio. En su ADN está el impulso de la colaboración y coordinación administrativa en la implantación de mejoras en la inspección municipal. Y entre sus objetivos destacan coordinar la acción inspectora sobre determinadas zonas o actividades municipales, definir y compartir información de control que resulte transcendente para el resto de áreas representadas en el mismo, impulsar la colaboración interdepartamental en la realización de actuaciones de prevención o control, identificar aquellas actuaciones que se consideren prioritarias y elaborar propuestas de mejora. Un órgano, este, reclamado durante mucho tiempo por los técnicos municipales para impulsar los flujos de información internos que faciliten su trabajo. Nunca se atendió esa demanda. Se trata de una propuesta meramente técnica ya trasladada a gobiernos anteriores sin obtener respuesta; desde un primer momento entendimos su necesidad y promovimos su constitución. Hoy ya es una realidad respecto de la que estamos convencidos ayudará a proyectar los objetivos del Pacte del Grau, especialmente en aquello que hace a la modernización de la administración y a la definición de una relación justa y equitativa del ayuntamiento con la ciudadanía.
De las tareas llevadas a cabo conjuntamente por los distintos partidos con representación en el consistorio en el grupo de trabajo sobre ordenanzas fiscales se derivaron una serie de acuerdos que forman parte de la propuesta de actualización de las ordenanzas que paso a presentar.
Respecto del IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles, vamos a rebajar en torno a 1,3M€ la carga fiscal sobre la ciudadanía respecto a este año.
En 2018 convergerán dos medidas que proyectarán ese ahorro fiscal hacia las y los contribuyentes. De un lado, la aplicación del ya mencionado coeficiente reductor del valor catastral; y de otro, la rebaja del tipo de gravamen aplicado para obtener la cuota. Uno y otro mitigarán la subida de la base liquidable que todavía viene derivada de la revisión catastral promovida por el gobierno del Partido Popular a finales de los 2000.
La aplicación de las dos variables mencionadas se traduce en una diferencia de recaudación cercana a los 6,9M€ si hubiéramos continuado aplicando el tipo de 2015 y 2016 y no hubiéramos solicitado del ministerio la reducción de los valores catastrales. Y de 3,4M€ respecto a los valores y tipo de gravamen de 2017.
Por lo que hace al IBI urbano, reduciremos el tipo de gravamen general en un 7,7 por ciento, pasando del 0,75 al 0,69. Este es el tipo más bajo de los aplicados por este ayuntamiento en los últimos 14 años. De este modo en el trienio 2016-2018 el tipo de gravamen habrá pasado del 0,79 al 0,69, casi un 12 por ciento menos.
Disminuiremos de nuevo en un 25 por ciento el tipo de gravamen sobre los inmuebles rústicos, situándolo en el 0,60% a fin de compensar la incorporación al padrón de los inmuebles que por efecto de la aplicación de la Ley 13/2015 pasan de tributar por urbana a tributar por rústica.
Para este año 2017 ya modificamos el antiguo tipo del 1,07 al actual 0,80. Ahora lo volvemos a hacer, manifestando el compromiso del ayuntamiento con la reconstrucción del cinturón agrícola de la ciudad. De no reducir el tipo el ayuntamiento hubiera recaudado para 2018 casi 1,2M€ más por el IBI rústico.
Los tipos de gravamen de urbana y rústico afectan a la inmensa mayoría de contribuyentes a la hacienda municipal. Así que la reducción en un 7,7 por ciento del primero y en un 25 por ciento del segundo va a incidir en la reducción del esfuerzo fiscal de la mayor parte de la ciudadanía. Es el caso del 95 por ciento de los inmuebles con usos no residenciales. Para el 5 por ciento restante, aquellos con los valores catastrales más elevados, se ha previsto pasar el tipo del 0,85 al 0,80, con una rebaja del 6 por ciento.
En cuanto a las unidades fiscales del Puerto, BICEs del tipo 4, el tipo pasará del 0,90 al 0,95.
Se han introducido cambios importantes en las bonificaciones a las que autoriza la normativa. Las familias numerosas se podrán beneficiar de las mejoras en los criterios de progresividad. Se calculará esa bonificación teniendo en cuenta tanto el valor catastral del inmueble como los ingresos familiares en relación con el IPREM, favoreciendo en mayor medida la bonificación a las rentas más bajas. Recuerden que esta fue una de las novedades introducidas hace un año; ahora proponemos la ampliación de los tramos de los ingresos de la unidad familiar, pasando de cinco a siete. La máxima bonificación del 90 por 100 correspondería a un inmueble con un valor catastral de hasta 75.000 euros cuyos propietarios tuvieran unos ingresos por debajo del 50 por 100 del IPREM por cada miembro de la unidad familiar.
Se han ampliado también, y de forma muy notable, las bonificaciones de carácter cultural, social o medioambiental. Galerías de arte, librerías, salas de teatro, cine o conciertos y otros inmuebles destinados a la producción o representación cultural, que este año han dispuesto por primera vez de una bonificación del 30 por ciento de la cuota, la verán incrementada hasta el máximo legal del 95 por ciento.
Del mismo modo, aquellos inmuebles que sean objeto de alquiler social a personas con riesgo de exclusión o en proceso de inclusión verán triplicarse la bonificación al pasar del 30 al 90 por ciento.
La instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar destinada al autoconsumo se ve también favorecida en su trato fiscal, con un cambio de escenario importante que atañe a tres ámbitos: se duplica el porcentaje bonificable (pasando del 25 al 50, el máximo legal); se amplia a toda clase de inmuebles, no sólo a los de carácter residencial; y se introducen criterios de progresibidad, teniendo como referencia, como en otras bonificaciones, el valor catastral del inmueble, llegando a bonificar el 50 por ciento del impuesto durante 10 años a aquellos inmuebles cuyo valor catastral sea inferior a 75.000 €.
Todo ello en cuanto al IBI. Respecto del ICIO, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, tras la actualización del precio de los módulos el año pasado proponemos ahora la reducción del coeficiente del 3,75 por ciento al 3,5. Y por lo que respecta al impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica se proponen cambios técnicos en la redacción de la norma que afecta a los vehículos destinados al transporte de personas con diversidad funcional.
Y ya para terminar, me referiré a los cambios introducidos en la tasa por prestación de servicios de recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos, la tasa sobre las basuras. La congelación de la tasa que este ejercicio se introdujo para el 40 por ciento de las viviendas con menor valor catastral se extenderá ahora a los dos tramos restantes, así como al resto de unidades fiscales destinadas a almacén, trasteros y resto de actividades económicas. Se estabiliza, pues, la tasa de basuras para 2018 en los mismos valores que en 2017: 92 euros para las viviendas con menor valor, 96 para el segmento intermedio y 101 para las de mayor valor catastral. Y se mantiene, también, la cuota social reducida para familias en riesgo severo de exclusión entre 18 y 20 euros. Sobre esta tasa hiper reducida se amplía el período para su solicitud hasta el primero de junio. El aumento de los costes en el servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos sólidos, así como la subida del canon de Reciplasa, asciende este año a casi 675.000€ que no serán repercutidos a la ciudadanía, pasando el grado de cobertura de la tasa del 82% de 2017 al 75% para el próximo ejercicio.
Una novedad importante en esta tasa para el próximo ejercicio será la forma de cálculo referido a los inmuebles en los que se ejerza más de una actividad (por ejemplo, los despachos profesionales que comparten un mismo inmueble), al objeto de que se exija una cuota única.
Estas son las propuestas de actualización de las ordenanzas fiscales que presenta el gobierno a la consideración del pleno. Todas ellas fruto del acuerdo de los grupos que respaldamos el Pacte del Grau. Y una buena parte acordadas también con el grupo Popular y Ciudadanos. Esperamos que merezcan su consideración y su respaldo.
Y déjenme terminar agradeciendo muy especialmente, a los empleados y empleadas de la Administración Tributaria Local y del resto de áreas municipales, su generosidad y su profesionalidad. Gracias.
No digo yo que la rogativa invocada por el obispo López para que llueva no vaya a ayudarnos a combatir la sequía que sufrimos. Si la sed de nuestras tierras fuera cosa que dependiera de la voluntad divina para ser saciada tendríamos en la iniciativa episcopal una interlocución plausible a la que debieran aplicarse los creyentes con devoción. Y, por qué no, también quienes no lo somos, si de hacer fuerza se tratara para que quien tuviera que escuchar las plegarias tome nota y haga lo que tenga que hacer.
No creo, sin embargo, que esté en manos eclesiásticas acabar con la sequía. Más que las rogativas son las políticas públicas las que deben resolver el déficit hídrico que tan críticamente condiciona el desarrollo sostenible de nuestras comarcas. Especialmente en lo que refiere a las tierras del noroeste provincial cedentes a la cuenca del Ebro.
Han pasado ya más de cuatro años desde que se anunciara una inversión de 22,5 millones de euros en infraestructuras hídricas que el Gobierno de España iba a acometer de inmediato para minimizar las restricciones de agua que tan habitualmente padecen los habitantes de Els Ports. Fue el presidente de la Diputación, Javier Moliner, quien hizo público el compromiso gubernamental con la solemnidad que acompaña a tantos anuncios solemnemente incumplidos después. Nos dijeron entonces que estábamos ante una decisión histórica: “Hoy es, sin riesgo a equivocarme, un día histórico para todos nosotros, porque por primera vez podemos decir que va a llegar agua del río Ebro a la provincia de Castellón”, afirmaba Moliner. La Confederación Hidrográfica del Ebro se comprometía a la concesión de 10 hectómetros cúbicos anuales de su cuenca para satisfacer las necesidades de la comarca. Y el Gobierno asumía la construcción de balsas de almacenamiento de agua, pozos de bombeo y canalizaciones para el abastecimiento.
Nada de eso ha prosperado. Las inversiones prometidas aquel día que algunos quisieron reservar para la Historia aún están esperando que alguien las incorpore a los presupuestos del Estado. Ni el agua, ni las balsas, ni los pozos ni las tuberías han llegado a Els Ports. Y este año, como tantos otros, en ese ciclo que se repite invariablemente en nuestro régimen climático, cientos de explotaciones agrícolas y ganaderas, infinidad de diseminados por el territorio y decenas de pueblos vuelven a sufrir graves restricciones en la disponibilidad de un recurso tan esencial como el agua.
No, no es admisible. El cambio climático va a hacer cada vez más acuciante esa situación, es evidente. Y no podemos abandonar a su suerte a quienes tanto contribuyen a preservar nuestro territorio. Esa también es una política en la lucha contra la despoblación de las comarcas del interior de Castelló. Y no la menos importante.
Embalse de María Cristina. Fotografía de Manolo Nebot
Este texto recoge mi intervención en el acto de inauguración de la sede de la la librería Babel en la calle Alcalde Tárrega de Castelló, el 3 de abril de 1998. En 2017 Babel cumple 25 años al servicio de la sociedad castellonense.
Buenas tardes:
No voy a ser original en la apertura de esta charla. Me siento muy satisfecho de participar en el acto inaugural del FORO-BABEL. Es evidente que no concurren en mí méritos suficientes para compartir tribuna con el Rector Romero en un acto de este tipo.
Sin duda, la amistad que desde hace más de 15 años me une con Pere Duch y Lledó Beltrán ha tenido algo que ver en mi intervención aquí esta tarde-noche. 15 años en los que, con asombro siempre desbordado, he sido testigo de su extraordinaria fuerza creadora, de su capacidad para aunar voluntades e impulsar proyectos que conjugaran empresa y cultura. Vocacionales empresarios culturales, han entendido siempre la promoción de la cultura desde el irrenunciable compromiso con su sociedad y su tiempo. Y así ha sido: desde aquella pequeña Tres i Ratlla de la calle Carcaixent hasta la nueva Babel inaugurada durante esta semana.
Se arriesgaron en 1986 cuando abrieron la entrañable Faristol. Sufrieron el acoso de cierta derecha irredenta por la afrenta que suponía ofrecer a sus clientes sólo libros en catalán. Supieron avanzar y en 1992 se embarcaron, haciéndose rodear de un buen grupo de amigos, en la aventura que suponía Babel. Seis años después nos ofrecen esta maravillosa tienda de cultura. Mucho trabajo, enormes dosis de creatividad y una inteligente comprensión del papel y el lugar del librero en la sociedad explican esta trayectoria. FORO-BABEL constituye, probablemente, la esencia, el fruto licuado de lo que Pere y Lledó entienden debe ofrecer una librería en los albores del siglo XXI: un espacio cultural de reflexión e intercambio, un lugar de comunicación y tolerancia. Y no les falta razón.
Vivimos en un momento de crisis. Crisis en la concepción gramsciana del término: un período de quiebra de referentes en el que agoniza lo viejo sin que lo nuevo acierte a definir sus trazas esenciales. Quienes creemos en la igualdad y en la justicia social, en el progreso de los pueblos, en la capacidad de los hombres y las mujeres para construir su futuro hemos visto en pocos años cómo se tambaleaban certezas consideradas irrefutables.
En este magma crítico si hay un elemento que nos dibuja, siquiera sea difusamente, los caracteres de la sociedad emergente es INTERNET. La red de redes es el símbolo del mundo globalizado, de un mercado mundial en el que el capital financiero, ajeno al control del poder político, avanza a la velocidad de la luz. Joaquín Estefanía dice que “es la simbolización más ortodoxa, con los mercados financieros, del capitalismo del siglo XXI. Del poscapitalismo.” Bien, pero Internet es también un potentísimo instrumento de comunicación transcultural, una ventana abierta a ingentes recursos culturales, una potencial palanca de transformación y democratización de nuestras sociedades, un paso adelante en el necesario cese de nuestra suicida agresión al entorno natural: depende de que en ello trabajemos quienes creemos en el progreso hacia una sociedad razonable; de lo contrario, es cierto, esa misma potencia, esa fuerza puede ser dirigida a aniquilar la disidencia o eliminar la diferencia.
Libreros y libreras, claro está, no son ajenos a esta realidad. Necesitan, necesitamos todos que redefinan su papel como agentes culturales activos, como dinamizadores de su entorno social. El librero es un trabajador-empresario de la cultura, un animador, un hacedor de cultura: ya no sirve el librero intermediario entre el lector y el editor. Si, como es legítimo, aspira a hacer competitiva su empresa, a maximizar sus beneficios, a responder acertadamente a los muchos retos que ha de afrontar deberá cualificar su oferta, convertir su local comercial en un espacio dinámico en torno a la cultura libraria. Y en ese proceso, inevitablemente, habrá de tomar conciencia del lugar que ocupa en las enormes transformaciones que están experimentando las industrias culturales y de la comunicación.
Hoy la telemática nos permite acceder a servicios de libros en venta con cientos de miles, millones de títulos en catálogo: un simple “click”, un número de tarjeta de crédito y podemos comprar cuanto nos interese sin salir de casa o desde nuestro puesto de trabajo. Servidores como Amazon o BookWire ponen a nuestro alcance millones de monografías y un sinfín de servicios complementarios. Hay cientos de revistas especializadas editadas electrónicamente y millones de datos, informes y escritos médicos, biográficos, históricos, sociológicos o químicos a la espera de que los carguemos en nuestro ordenador. Un número en expansión geométrica de obras de referencia son accesibles vía Internet: diccionarios, enciclopedias, anuarios... Miles de periódicos diarios nos ofrecen ya su edición electrónica. Ni siquiera los clásicos del pensamiento y de la cultura se escapan de este proceso de digitalización masiva: obras de Marx, Engels, Shakespeare, Cervantes, Cicerón, Tomás de Aquino... están en el dominio público cibernético.
Cuando a finales del siglo pasado dos bibliógrafos belgas, Paul Otlet y Henry Lafontaine, lanzaron la idea de una biblioteca universal difícilmente podían imaginar lo que hoy tenemos a nuestro alcance.
Hemos inventado vehículos más rápidos, eficaces y baratos de transmitir el saber. La velocidad del desarrollo científico-técnico actual convierte en obsoletas las publicaciones científicas tradicionales antes de salir a la luz. Los investigadores médicos, bioquímicos, físicos... disponen ya de canales para transmitir a la comunidad científica mundial, en tiempo real, el curso de sus actuaciones. Y, sin duda, de una forma mucho más económica. Estoy convencido que las especies amenazadas de los bosques amazónicos, indonesios, siberianos o subsaharianos nos agradecerán que hayamos encontrado soportes documentales mucho menos agresivos con ellas que el papel.
El libro impreso no desaparecerá en nuestro horizonte generacional. Al menos así lo deseo. Es, sin duda, uno de los más identificativos símbolos de nuestro acervo cultural, de nuestra forma de ver y entender el mundo. Pero no debemos caer en el fetichismo, en la sacralización de un instrumento que nos resulta tan próximo. Durante milenios prosperaron grandes civilizaciones que desconocían el papel y la imprenta. Hace menos de dos mil años que empezó a utilizarse un soporte escriptóreo similar al papel en la China y menos de 900 de su introducción en Occidente; y no fue hasta hace poco más de 550 años cuando saliera del taller de Gutemberg el primer libro impreso.
Desde entonces la cultura impresa se expandió lenta pero inexorablemente, arrinconando formas de transmisión oral. Ahora puede ocurrir que el libro impreso sea víctima de las nuevas circunstancias históricas. El desarrollo del audiovisual dió el pistoletazo de salida de un proceso que no conviene dramatizar. El libro es vehículo de libertad, es cierto. Pero no seamos olvidadizos: con tinta negra sobre papel blanco publicó Hitler su Mein Kampf; negro sobre blanco estudiaron generaciones de españoles que el rojo Azaña era un demonio; negro sobre blanco plasmaron en sus códigos legales los blancos surafricanos la insultante discriminación de la mayoría negra.
Aquí, en este Foro vamos a disfrutar de una apasionante programación cultural: presentaciones de libros, conferencias, audiciones musicales, muestras pictóricas... Es más que probable que todas ellas se compendien en un producto audiovisual antes de hacerlo en un libro. Babel asume con este Foro, sin perder su condición de comercio librario, el activismo cultural que debe tener una librería de su entidad. Complétese esto con nuevos servicios bibliográficos, con todo aquello que la haga eonómica y socialmente rentable.
Hemos de preservar el libro como elemento identificativo de nuestra civilización. Pero no perdamos de vista que la cultura es, fundamentalmente, intercambio, comunicación humana en cualquiera de sus formas.
Publicado en Mediterráneo el 28 de septiembre de 2017
Al poco de entrar en el gobierno local de Castelló, hace algo más de dos años, uno de los directivos de la administración municipal me plateó la creación de un organismo que permitiera planificar, impulsar y coordinar la acción inspectora de los distintos departamentos del ayuntamiento. La propuesta se había formulado ya a gobiernos anteriores pero no había sido tomada en consideración por los responsables políticos de entonces. El proyecto era de gran interés para nosotros por cuanto podía ayudarnos a mejorar la eficacia de los servicios municipales, reforzar los instrumentos de lucha contra el fraude y favorecer la redistribución de las cargas tributarias que impone el ayuntamiento a las y los ciudadanos. Todos ellos, además, compromisos suscritos en el Pacte del Grau.
La semana pasada aquella propuesta, que habíamos anunciado ante el pleno municipal a finales de 2016, comenzó a caminar. El Consejo municipal de inspección quedó constituido con representantes de las áreas tributaria, de seguridad pública, control urbanístico y de actividades, servicios públicos, movilidad y modernización. Y definimos los diversos ámbitos de actuación sobre los que vamos a estudiar y aplicar, cuanto antes, los programas específicos, que tendrán que ver con la ocupación de la vía pública, los vados, los números de los portales en nuestras calles, las vallas publicitarias, las actividades económicas…
Tenemos la convicción, desde el gobierno municipal de Castelló, de que el consejo de inspección será un instrumento muy útil para la salvaguarda del interés público y para impulsar el trabajo en red y colaborativo entre los distintos servicios del nuestro ayuntamiento.
Intervención en el pleno de la Diputació de Castelló el 19 de septiembre de 2017 en el debate sobre el proceso de independencia impulsado por el Govern de la Generalitat catalana
Hace unos días, los pasados 6 y 7 de septiembre, el Parlament de Catalunya vivió unos hechos de enorme gravedad. La mayoría resultante de la suma de Junts pel Sí y las CUP violentó el reglamento parlamentario para imponer la tramitación de las llamadas por los partidos independentistas leyes de desconexión de Cataluña del resto de España: la ley que debería posibilitar la consulta del 1-O y la que permitiría crear, eventualmente, la república catalana tras la consulta.
Lo ocurrido esos días es para nosotros, los socialistas, inaceptable. Y por ello hemos decidido suscribir la moción objeto de este debate. Inaceptable por ilegal. Lo advirtieron los letrados de la cámara catalana; lo advirtió el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya; y lo advierte, sí, también, el Tribunal Constitucional. El Parlament aprobó una leyes que no caben en nuestro ordenamiento jurídico; y el Govern de la Generalitat está poniéndose fuera de la ley al impulsar lo que en la ley no cabe. Más aún, está comprometiendo la seguridad jurídica de miles de servidoras y servidores públicos en Cataluña con esa carrera alocada hacia el precipicio; y está conduciendo a la sociedad catalana a un callejón sin salida que acabará por fracturar irremediablemente la convivencia en ese país por tantas y tantas razones querido en nuestras comarcas.
Porque, ¿es razonable, en términos de calidad democrática, que a poco más de diez días de la fecha propuesta por el Govern y los partidos que lo apoyan no exista censo para la realización de la consulta, y si hay algo que se le asemeje no haya sido objeto de revisión por los electores ni de validación por autoridad electoral alguna? ¿Es razonable que a poco más de diez días de esa fecha no haya colegios electorales, ni en lo que refiere a la zonificación del cuerpo electoral ni en cuanto a los espacios físicos en los que debiera ejercerse el derecho de sufragio? Lo llaman referendum y no lo es; y lo saben, quienes así lo llaman. Y saben que no prosperará como tal. Porque en realidad es un señuelo, una provocación.
La democracia es votar, sí. Pero no sólo. Es respetar el Estado de derecho, es construir la convivencia, es crear territorios para el entendimiento.
No, no podemos aceptar lo que está ocurriendo por responsabilidad. Tampoco por convicción. Miren, sabemos que no es sólo la ley; pero también es la ley. La democracia se legitima por el cumplimiento de la ley. Por todas y por todos de todas las leyes. Y ese no es un principio que se pueda trocear. No puede haber espacios para la impunidad en democracia. Menos aún para quienes tienen el mandato del pueblo para garantizar la legalidad que hace posible la convivencia. La quiebra de ese principio esencial deslegitima cualquier proceso nacido al amparo, inicialmente, de las instituciones democráticas. Lo hemos denunciado siempre, ahora y antes, en relación con este proceso y con otras situaciones que están vaciando de afectos nuestra democracia. Por eso exigimos el restablecimiento del principio de legalidad en Cataluña.
Las instituciones del Estado de derecho que democráticamente nos hemos dado los españoles tienen instrumentos legales suficientes para que así sea. Utilícense atendiendo, en todo caso, a criterios de proporcionalidad y sentido de la razón política. Es imprescindible para reencontrar los espacios de consenso que nunca debieron haber sido triturados. El estado de cosas que hoy vivimos en Cataluña y fuera de ella obedece a responsabilidades e irresponsabilidades compartidas por actores diversos que vienen de tiempo atrás. Acciones, inacciones y dejaciones que han convertido una cuestión esencialmente política en un asunto judicial.
El problema catalán no sólo es un problema de Cataluña y de su relación con el resto de España. Es también el problema de España, de su articulación territorial, de la redefinición de su andamiaje institucional, del diseño de formas nuevas que permitan compartir procesos de decisión política que van más allá del mero reparto competencial. Estamos hablando de repensar el Estado para hacer viable una España posible en el siglo XXI.
Es el tiempo de la ley, sí. Pero, sobre todo, es el tiempo de la política y de la democracia. No puede negarse una sola oportunidad al diálogo. Ni una sola. Porque esto no es una historia de buenos y malos españoles, no. Ni de buenos o malos catalanes. Es un relato plagado de errores contumaces que deben ser necesariamente reparados. Aquí y allí.
