Austeridad responsable

Publicado en Mediterráneo el 24 de julio de 2010

La ralentización en la ejecución de determinadas infraestructuras del transporte y las comunicaciones es una de las consecuencias indeseadas de la gravísima crisis económica que estamos sufriendo. Las distintas administraciones públicas, desde el Gobierno de España al Consell de la Generalitat, pasando por diputaciones y ayuntamientos están reprogramando sus previsiones para adecuar el ritmo en la construcción de esas infraestructuras a los recursos financieros públicos disponibles. Están buscando, también, otras fuentes de financiación que, procedentes del ámbito privado empresarial, puedan asegurar la materialización en el menor tiempo posible de aquellos proyectos que se consideren estratégicos. Y, paralelamente a todo ello, están revisando la necesidad real de determinadas propuestas que puedan resultar redundantes sin aportar los beneficios sociales y económicos exigibles.

Tengan la certeza de que esto no resulta fácil para ningún gobierno. Son medidas impopulares; pero son, como decía el ministro Blanco en el Congreso, imprescindibles para navegar en este nuevo tramo de la crisis con garantías de mantener la recuperación y afrontar con éxito los nuevos retos del futuro. El Gobierno de España lo entiende así, para no renunciar a ninguno de los objetivos estratégicos de se consideran necesarios para nuestra tierra y para el conjunto de España. Y estoy convencido de que así lo entienden también desde otros gobiernos. ¿O creen ustedes que los responsables del Consell de la Generalitat se sienten satisfechos al ralentizar hasta la parálisis el TRAM de la Plana o la circunvalación de Castellón o renunciar a Mundo Ilusión? ¿O el equipo de gobierno local de la capital al verse incapaz de construir el nuevo edificio municipal sobre el viejo asilo o acometer sus muchos otros proyectos pendientes?

Sí, estamos en un momento difícil para Castellón y para el conjunto de Europa. Un tiempo de dificultad que va a alumbrar un nuevo período de prosperidad, sin duda, más sostenible, más razonable y más equilibrada; pero para ello, para salir de este tiempo complejo y construir un futuro de progreso hay que tomar ahora decisiones con determinación.

La coyuntura que vivimos exige de las administraciones españolas la reducción drástica del déficit entre ingresos y gastos provocado por la crisis y sanear el endeudamiento público y privado que tenemos con el exterior. Hemos de hacerlo impulsando políticas de progreso que garanticen mayor cohesión social y territorial, que nos permitan transitar a un nuevo modelo de desarrollo más sostenible y competitivo y que minimicen en la mayor medida posible el impacto de la crisis sobre la gente.

Es comprensible que en primera instancia las políticas de austeridad y reducción del gasto público, tan necesarias en este momento, generen desasosiego y frustración entre los ciudadanos. Sin embargo, cometeríamos un error garrafal, unos y otros, si mientras tanto convirtiéramos la reivindicación responsable y le exigencia razonable en un quejido autoindulgente y victimizador que nos cerrara la salida hacia el futuro. Tenemos limitaciones, seguro. Necesitamos que esas infraestructuras estratégicas estén cuanto antes, sin duda. Pero no partimos de cero, ni mucho menos; no podemos dejar de crear espacios de futuro ahogados en el lamento. Porque tenemos la fuerza, la capacidad, los recursos y el talento necesarios para avanzar con los muchos y buenos mimbres de que ya disponemos ahora.

Mire, en enero del 2011, usted o yo podremos subirnos en un tren AVE en Castellón y llegar menos de tres horas después a Madrid; y lo mismo podrán hacer quienes hagan el recorrido inverso. Reduciremos en hora y media el tiempo en recorrer ese trayecto. Y, mientras tanto, trabajaremos para que en el 2014 dispongamos de la nueva plataforma para viajeros entre Valencia y Castellón. Esto es lo que ahora podemos hacer. Esto es lo que el país, en las actuales circunstancias, se puede permitir. Este es el compromiso cierto y asumible con nuestro futuro: trabajar, trabajar y trabajar. No nos engañemos... y no nos dejemos engañar.

El imperio de la ley

Publicado en Mediterráneo el 10 de julio de 2010

No sé yo si el empecinamiento de algunos dirigentes popularistas por impedir la puesta en marcha de la educación para la ciudadanía tiene que ver con el espectáculo lamentable al que hemos asistido durante esta semana. No sé si su oposición a la potenciación de la enseñanza de los valores democráticos es puro reflejo de su deriva política. No lo sé. Pero de lo que no tengo ninguna duda es de que la democracia, nuestra democracia se debilita cada vez que un responsable público se niega a cumplir las leyes.

Cuando el presidente de Murcia anunció el pasado lunes que en su comunidad autónoma no se iba a aplicar la nueva ley sobre salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo mostró, una vez más, la futilidad del compromiso de algunos gobernantes con el estado de Derecho. Porque lo que estaba haciendo Ramón Luis Valcárcel al afirmar su insumisión no se dirigía sólo a los derechos de las mujeres; era una afrenta a nuestro sistema político y legal.

Es, ya saben, práctica habitual. Lo hacen con la legislación sobre el tabaco, la dependencia o la educación para la ciudadanía, por citar sólo algunos ejemplos. Ya lo dijo José María Aznar en aquella tarde célebre de 2007: “A mí no me gusta que me digan no puede ir usted a más de tanta velocidad, debe usted evitar esto y además a usted le prohíbo beber vino”, en relación con las campañas de la Dirección General de Tráfico. “Qué quiere decir eso de cumplir las leyes que nos impone el Gobierno”, debía estar pensando el presidente de honor del Partido Popular.

En una democracia las leyes las hacen y las modifican los parlamentos. Es allí donde, durante el proceso de su elaboración, se confrontan las ideas y se debaten las distintas posiciones. Pero una vez aprobadas por la mayoría parlamentaria son de cumplimiento obligado para todos y en especial para los poderes públicos: es el imperio de la ley. Así de sencillo e inequívoco. Es el fundamento de la vida democrática.

Valcárcel sabe que esto es así. Como lo saben quienes en nuestra tierra alientan una y otra vez al incumplimiento de las leyes. Lo hacen para generar ruido, para propiciar la bronca pública por puro tacticismo electoralista. Haciéndolo no son sólo desleales con el Gobierno de España, ni con el Estado democrático; lo son, especialmente, con la sociedad, con la ciudadanía.

Sobreactúan para provocar el desasosiego de la gente. No es una cuestión de principios, no. Es una cuestión de oportunismo hipócrita. ¿Se acuerdan lo que dijeron del matrimonio homosexual? Ahora se fotografían ufanos junto a parejas de recién casados gracias a esa ley. Es su forma de actuar. Y lo hacen sin el más mínimo rubor.

Ellos saben que la nueva legislación sobre el aborto está en línea con la legislación de nuestros vecinos europeos. Saben que, aunque votaron en contra de la despenalización de 1985, no la derogaron durante los ocho años que estuvieron al frente del Gobierno de España. Saben que es indigno que una sola mujer entre en prisión por interrumpir voluntariamente su embarazo, como podía ocurrir hasta esta misma semana. Lo saben pero prefieren hacer ruido.

Y así, entre bronca y bronca, vamos dejándonos jirones de la credibilidad de la política sobre la que se construye la democracia. Ah, se me olvidaba: Murcia es la comunidad autónoma con mayor tasa de abortos de toda España.