Hace unos días, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, hacía público el balance de seguridad vial de 2010. En él se destacaba que por séptimo año consecutivo ha descendido la inseguridad en las carreteras españolas. Durante el año que acaba de terminar han muerto 1.730 ciudadanos y ciudadanas víctimas de accidentes de circulación; y 7.954 han sufrido heridas de gravedad. Son cifras dolorosas, sin duda. Miles de familias españolas han visto truncado su proyecto de vida en la carretera.
No obstante, 2010 ha consolidado la tendencia de los últimos años en la fuerte disminución de la siniestralidad vial. En el trienio 2001-2003 las víctimas mortales fueron 12.027; en 2008-2010 han sido 5.813. Por lo que se refiere a los heridos graves, se ha pasado de 57.130 en los tres primeros años de la década a 28.292 en el último trienio. Esta evolución ha permitido bajar significativamente el promedio diario de muertos en nuestras carreteras: hemos pasado de 10,9 en 2003 a 4,7 en 2010. En Castellón, el año recién concluido, han muerto 27 personas, 35 menos que en 2009 y 80 menos que en 2003.
Tras estas cifras sigue habiendo dolor, mucho dolor. Pero, también, esperanza. Miles de hombres y mujeres siguen con vida gracias a esa evolución. En los últimos siete años hemos reducido en un 57 por ciento las víctimas mortales. Hay que retrotraerse hasta 1963 para encontrar una cifra similar de muertes a las producidas en 2010; entonces nuestro parque de vehículos era de 1,7 millones, hoy superamos los 31 millones.
A lo largo de estos años hemos avanzado notablemente en el ranking europeo de seguridad vial. Así, mientras en 2003 ocupábamos el puesto 17, por detrás de Eslovenia, Estonia o Eslovaquia, en 2009 habíamos avanzado hasta el puesto 9, muy cerca de Dinamarca y por delante de países como Francia o Italia. Este es un logro colectivo, sin duda. Un logro de país, del que debemos sentirnos razonablemente satisfechos como sociedad.
El Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero entendió desde el primer momento que era radicalmente inaceptable que 4.000 compatriotas perdieran su vida cada año sobre el asfalto. O que 19.000 sufrieran graves heridas en accidentes de tráfico. Por ello se redobló el esfuerzo que durante tantos años se venía realizando en este ámbito. Desde 2004 se han incrementado de forma significativa los medios técnicos y tecnológicos contra la inseguridad vial; se ha puesto en marcha el permiso de conducir por puntos; ha entrado en servicio la Fiscalía Especial para Delitos contra la Seguridad Vial; se ha modificado el Código Penal para sancionar con mayor dureza a quienes ponen en riesgo la vida de sus conciudadanos en la carretera; y se ha mejorado nuestra red viaria.
Algunos hicieron chanza del carnet por puntos, o de los radares, o de la restricción en el consumo de alcohol… o de tantas cuestiones amparándose en su, decían, libertad para actuar como les viniera en gana. Hasta un expresidente del Gobierno se sumó al coro para pontificar contra esas medidas: “Déjame que beba tranquilamente; no pongo en riesgo a nadie ni hago daño a los demás”, dijo públicamente Aznar en 2007. Hoy suenan muy lejanas y sin crédito esas palabras.
Hemos hecho un buen trabajo, todos, las autoridades y la ciudadanía. Y hemos de seguir en ese empeño colectivo que nos hace mejores como sociedad. Porque no podemos consentir que la irresponsabilidad o la falta de escrúpulos de unos pocos acabe con la tranquilidad, el bienestar o la vida de la inmensa mayoría.
No hay comentarios:
Publicar un comentario