Baltasar Garzón y los impunes

La otra noche, viendo la entrevista que Jordi Évole hizo a Baltasar Garzón en La Sexta, no pude dejar de pensar en una evidencia que estuvo ausente de los discursos explícitos de entrevistador y entrevistado: el mismo juez que en los 90s impulsó el procesamiento de dos ministros del Interior socialistas y de la cúpula antiterrorista por el GAL había sido expulsado de la judicatura a principios de este año por investigar los crímenes del franquismo y la trama de corrupción del PP de la Gürtel. Y esa imagen me devolvía a los límites de la Transición. Las dificultades de los progresistas y los demócratas en general para consolidar un régimen esencialmente igualitario y radicalmente democrático en nuestro país. La persistencia de espacios de impunidad que no se ha sabido, y en algunos casos tal vez no se ha querido, quebrar. Soy de los que piensa, aún hoy, que la transición de la dictadura a la democracia abrió en mejor de nuestros periódos históricos, sin duda. Pero deberemos profundizar más, mucho más en nuestras convicciones democráticas para que los heraldos de la liquidación no nos devuelvan a la oscuridad.

Baltasar Garzón visita el Centro Clandestino de Detención ESMA. Buenos Aires. Argentina. 1 de agosto de 2005. Esta imagen proviene de la página Presidencia de la Nación Argentina, disponible bajo la licencia Creative Commons Atribución 2.0 Genérica

Igualdad

Dejó escrito Jean Jacques Rousseau que sólo las sociedades cohesionadas, aquellas, decía, en las que nadie pueda ser tan rico como para comprar a otro, ni tan pobre como para estar obligado a venderse para vivir, pueden garantizar la paz social necesaria para progresar. Hace 250 años que el sabio de Ginebra escribió estas palabras en pro de la igualdad en El contrato social. Hoy las políticas de desinversión pública y descapitalización social impuestas por las élites europeas y nacionales nos conducen, si la ciudadanía no lo remedia, a la destrucción del más preciado valor de nuestras sociedades: la cohesión, la justicia social, la igualdad de oportunidades para todos y todas. El fetichismo del déficit ha convertido la necesaria y deseable austeridad en la gestión de lo público en la coartada perfecta para la liquidación del sueño posible de la igualdad. Es falso que esa sea la vía para garantizar un futuro mejor a las y los europeos. Porque es, precisamente, la identidad igualitaria de la Europa social su más eficaz ventaja competitiva frente a otros modelos de crecimiento y desarrollo. Los Díaz Ferrán de turno, indignos e indecentes devoradores de dignidades y decencias ajenas, no pueden ganar esta batalla, no pueden robarnos también nuestra libertad para ser iguales siendo diferentes.

Demand the Beveridge Plan. 1944.
 London School of Economics Library, vía Flickr.
Documento sin restricciones conocidas de derechos de autor.
Comienza el sueño social europeo.

Servidores públicos

Emitido en el programa Castellón en la onda de Onda Cero Castellón el 13 de diciembre de 2011.


Buenos días Lorena:

Me vas a permitir que hable hoy desde esta tribuna de los servidores públicos. De los funcionarios y funcionarias y del resto de empleados que trabajan en nuestras administraciones y empresas públicas.

A lo largo de las últimas décadas de convivencia democrática en nuestro país, el servicio público ha conocido un vertiginoso proceso de profesionalización y modernización. Las obsoletas y arbitrarias estructuras administrativas de la dictadura franquista dejaron paso a un Estado de Derecho homologable al de los países de nuestro entorno. Y para su funcionamiento, el desarrollo legislativo de la Constitución ha ido creando una nueva Administración garante del reconocimiento de derechos y del cumplimiento de deberes de la ciudadanía.

Las empleadas y los empleados públicos son el alma del Estado democrático; por ello deben ser valorados por sus conciudadanos. En este tiempo en el que el espacio de lo público pretende ser achicado, es justo reconocer la contribución decisiva de aquellos al desarrollo de nuestra sociedad. Porque, como alguien dejó escrito, “no hay buena sociedad que dure sin una buena administración que la sirva”.

Tengo el convencimiento de que la acción pública es una palanca de cambio muy poderosa para avanzar hacia una sociedad más abierta, más libre, más tolerante y más solidaria. Para ello necesitamos de un servicio público que garantice la no exclusión social, la igualdad de oportunidades, el progreso personal de todos y la sostenibilidad de nuestras actuaciones públicas y privadas.

A quienes hoy enarbolan las banderas de menos Administración, yo les digo, Lorena: no menos sino mejor Administración, la que sea necesaria para afrontar con diligencia los enormes retos que tenemos como sociedad. Ni un empleado público más de lo necesario pero tampoco ninguno menos de lo que requiere la exigencia del momento que vivimos.

Mi agradecimiento sincero a los servidores públicos que trabajan en las distintas administraciones en Castellón, por su entrega y dedicación en beneficio de la sociedad.

A todos y a todas, buena suerte y que la semana les sea propicia. Salud, Lorena.

Windsor, Inglaterra. Agosto de 2005.

Estado de Derecho

Publicado en Mediterráneo el 11 de diciembre de 2010


El pasado jueves escuché en la radio a un padre de Benicàssim contar con amargura y resignación el momento en el que comunicó a su hijo que no podría realizar el esperado viaje a EuroDisney. Así lo habían decidido un grupo de controladores aéreos, a quienes no tembló el pulso a la hora de recurrir al chantaje para aferrarse a los privilegios desorbitados de que venían disfrutando desde hace muchos años.

Su intención era clara: querían poner de rodillas al Gobierno de España y al conjunto de la ciudadanía. Se sentían poderosos, imprescindibles e intocables. Aunque como es público y notorio, midieron mal las consecuencias de su envite. El error fue de bulto y su disparatada osadía fue respondida con firmeza por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un gabinete que frente al chantaje, exhibió valentía. Frente a la sinrazón, enarboló la bandera del Estado de Derecho. Y frente al atropello, recurrió a la Constitución.

El Gobierno respondió con rapidez, serenidad y firmeza, lo que permitió restablecer el tráfico aéreo en tan sólo 24 horas. Se trataba de restituir la legalidad con la mayor celeridad posible, salvaguardando los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Había que hacerlo de inmediato y se hizo. Se optó por militarizar a los causantes del conflicto y éstos reaccionaron con rapidez.

No deja de causar extrañeza que una vez militarizados y tras la declaración del Estado de alarma, al ser informados de que podrían verse abocados a un posible proceso por sedición, los controladores recuperaran la salud de forma abrupta y sorprendente. La tarde del pasado viernes decidieron jugarse el todo por el todo y acabaron perdiendo la razón, el prestigio social y el respeto de la ciudadanía. El sábado, de manera repentina, todos ellos habían superado sus recurrentes cuadros de ansiedad.

Quisieron afrentar al Gobierno y éste respondió con la máxima contundencia. Con la Constitución en la mano recurrió al proceso de militarización y a la declaración del estado de alarma previsto en nuestra Carta Magna. Hizo, durante el puente de la Constitución, lo que tenía que hacer. Supo estar a la altura de las circunstancias, a pesar de la presión ambiental del momento. Lo prioritario era recuperar la normalidad en el espacio aéreo español y en nuestros aeropuertos, y a esta tarea se entregó obteniendo resultados deseados en un corto espacio de tiempo.

Parece claro que, a tenor del mensaje lanzado por el Gobierno, habrá un antes y un después del órdago de los controladores. Creo que a estas alturas ya todos tenemos claro que los ciudadanos no pueden ser tomados como rehenes por nadie y que en el futuro no se van a consentir afrentas de ningún tipo.

Vivimos en un Estado de Derecho, en una democracia de ciudadanos y ciudadanas libres y responsables. Los actos de cada uno de nosotros tienen consecuencias y es la Ley la que marca los límites que no pueden ser traspasados. Es algo que ya están comprobando los controladores que decidieron transgredirla. Si en esa deriva cometieron un delito, la Justicia impondrá las penas convenidas en nuestro ordenamiento legal. En todo caso, más allá de su responsabilidad penal, quienes así se condujeron renegaron del compromiso de lealtad que todo servidor público tiene ante la ciudadanía y el Estado.

No se trata de perseguir ni de demonizar a nadie, sino de dejar claro que vivimos en un Estado de Derecho y que los poderes públicos están obligados a salvaguardar los derechos de los ciudadanos, entre ellos, el derecho a viajar. Y también el derecho al trabajo, que sin duda ha quedado menoscabado en determinadas zonas de España, donde además de los efectos de la crisis, ha habido que soportar las consecuencias derivadas de la irresponsable actuación de un grupo de controladores aéreos.

El imperio de la ley

Publicado en Mediterráneo el 10 de julio de 2010

No sé yo si el empecinamiento de algunos dirigentes popularistas por impedir la puesta en marcha de la educación para la ciudadanía tiene que ver con el espectáculo lamentable al que hemos asistido durante esta semana. No sé si su oposición a la potenciación de la enseñanza de los valores democráticos es puro reflejo de su deriva política. No lo sé. Pero de lo que no tengo ninguna duda es de que la democracia, nuestra democracia se debilita cada vez que un responsable público se niega a cumplir las leyes.

Cuando el presidente de Murcia anunció el pasado lunes que en su comunidad autónoma no se iba a aplicar la nueva ley sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo mostró, una vez más, la futilidad del compromiso de algunos gobernantes con el estado de Derecho. Porque lo que estaba haciendo Ramón Luis Valcárcel al afirmar su insumisión no se dirigía sólo a los derechos de las mujeres; era una afrenta a nuestro sistema político y legal.

Es, ya saben, práctica habitual. Lo hacen con la legislación sobre el tabaco, la dependencia o la educación para la ciudadanía, por citar sólo algunos ejemplos. Ya lo dijo José María Aznar en aquella tarde célebre de 2007: “A mí no me gusta que me digan no puede ir usted a más de tanta velocidad, debe usted evitar esto y además a usted le prohíbo beber vino”, en relación con las campañas de la Dirección General de Tráfico. “Qué quiere decir eso de cumplir las leyes que nos impone el Gobierno”, debía estar pensando el presidente de honor del Partido Popular.

En una democracia las leyes las hacen y las modifican los parlamentos. Es allí donde, durante el proceso de su elaboración, se confrontan las ideas y se debaten las distintas posiciones. Pero una vez aprobadas por la mayoría parlamentaria son de cumplimiento obligado para todos y en especial para los poderes públicos: es el imperio de la ley. Así de sencillo e inequívoco. Es el fundamento de la vida democrática.

Valcárcel sabe que esto es así. Como lo saben quienes en nuestra tierra alientan una y otra vez al incumplimiento de las leyes. Lo hacen para generar ruido, para propiciar la bronca pública por puro tacticismo electoralista. Haciéndolo no son sólo desleales con el Gobierno de España, ni con el Estado democrático; lo son, especialmente, con la sociedad, con la ciudadanía.

Sobreactúan para provocar el desasosiego de la gente. No es una cuestión de principios, no. Es una cuestión de oportunismo hipócrita. ¿Se acuerdan lo que dijeron del matrimonio homosexual? Ahora se fotografían ufanos junto a parejas de recién casados gracias a esa ley. Es su forma de actuar. Y lo hacen sin el más mínimo rubor.

Ellos saben que la nueva legislación sobre el aborto está en línea con la legislación de nuestros vecinos europeos. Saben que, aunque votaron en contra de la despenalización de 1985, no la derogaron durante los ocho años que estuvieron al frente del Gobierno de España. Saben que es indigno que una sola mujer entre en prisión por interrumpir voluntariamente su embarazo, como podía ocurrir hasta esta misma semana. Lo saben pero prefieren hacer ruido.

Y así, entre bronca y bronca, vamos dejándonos jirones de la credibilidad de la política sobre la que se construye la democracia. Ah, se me olvidaba: Murcia es la comunidad autónoma con mayor tasa de abortos de toda España.