Estado de Derecho

Publicado en Mediterráneo el 11 de diciembre de 2010


El pasado jueves escuché en la radio a un padre de Benicàssim contar con amargura y resignación el momento en el que comunicó a su hijo que no podría realizar el esperado viaje a EuroDisney. Así lo habían decidido un grupo de controladores aéreos, a quienes no tembló el pulso a la hora de recurrir al chantaje para aferrarse a los privilegios desorbitados de que venían disfrutando desde hace muchos años.

Su intención era clara: querían poner de rodillas al Gobierno de España y al conjunto de la ciudadanía. Se sentían poderosos, imprescindibles e intocables. Aunque como es público y notorio, midieron mal las consecuencias de su envite. El error fue de bulto y su disparatada osadía fue respondida con firmeza por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un gabinete que frente al chantaje, exhibió valentía. Frente a la sinrazón, enarboló la bandera del Estado de Derecho. Y frente al atropello, recurrió a la Constitución.

El Gobierno respondió con rapidez, serenidad y firmeza, lo que permitió restablecer el tráfico aéreo en tan sólo 24 horas. Se trataba de restituir la legalidad con la mayor celeridad posible, salvaguardando los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Había que hacerlo de inmediato y se hizo. Se optó por militarizar a los causantes del conflicto y éstos reaccionaron con rapidez.

No deja de causar extrañeza que una vez militarizados y tras la declaración del Estado de alarma, al ser informados de que podrían verse abocados a un posible proceso por sedición, los controladores recuperaran la salud de forma abrupta y sorprendente. La tarde del pasado viernes decidieron jugarse el todo por el todo y acabaron perdiendo la razón, el prestigio social y el respeto de la ciudadanía. El sábado, de manera repentina, todos ellos habían superado sus recurrentes cuadros de ansiedad.

Quisieron afrentar al Gobierno y éste respondió con la máxima contundencia. Con la Constitución en la mano recurrió al proceso de militarización y a la declaración del estado de alarma previsto en nuestra Carta Magna. Hizo, durante el puente de la Constitución, lo que tenía que hacer. Supo estar a la altura de las circunstancias, a pesar de la presión ambiental del momento. Lo prioritario era recuperar la normalidad en el espacio aéreo español y en nuestros aeropuertos, y a esta tarea se entregó obteniendo resultados deseados en un corto espacio de tiempo.

Parece claro que, a tenor del mensaje lanzado por el Gobierno, habrá un antes y un después del órdago de los controladores. Creo que a estas alturas ya todos tenemos claro que los ciudadanos no pueden ser tomados como rehenes por nadie y que en el futuro no se van a consentir afrentas de ningún tipo.

Vivimos en un Estado de Derecho, en una democracia de ciudadanos y ciudadanas libres y responsables. Los actos de cada uno de nosotros tienen consecuencias y es la Ley la que marca los límites que no pueden ser traspasados. Es algo que ya están comprobando los controladores que decidieron transgredirla. Si en esa deriva cometieron un delito, la Justicia impondrá las penas convenidas en nuestro ordenamiento legal. En todo caso, más allá de su responsabilidad penal, quienes así se condujeron renegaron del compromiso de lealtad que todo servidor público tiene ante la ciudadanía y el Estado.

No se trata de perseguir ni de demonizar a nadie, sino de dejar claro que vivimos en un Estado de Derecho y que los poderes públicos están obligados a salvaguardar los derechos de los ciudadanos, entre ellos, el derecho a viajar. Y también el derecho al trabajo, que sin duda ha quedado menoscabado en determinadas zonas de España, donde además de los efectos de la crisis, ha habido que soportar las consecuencias derivadas de la irresponsable actuación de un grupo de controladores aéreos.