Estado de Derecho

Publicado en Mediterráneo el 11 de diciembre de 2010


El pasado jueves escuché en la radio a un padre de Benicàssim contar con amargura y resignación el momento en el que comunicó a su hijo que no podría realizar el esperado viaje a EuroDisney. Así lo habían decidido un grupo de controladores aéreos, a quienes no tembló el pulso a la hora de recurrir al chantaje para aferrarse a los privilegios desorbitados de que venían disfrutando desde hace muchos años.

Su intención era clara: querían poner de rodillas al Gobierno de España y al conjunto de la ciudadanía. Se sentían poderosos, imprescindibles e intocables. Aunque como es público y notorio, midieron mal las consecuencias de su envite. El error fue de bulto y su disparatada osadía fue respondida con firmeza por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un gabinete que frente al chantaje, exhibió valentía. Frente a la sinrazón, enarboló la bandera del Estado de Derecho. Y frente al atropello, recurrió a la Constitución.

El Gobierno respondió con rapidez, serenidad y firmeza, lo que permitió restablecer el tráfico aéreo en tan sólo 24 horas. Se trataba de restituir la legalidad con la mayor celeridad posible, salvaguardando los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Había que hacerlo de inmediato y se hizo. Se optó por militarizar a los causantes del conflicto y éstos reaccionaron con rapidez.

No deja de causar extrañeza que una vez militarizados y tras la declaración del Estado de alarma, al ser informados de que podrían verse abocados a un posible proceso por sedición, los controladores recuperaran la salud de forma abrupta y sorprendente. La tarde del pasado viernes decidieron jugarse el todo por el todo y acabaron perdiendo la razón, el prestigio social y el respeto de la ciudadanía. El sábado, de manera repentina, todos ellos habían superado sus recurrentes cuadros de ansiedad.

Quisieron afrentar al Gobierno y éste respondió con la máxima contundencia. Con la Constitución en la mano recurrió al proceso de militarización y a la declaración del estado de alarma previsto en nuestra Carta Magna. Hizo, durante el puente de la Constitución, lo que tenía que hacer. Supo estar a la altura de las circunstancias, a pesar de la presión ambiental del momento. Lo prioritario era recuperar la normalidad en el espacio aéreo español y en nuestros aeropuertos, y a esta tarea se entregó obteniendo resultados deseados en un corto espacio de tiempo.

Parece claro que, a tenor del mensaje lanzado por el Gobierno, habrá un antes y un después del órdago de los controladores. Creo que a estas alturas ya todos tenemos claro que los ciudadanos no pueden ser tomados como rehenes por nadie y que en el futuro no se van a consentir afrentas de ningún tipo.

Vivimos en un Estado de Derecho, en una democracia de ciudadanos y ciudadanas libres y responsables. Los actos de cada uno de nosotros tienen consecuencias y es la Ley la que marca los límites que no pueden ser traspasados. Es algo que ya están comprobando los controladores que decidieron transgredirla. Si en esa deriva cometieron un delito, la Justicia impondrá las penas convenidas en nuestro ordenamiento legal. En todo caso, más allá de su responsabilidad penal, quienes así se condujeron renegaron del compromiso de lealtad que todo servidor público tiene ante la ciudadanía y el Estado.

No se trata de perseguir ni de demonizar a nadie, sino de dejar claro que vivimos en un Estado de Derecho y que los poderes públicos están obligados a salvaguardar los derechos de los ciudadanos, entre ellos, el derecho a viajar. Y también el derecho al trabajo, que sin duda ha quedado menoscabado en determinadas zonas de España, donde además de los efectos de la crisis, ha habido que soportar las consecuencias derivadas de la irresponsable actuación de un grupo de controladores aéreos.

Colaborar para mejorar

Publicado en Mediterráneo en julio de 2007.

Hace unos días me reuní en la Subdelegación del Gobierno con la dirección de Aerocas para determinar las necesidades en materia de seguridad del futuro aeropuerto de Vilanova. Fruto de ese encuentro, que daba continuidad al propiciado hace un año por Juan María Calles, fue la creación de un grupo de trabajo conjunto que fijará las infraestructuras que precisan la Guardia Civil y la Policía Nacional en el recinto aeroportuario.

Es este un buen ejemplo de cooperación administrativa. Porque las distintas administraciones deben colaborar con lealtad para resolver con eficacia las demandas y las necesidades de ciudadanos y ciudadanas. Y mal haremos los responsables públicos si anteponemos con deslealtad nuestros intereses personales o de partido a los intereses generales de la ciudadanía. Así lo entiende, al menos, el Gobierno de Zapatero.

Lamentablemente otros no comparten esos principios. No voy a insistir en la actitud del Ayuntamiento de Castellón respecto de la N340 o de la Comisaría de Policía. Se ha escrito ya demasiado sobre eso. Ni voy a referirme al bochornoso episodio de la concejala Gallén, cuestionando la profesionalidad y la honorabilidad de nuestras Fuerzas Armadas en el acto de la arriada de bandera en la Comandancia Naval del Grao. Esto queda en el ámbito de lo grotesco y no merece mayor atención.

Estos días estamos teniendo conocimiento de otro ejemplo manifiesto de deslealtad entre administraciones: la actitud del Govern de la Generalitat respecto de la desaladora de Torrevieja. De nada ha servido que el Tribunal Supremo haya dado la razón a la empresa pública Acuamed en el impulso del proyecto que había sido paralizado por el Consell. Camps sigue, erre que erre, poniendo impedimentos a una infraestructura que permitirá cubrir las necesidades de agua de la Vega Baja del Segura. Ese es su estilo: cuanto peor, mejor. Ya lo demostraron, hace dos años, con el bloqueo del convenio para la construcción de la desaladora de Oropesa.

No sé si ustedes coincidirán conmigo, pero no creo que esto sea gobernar con buen juicio. El partido de Acebes y Aznar mantiene su cruzada particular contra todo aquello que discrepe de su forma de ver y entender el mundo. Ya saben: “antes rota que roja”. Lo cierto es que el PP, al asumir la deslealtad como principio de su relación con el Gobierno de España, está transmitiendo a la sociedad una imagen tremendamente negativa. Y de ello se hacen eco, uno tras otro, los distintos sondeos de opinión.

Miren, el barómetro de julio del Centro de Investigaciones Sociológicas es así de contundente: el 50 por 100 de los encuestados considera malo o muy malo el trabajo del PP en la oposición. Más aún, sólo un 14 por 100 cree que la labor de los populistas en la oposición es buena o muy buena. Y en lo que se refiere a la confianza que inspira el señor Rajoy, la misma contundencia: 75 de cada 100 españoles desconfían del jefe del PP, y a sólo 23 les inspira confianza. Por eso no es de extrañar que los ciudadanos aprueben al presidente Rodríguez Zapatero frente al deficiente 3,8 de don Mariano, por detrás de Gaspar Llamazares o de Josep Antoni Duran i Lleida

Esto es lo que hay. Los ciudadanos terminan por hartarse de tanta deslealtad, de tanto juego sucio y de tanto desvarío político.