Falta poco más de una semana para que los ciudadanos y las ciudadanas extranjeras en situación irregular dejen de ser atendidos por la sanidad pública española. El primero de septiembre, justo un mes después del comienzo de la liquidación del sistema nacional de atención a las personas dependientes, se iniciará el estado de excepción sanitaria para miles de hombres y mujeres en nuestro país. Una medida indecente e indigna que no persigue ni la racionalización ni el ahorro de recursos públicos; no es una política de lucha contra la crisis, no. Es una medida señuelo, de carácter puramente ideológico, que busca el placebo necesario para que la ciudadanía acepte los recortes masivos en la sanidad pública que comenzarán a percibirse de forma generalizada durante el otoño. Una decisión que nace de las entrañas de la demagogia más insolidaridad para entregar un chivo expiatorio en el altar del pánico que atenaza a la ciudadanía. Es posible que el sacrificio de los inocentes aplaque la ira de muchos. Lo sé. Pero sé también que así, paso a paso, demonizando a diestro y siniestro, señalando a este y a aquel grupo social como causantes de nuestros males, acabaremos por convertirnos en una sociedad indecente. Tal vez eso es lo que quieran algunos.
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