Güemes, la burbuja y el gran bazar

El pasado 21 de diciembre escribía en este blog la nota "La burbuja reinventada" donde aludía a la estrategia liquidacionista de la derecha gobernante y su manifiesta voluntad de convertir los derechos públicos en negocios privados. Una reedición, mejorada y aumentada, de las políticas de burbuja puestas en marcha en la segunda mitad de los 90s por Aznar y Rato. Ahora ya no hay cemento ni ladrillos que vender y son los servicios públicos los que están expuestos en los mostradores del Gran Casino. Un negocio redondo para la especulación: derechos convertidos en mercancía, ciudadanos y ciudadanas reducidos a rehenes de los beneficiarios de la Gran Liquidación. Güemes como símbolo, el consejero que privatizó lo que más tarde se iba a quedar. Una estrategia de manual: deteriorar lo público, proclamar a los cuatro vientos su insostenibilidad, ponerlo a saldo y rescatarlo en manos de los amigos. Lo están haciendo con la sanidad y la educación públicas, con la atención a los dependientes, con las radiotelevisiones, con las infraestructuras... Un inmenso bazar de cientos de miles de millones de euros en espera de dineros sin escrúpulos. Y todo bajo el mantra del descrédito de la política y de lo político para cerrar el círculo: necesitamos gestores que no hagan politiquería, que no se sometan a las reglas de un Estado podrido. El final de lo público como misión y que cada uno se busque la vida, si puede. ¿Lo conseguirán? Están decididos a ello si no les paramos los pies.

El servicio público

Publicado en Mediterráneo el 24 de diciembre de 2011.

Muy probablemente esta sea la última ocasión en la que me asome a esta ventana de opinión como subdelegado del Gobierno de España en nuestra provincia. Desde abril de 2007 he tenido la oportunidad de dirigirme a ustedes desde este espacio, cedido generosamente por el diario Mediterráneo, para comentar diversas cuestiones de actualidad. Lo he hecho siempre, créanme, con la voluntad de fijar posiciones razonadas; con el afán de polemizar sin acritud respecto de aquellos temas que estaban en la agenda política, económica o social de nuestra tierra; con el ánimo de aportar nuevas visiones que enriquecieran el debate sobre nuestro futuro. Porque tengo el convencimiento cierto de que quienes asumimos responsabilidades en la cosa pública estamos obligados a hablar, a dialogar con la ciudadanía para explicar el cómo y el por qué de la acción institucional. Sería pretensión ridícula pensar que he sido capaz de acertar siempre en ese objetivo, para mí esencial de la vida política. Pero les garantizo que esa ha sido mi aspiración.

Hoy, en este momento en el que preparo ya el vuelo a nuevas ocupaciones, me van a permitir referirme a quienes durante los últimos años me han acompañado desde el servicio público, a los empleados y empleadas de la Subdelegación y del resto de departamentos dependientes del Gobierno de España en la provincia de Castellón. Ha sido un privilegio inmenso poder trabajar día a día con estos servidores de la causa pública. Saber de su entrega, de su cualificación, de su voluntad de servicio a la sociedad, de su lealtad para con la ciudadanía.

Son ellos y ellas quienes ponen el Estado, el conjunto de instituciones públicas, a disposición de sus conciudadanos. Quienes hacen posible que las políticas impulsadas desde los distintos gobiernos se conviertan en realidades sustantivas para todo el cuerpo social. Son el alma del Estado democrático, en su doble misión esencial de generador de derechos y garante del cumplimiento de los deberes de todos y de todas.

Por ello, quiero reivindicar aquí y ahora, cuando tantas veces escuchamos que hay que achicar los espacios de lo público, el compromiso de las empleadas y los empleados públicos con la sociedad. La imperiosa necesidad que tenemos de salvaguardar su honorabilidad del comentario apresurado o de la maledicencia interesada. Los funcionarios y las funcionarias y el resto de trabajadores públicos cumplen una misión fundamental en sociedades complejas como la nuestra: no hay democracia ni Estado social sin un servicio público reconocido, respetado y valorado por la ciudadanía.

No de trata, pues, de menos Administración pública sino de mejor, la que sea necesaria para abordar los grandes retos que tenemos. No se trata de menos empleados públicos, sino de que estos puedan cumplir mejor su servicio, ser más eficaces y eficientes en el ejercicio de su misión. La acción pública es una palanca de cambio muy poderosa para avanzar hacia una sociedad más abierta, más libre, más tolerante y más solidaria. Para ello necesitamos de un servicio público que garantice la no exclusión social, la igualdad de oportunidades, el progreso personal de todos y la sostenibilidad de nuestras actuaciones públicas y privadas.

A los casi 4.500 servidores de las distintas administraciones dependientes del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Castellón, gracias, muchas gracias por su buen hacer diario. Por enseñarme durante estos años su alto grado de compromiso con nuestra sociedad. Por mostrarme el camino acertado en tantas y tantas decisiones. Por su discreción y lealtad. Gracias porque, en momentos de grave dificultad como los que vivimos, han sabido anteponer siempre su sentido del servicio al interés personal.

A todos y a todas, mi reconocimiento como subdelegado y como representante del Gobierno de España en la provincia. Pero sobretodo y especialmente, mi respeto como ciudadano. Mucha suerte, buen año 2012 y hasta siempre.

El valle glaciar de Chamonix. Agosto de 2004.

Servidores públicos

Emitido en el programa Castellón en la onda de Onda Cero Castellón el 13 de diciembre de 2011.


Buenos días Lorena:

Me vas a permitir que hable hoy desde esta tribuna de los servidores públicos. De los funcionarios y funcionarias y del resto de empleados que trabajan en nuestras administraciones y empresas públicas.

A lo largo de las últimas décadas de convivencia democrática en nuestro país, el servicio público ha conocido un vertiginoso proceso de profesionalización y modernización. Las obsoletas y arbitrarias estructuras administrativas de la dictadura franquista dejaron paso a un Estado de Derecho homologable al de los países de nuestro entorno. Y para su funcionamiento, el desarrollo legislativo de la Constitución ha ido creando una nueva Administración garante del reconocimiento de derechos y del cumplimiento de deberes de la ciudadanía.

Las empleadas y los empleados públicos son el alma del Estado democrático; por ello deben ser valorados por sus conciudadanos. En este tiempo en el que el espacio de lo público pretende ser achicado, es justo reconocer la contribución decisiva de aquellos al desarrollo de nuestra sociedad. Porque, como alguien dejó escrito, “no hay buena sociedad que dure sin una buena administración que la sirva”.

Tengo el convencimiento de que la acción pública es una palanca de cambio muy poderosa para avanzar hacia una sociedad más abierta, más libre, más tolerante y más solidaria. Para ello necesitamos de un servicio público que garantice la no exclusión social, la igualdad de oportunidades, el progreso personal de todos y la sostenibilidad de nuestras actuaciones públicas y privadas.

A quienes hoy enarbolan las banderas de menos Administración, yo les digo, Lorena: no menos sino mejor Administración, la que sea necesaria para afrontar con diligencia los enormes retos que tenemos como sociedad. Ni un empleado público más de lo necesario pero tampoco ninguno menos de lo que requiere la exigencia del momento que vivimos.

Mi agradecimiento sincero a los servidores públicos que trabajan en las distintas administraciones en Castellón, por su entrega y dedicación en beneficio de la sociedad.

A todos y a todas, buena suerte y que la semana les sea propicia. Salud, Lorena.

Windsor, Inglaterra. Agosto de 2005.

Estado de Derecho

Publicado en Mediterráneo el 11 de diciembre de 2010


El pasado jueves escuché en la radio a un padre de Benicàssim contar con amargura y resignación el momento en el que comunicó a su hijo que no podría realizar el esperado viaje a EuroDisney. Así lo habían decidido un grupo de controladores aéreos, a quienes no tembló el pulso a la hora de recurrir al chantaje para aferrarse a los privilegios desorbitados de que venían disfrutando desde hace muchos años.

Su intención era clara: querían poner de rodillas al Gobierno de España y al conjunto de la ciudadanía. Se sentían poderosos, imprescindibles e intocables. Aunque como es público y notorio, midieron mal las consecuencias de su envite. El error fue de bulto y su disparatada osadía fue respondida con firmeza por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un gabinete que frente al chantaje, exhibió valentía. Frente a la sinrazón, enarboló la bandera del Estado de Derecho. Y frente al atropello, recurrió a la Constitución.

El Gobierno respondió con rapidez, serenidad y firmeza, lo que permitió restablecer el tráfico aéreo en tan sólo 24 horas. Se trataba de restituir la legalidad con la mayor celeridad posible, salvaguardando los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Había que hacerlo de inmediato y se hizo. Se optó por militarizar a los causantes del conflicto y éstos reaccionaron con rapidez.

No deja de causar extrañeza que una vez militarizados y tras la declaración del Estado de alarma, al ser informados de que podrían verse abocados a un posible proceso por sedición, los controladores recuperaran la salud de forma abrupta y sorprendente. La tarde del pasado viernes decidieron jugarse el todo por el todo y acabaron perdiendo la razón, el prestigio social y el respeto de la ciudadanía. El sábado, de manera repentina, todos ellos habían superado sus recurrentes cuadros de ansiedad.

Quisieron afrentar al Gobierno y éste respondió con la máxima contundencia. Con la Constitución en la mano recurrió al proceso de militarización y a la declaración del estado de alarma previsto en nuestra Carta Magna. Hizo, durante el puente de la Constitución, lo que tenía que hacer. Supo estar a la altura de las circunstancias, a pesar de la presión ambiental del momento. Lo prioritario era recuperar la normalidad en el espacio aéreo español y en nuestros aeropuertos, y a esta tarea se entregó obteniendo resultados deseados en un corto espacio de tiempo.

Parece claro que, a tenor del mensaje lanzado por el Gobierno, habrá un antes y un después del órdago de los controladores. Creo que a estas alturas ya todos tenemos claro que los ciudadanos no pueden ser tomados como rehenes por nadie y que en el futuro no se van a consentir afrentas de ningún tipo.

Vivimos en un Estado de Derecho, en una democracia de ciudadanos y ciudadanas libres y responsables. Los actos de cada uno de nosotros tienen consecuencias y es la Ley la que marca los límites que no pueden ser traspasados. Es algo que ya están comprobando los controladores que decidieron transgredirla. Si en esa deriva cometieron un delito, la Justicia impondrá las penas convenidas en nuestro ordenamiento legal. En todo caso, más allá de su responsabilidad penal, quienes así se condujeron renegaron del compromiso de lealtad que todo servidor público tiene ante la ciudadanía y el Estado.

No se trata de perseguir ni de demonizar a nadie, sino de dejar claro que vivimos en un Estado de Derecho y que los poderes públicos están obligados a salvaguardar los derechos de los ciudadanos, entre ellos, el derecho a viajar. Y también el derecho al trabajo, que sin duda ha quedado menoscabado en determinadas zonas de España, donde además de los efectos de la crisis, ha habido que soportar las consecuencias derivadas de la irresponsable actuación de un grupo de controladores aéreos.