El imperio de la ley

Publicado en Mediterráneo el 10 de julio de 2010

No sé yo si el empecinamiento de algunos dirigentes popularistas por impedir la puesta en marcha de la educación para la ciudadanía tiene que ver con el espectáculo lamentable al que hemos asistido durante esta semana. No sé si su oposición a la potenciación de la enseñanza de los valores democráticos es puro reflejo de su deriva política. No lo sé. Pero de lo que no tengo ninguna duda es de que la democracia, nuestra democracia se debilita cada vez que un responsable público se niega a cumplir las leyes.

Cuando el presidente de Murcia anunció el pasado lunes que en su comunidad autónoma no se iba a aplicar la nueva ley sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo mostró, una vez más, la futilidad del compromiso de algunos gobernantes con el estado de Derecho. Porque lo que estaba haciendo Ramón Luis Valcárcel al afirmar su insumisión no se dirigía sólo a los derechos de las mujeres; era una afrenta a nuestro sistema político y legal.

Es, ya saben, práctica habitual. Lo hacen con la legislación sobre el tabaco, la dependencia o la educación para la ciudadanía, por citar sólo algunos ejemplos. Ya lo dijo José María Aznar en aquella tarde célebre de 2007: “A mí no me gusta que me digan no puede ir usted a más de tanta velocidad, debe usted evitar esto y además a usted le prohíbo beber vino”, en relación con las campañas de la Dirección General de Tráfico. “Qué quiere decir eso de cumplir las leyes que nos impone el Gobierno”, debía estar pensando el presidente de honor del Partido Popular.

En una democracia las leyes las hacen y las modifican los parlamentos. Es allí donde, durante el proceso de su elaboración, se confrontan las ideas y se debaten las distintas posiciones. Pero una vez aprobadas por la mayoría parlamentaria son de cumplimiento obligado para todos y en especial para los poderes públicos: es el imperio de la ley. Así de sencillo e inequívoco. Es el fundamento de la vida democrática.

Valcárcel sabe que esto es así. Como lo saben quienes en nuestra tierra alientan una y otra vez al incumplimiento de las leyes. Lo hacen para generar ruido, para propiciar la bronca pública por puro tacticismo electoralista. Haciéndolo no son sólo desleales con el Gobierno de España, ni con el Estado democrático; lo son, especialmente, con la sociedad, con la ciudadanía.

Sobreactúan para provocar el desasosiego de la gente. No es una cuestión de principios, no. Es una cuestión de oportunismo hipócrita. ¿Se acuerdan lo que dijeron del matrimonio homosexual? Ahora se fotografían ufanos junto a parejas de recién casados gracias a esa ley. Es su forma de actuar. Y lo hacen sin el más mínimo rubor.

Ellos saben que la nueva legislación sobre el aborto está en línea con la legislación de nuestros vecinos europeos. Saben que, aunque votaron en contra de la despenalización de 1985, no la derogaron durante los ocho años que estuvieron al frente del Gobierno de España. Saben que es indigno que una sola mujer entre en prisión por interrumpir voluntariamente su embarazo, como podía ocurrir hasta esta misma semana. Lo saben pero prefieren hacer ruido.

Y así, entre bronca y bronca, vamos dejándonos jirones de la credibilidad de la política sobre la que se construye la democracia. Ah, se me olvidaba: Murcia es la comunidad autónoma con mayor tasa de abortos de toda España.