El caviar de Costa y los impagos de la Generalitat

250 son los millones que la Generalitat debe a 50.000 familias valencianas en razón de subvenciones a la adquisición o rehabilitación de la vivienda. ¡Casi 45 mil millones de pesetas en impagos por este motivo desde marzo de 2009! Otro más de los pozos sin fondo del Gobierno valenciano que se arrastran desde los tiempos de Maricastaña. Los años en que Ricardo Costa encargaba caviar a su conseguidor particular; por cierto, el mismo Costa que ayer, en un alarde de cinismo y desfachatez sin límite, declaraba que el Consell está pagando a todo el mundo. Llegó el fondo de pago a proveedores, allá por julio, y siguen la deudas mil millonarias. Ha llegado el FLA, hace un mes, y seguimos sin liquidez. El agujero negro en que la derecha ha convertido nuestra Administración engulle todo cuanto tiene a su alcance para vomitar miseria y deuda sin fin. Fabra pide tiempo y confianza. Hace 18 meses que ascendió a las alturas y ha perdido lo uno y lo otro.

Los Fabra y el aeropuerto

El anuncio de Fabra senior de que ya tenía resuelta la venta del aeropuerto de Castellón y las dudas que sobre la operación se han afanado en destacar Fabra junior y el conseller del ramo evidencia una vez más el caos que nos gobierna. La opacidad y el oscurantismo como marca de la casa y el sálvese quien pueda como proyecto político. Dudo mucho de que nada se cierre hasta que el Gobierno de España certifique la idoneidad de las instalaciones de Vilanova-Benlloch (recuerdo que durante años ese fue el caballo de batalla del fabrismo contra Zapatero), pero en todo caso es imprescindible que se hagan públicas las negociaciones, si las hubiera, desde el minuto cero. Con quién y qué se está negociando y cuál será el beneficio que de todo esto obtendrán los contribuyentes. La trayectoria de los protagonistas de esta ópera bufa exige transparencia absoluta, explicaciones pormenorizadas en Les Corts y en la Diputación de Castellón y vigilancia extrema por parte de los órganos de control del patrimonio público. Y todo esto sin hablar de las eventuales consecuencias que el cambio de titularidad, de pública a privada, puedan tener sobre el coste de las expropiaciones que en su día se llevaron a cabo, de nuevo de actualidad a raíz de la sentencia del TSJ castellanomanchego dando la razón a los propietarios expropiados para la construcción de aeropuerto de Ciudad Real. Ya está bien de tanto chalaneo con lo que es de todos.

Un Consell de turistas

Llama la atención que el Govern de la Generalitat haya tenido que esperar cuatro años desde el estallido de la crisis para exigir a sus altos cargos austeridad en sus desplazamientos. El Consell va a publicar una orden que impedirá a sus responsables viajar en primera clase y hacerlo con séquito de acompañamiento. Parece que el Gobierno que lleva años de impagos, de incumplimiento de gastos comprometidos, de deuda descontrolada ha caído en la cuenta ahora que sus altos cargos no deben viajar como ricos. Da la sensación de que los mismos que guardaban las facturas de sus proveedores en los cajones, quienes dejaban de abonar las subvenciones y las transferencias a que estaban obligados por ley, da la sensación, digo, que no habían considerado la posibilidad de aplicarse las estrecheces a sí mismos. La Administración autonómica con mayor endeudamiento per cápita de España ha tenido que esperar todo este tiempo para dar órdenes a sus jefes en ese sentido. Ya sé que es una medida económicamente irrelevante que en nada va a resolver la situación de quiebra real que tiene paralizada la Generalitat, pero saber a estas alturas que esas medidas elementales todavía no se habían tomado es lamentable. El Gobierno de Fabra no ha querido saber nada del plan de racionalización de la Administración presentado por el PSPV antes del verano y que suponía la reducción de un buen número de altos cargos prescindibles. Ahora dicen que van a ahorrar viajando en turista. Una de dos: o hasta ahora eran unos manirrotos indecentes, o esto es una más de sus cortinas de humo para aparentar que redistribuyen sacrificios. Yo creo que son las dos cosas.

La última oportunidad de Mariano

Mariano Rajoy perdió ayer su última oportunidad para salir con un mínimo de dignidad del barrizal en que estamos metidos. Una vez más fue incapaz de dar la cara y de estar a la altura de lo exigible a un gobernante en una democracia: estuvo ausente en el debate parlamentario del mayor recorte de derechos de los últimos 40 años en España. No tuvo la gallardía de liderar a su gobierno y a su grupo en un momento crucial, ni de dar las explicaciones que la oposición política y el conjunto de la ciudadanía requerían. Sigue parapetado tras la sonrisilla nerviosa de Montoro, esquivo ante el Parlamento, los medios libres y el pueblo. Ayer cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas ocuparon las calles para decir ¡Basta ya! Hoy, de nuevo, los mercados han recobrado el mando: nuestra prima de riesgo ha superado por primera vez los 600 puntos. Montoro seguirá sonriendo, satisfecho, proclamando al mundo que no merecemos confianza, jugándose nuestro futuro en la ruleta de los mercaderes. Y su jefe, el presidente del Gobierno de España, se fumará un puro esperando a que el Tour llegue a los Campos Elíseos de París. Cuanto peor, mejor, debe pensar.

El liquidador

Dicen los medios que el presidente Rajoy anunciará en el Congreso las duras medidas que tomará el Consejo de Ministros el viernes. Eso dicen, aunque conocida la aversión del jefe de la derecha a dar cuentas ante el Parlamento yo no acabo de creerlo. En cualquier caso vamos a tener, de nuevo, muy malas noticias. El mismo Gobierno que con la mano derecha amnistía a los ricos defraudadores firma con la mano izquierda, decreto tras decreto, sentencias de pena máxima contra nuestro futuro. Es verdad que con la cobertura de la derecha europea en el poder, que sirve de coartada a la veda abierta contra la ciudadanía en España. No, no son medidas estas de austeridad, no confundamos. No tiene nada que ver lo que está haciendo este Gobierno con la austeridad exigible a quien gestiona la cosa pública. Es un programa de liquidación de nuestro modelo de convivencia, de nuestra forma de organización social. Una estrategia preconcebida, que conocían mucho antes de llegar a La Moncloa y que afecta a la economía como a otros ámbitos de la vida social. Actúan por delegación directa de los mandamases, con la convicción del capataz desclasado que fustiga a sus empleados hasta reventarlos. Este camino no nos va a traer el futuro: es el camino de la perdición.

Iluminados

Dicen los astrónomos que Valencia es la ciudad con mayor contaminación lumínica de España y, probablemente, de Europa. La ciudad más iluminada. No sé si eso influirá en la acumulación de iluminados que anida en nuestra tierra, lo que si que es seguro es que esa afirmación da luz sobre los excesos cometidos. Nada más hay que viajar por Europa, ya sea del norte o del sur, para darnos cuenta de que lo nuestro no es normal. Que tenemos un sentido de la desmesura poco compartido. El gasto que nuestros ayuntamientos (léase, cada uno de nosotros y de nosotras) soportan por convertir la noche en día en nuestras calles está fuera de todo sentido común. Sé que se ha hecho un gran esfuerzo durante los últimos años para reducir ese despropósito, pero ha sido tal el desvarío que todavía queda mucho por hacer. A los ciudadanos hay que explicarnos que ese empeño iluminador no es sostenible ni económica ni medioambientalmente. Y a ciertos munícipes que no es ese el camino para acrecentar el patrimonio de determinados amigos. Si seguimos empeñados en leer a la luz de las farolas acabaremos por perder la vista. Tal vez sea por eso por lo que no hemos visto llegar lo que se nos ha echado encima.

Presupuestos en positivo

Publicado en Mediterráneo el 2 de octubre de 2010

El pasado jueves conocimos el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2011. Unas cuentas públicas necesariamente austeras, porque así lo requiere el tiempo que vivimos en España y en el conjunto de la Unión Europea. Unos presupuestos, así mismo, para impulsar las reformas que precisa con urgencia nuestro país sin menoscabar la cohesión social.

Por ello el Gobierno ha fijado tres prioridades en el gasto público: el mantenimiento de las políticas sociales, el reforzamiento de las partidas destinadas a fomentar la I+D+i y la intensificación del esfuerzo público en educación. No en vano, los Presupuestos de 2011 van a ser los que consignen la mayor dotación para becas de estudio de nuestra historia.

Son unos presupuestos responsables, que no miran el rédito electoral fácil sino la solución eficaz a los problemas reales de España. Que persiguen la máxima optimización de cada euro de inversión. Que atienden a lo esencial para construir futuro, aun cuando para ello se tenga que ralentizar la capacidad inversora del Estado y reducir en un 16 por cien de media el gasto de los ministerios.

Unos presupuestos solidarios, en los que el gasto social se ha incrementado un 1,8 por cien. Más de dos mil millones de euros de ese esfuerzo en solidaridad llegarán a Castellón, especialmente destinados a nuestros pensionistas y desempleados.

Y unos presupuestos, también, que apuestan por la modernización y el progreso económico y la mejora de nuestras infraestructuras. Por ello, en 2011 el Gobierno de España incrementará un 15 por cien sus inversiones directas en la provincia de Castellón. Si la previsión de gasto para 2010 era de 175 millones de euros, en 2011 se superarán los 201 millones de euros. Una cifra importante, sin duda, toda vez que el incremento se produce en una coyuntura de austeridad y fuerte contención del gasto.

Mientras las inversiones del Gobierno en el conjunto de España se van a reducir en torno al 30 por cien, en Castellón subirán un 15 por cien respecto a 2010. Mientras algunos quieren ver en ello el “olvido” y el “castigo” del Gobierno de Rodríguez Zapatero a Castellón, los datos nos hablan de compromiso con el desarrollo de nuestra provincia y con el progreso de sus ciudadanos y ciudadanas.

Compromiso con el agua que necesitamos para consolidar nuestro desarrollo presente y futuro. Más de 95 millones de euros para el ahorro, la reutilización, la renovación y reforma de infraestructuras, la modernización de regadíos y la construcción de las desaladoras de Moncofa y Cabanes-Oropesa. Una voluntad cierta y decidida de completar el esfuerzo hecho en los últimos años para garantizar agua para siempre en nuestra tierra, con el convencimiento de que más que las pancartas son las inversiones planificadas las que están dando la solución que exigen los castellonenses.

Compromiso también con la modernización de nuestra conectividad ferroviaria. Los trenes AVE llegarán a Castellón en los próximos meses, acortando la duración del viaje a o desde Madrid a 2 horas y 50 minutos. Pero el Gobierno va a seguir trabajando para incorporar de inmediato a la iniciativa privada en la construcción de la nueva línea de alta velocidad Castellón-Valencia. Está previsto en los presupuestos, como la continuación de los estudios informativos del corredor Castellón-Tarragona, de los accesos ferroviarios al puerto y de la prolongación del servicio de cercanías a Benicàssim. Del mismo modo, el estudio de viabilidad de la conexión mediante cercanías a Vinaròs.

Se dará, con los nuevos presupuestos, el impulso definitivo a las obras de la variante de la N340 entre Peñíscola y Vinaròs y a los proyectos constructivos de la A7 entre Vilanova d’Alcolea y el Perelló, así como a las actuaciones de mejora de la N232 en el puerto de Querol y el entorno de Morella. Del mismo modo, se ejecutarán las obras del nuevo paseo marítimo de Benicàssim y se iniciarán las del parador de turismo de Morella, entre otras inversiones.

Estos son los presupuestos posibles en un tiempo difícil para todos. Los presupuestos que nos han de permitir consolidar la recuperación y afianzar las nuevas pautas de desarrollo que precisamos.

Gasto para la dignidad

Publicado en Mediterráneo el 18 de septiembre de 2010.

1.250 millones de euros. Casi 210.000 millones de las antiguas pesetas. Ese es el gasto que asumirá el Estado en 2010 para atender las más de 130.000 pensiones que perciben miles de ciudadanos y ciudadanas castellonenses: pensiones de jubilación, de viudedad y orfandad, de invalidez; pensiones derivadas del antiguo seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI); pensiones no contributivas. Un gasto de solidaridad, de justicia social, de compromiso con la dignidad.


El sistema público de pensiones es una de las patas que sustenta nuestro Estado del bienestar, junto con los sistemas sanitario, educativo y de atención a la dependencia. Constituyen el núcleo duro de las políticas públicas que hacen del modelo social europeo el más justo e integrador del mundo. Por ello, desde el restablecimiento de la democracia a finales de los años 70 todos los gobiernos españoles han prestado especial atención al fortalecimiento del sistema de pensiones.

España llegó más tarde que el resto de la Europa occidental a las políticas de bienestar; pero el esfuerzo colectivo sostenido a lo largo de las tres últimas décadas nos ha permitido dotarnos de una estructura pública de inserción, protección y promoción social homologable al de las sociedades avanzadas de nuestro entorno. Es cierto que queda mucho por hacer, pero ha sido también mucho lo que hemos hecho.

La acción del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, su compromiso radical con esas políticas de la solidaridad y de la dignidad, ha permitido incrementar las pensiones mínimas en estos últimos seis años en más del 32 por 100, siendo este el período de mayor crecimiento de la historia de nuestro sistema de protección social. En Castellón, por ejemplo, la pensión media ha pasado de 6.958 euros anuales en diciembre de 2004 a 9.464 euros en julio de este año, lo que supone un incremento del 36 por 100 y una revalorización neta (descontado el IPC acumulado en esos seis años) del 20 por 100.

Ese compromiso del Gobierno y el esfuerzo de la sociedad española en estos años cobra especial sentido en nuestra tierra. Castellón ocupa uno de los últimos lugares, entre las provincias de España, en cuanto al valor de las pensiones que perciben nuestros pensionistas. Esto ha venido siendo así históricamente, por razón del tipo de crecimiento económico y desarrollo social sobre el que se ha construido nuestra realidad actual.

En julio de 2010 la pensión media de jubilación percibida por los castellonenses con derecho a ella es de 10.409 euros anuales, la séptima más baja de toda España, sólo por encima de Córdoba, Cáceres, Zamora, Almería, Lugo y Ourense. Hemos ganado un lugar con relación al año 2000 y desde enero de 2005 hemos subido relativamente más que el conjunto del país, pero seguimos estando en el pelotón de cola del ranking provincial, notablemente por debajo de la media nacional.

El mapa de las pensiones de jubilación es un reflejo fiel del mapa de las cotizaciones. Pensiones más bajas hoy refieren a cotizaciones menores ayer, como es fácil reconocer. He leído que algunos, en su ceguera partidista, han llegado a decir en las últimas semanas que el responsable de que nuestras pensiones sean más bajas que en la mayor parte de España es el presidente Zapatero; es, han dicho, una nueva muestra de su obsesiva tendencia a castigar a la gente de Castellón. Quien esto dice no hace más que desacreditarse a sí mismo.

Los y las castellonenses deberíamos ser los más interesados en mantener las políticas de la dignidad para nuestros pensionistas. El Gobierno, a pesar de las excepcionales dificultades por las que atraviesa la economía española y europea, va a seguir trabajando en ello. En 2010 todas las pensiones se han incrementado en un 1 por 100. En 2011 las pensiones mínimas, las no contributivas y las del SOVI lo harán de acuerdo con el incremento del coste de la vida. Este es un esfuerzo de todos que a todos compete. Para continuar, tan pronto superemos las dificultades presentes, con el compromiso de restablecer la línea de crecimiento iniciada en 2005. Por solidaridad, por dignidad y por justicia.

Austeridad responsable

Publicado en Mediterráneo el 24 de julio de 2010

La ralentización en la ejecución de determinadas infraestructuras del transporte y las comunicaciones es una de las consecuencias indeseadas de la gravísima crisis económica que estamos sufriendo. Las distintas administraciones públicas, desde el Gobierno de España al Consell de la Generalitat, pasando por diputaciones y ayuntamientos están reprogramando sus previsiones para adecuar el ritmo en la construcción de esas infraestructuras a los recursos financieros públicos disponibles. Están buscando, también, otras fuentes de financiación que, procedentes del ámbito privado empresarial, puedan asegurar la materialización en el menor tiempo posible de aquellos proyectos que se consideren estratégicos. Y, paralelamente a todo ello, están revisando la necesidad real de determinadas propuestas que puedan resultar redundantes sin aportar los beneficios sociales y económicos exigibles.

Tengan la certeza de que esto no resulta fácil para ningún gobierno. Son medidas impopulares; pero son, como decía el ministro Blanco en el Congreso, imprescindibles para navegar en este nuevo tramo de la crisis con garantías de mantener la recuperación y afrontar con éxito los nuevos retos del futuro. El Gobierno de España lo entiende así, para no renunciar a ninguno de los objetivos estratégicos de se consideran necesarios para nuestra tierra y para el conjunto de España. Y estoy convencido de que así lo entienden también desde otros gobiernos. ¿O creen ustedes que los responsables del Consell de la Generalitat se sienten satisfechos al ralentizar hasta la parálisis el TRAM de la Plana o la circunvalación de Castellón o renunciar a Mundo Ilusión? ¿O el equipo de gobierno local de la capital al verse incapaz de construir el nuevo edificio municipal sobre el viejo asilo o acometer sus muchos otros proyectos pendientes?

Sí, estamos en un momento difícil para Castellón y para el conjunto de Europa. Un tiempo de dificultad que va a alumbrar un nuevo período de prosperidad, sin duda, más sostenible, más razonable y más equilibrada; pero para ello, para salir de este tiempo complejo y construir un futuro de progreso hay que tomar ahora decisiones con determinación.

La coyuntura que vivimos exige de las administraciones españolas la reducción drástica del déficit entre ingresos y gastos provocado por la crisis y sanear el endeudamiento público y privado que tenemos con el exterior. Hemos de hacerlo impulsando políticas de progreso que garanticen mayor cohesión social y territorial, que nos permitan transitar a un nuevo modelo de desarrollo más sostenible y competitivo y que minimicen en la mayor medida posible el impacto de la crisis sobre la gente.

Es comprensible que en primera instancia las políticas de austeridad y reducción del gasto público, tan necesarias en este momento, generen desasosiego y frustración entre los ciudadanos. Sin embargo, cometeríamos un error garrafal, unos y otros, si mientras tanto convirtiéramos la reivindicación responsable y le exigencia razonable en un quejido autoindulgente y victimizador que nos cerrara la salida hacia el futuro. Tenemos limitaciones, seguro. Necesitamos que esas infraestructuras estratégicas estén cuanto antes, sin duda. Pero no partimos de cero, ni mucho menos; no podemos dejar de crear espacios de futuro ahogados en el lamento. Porque tenemos la fuerza, la capacidad, los recursos y el talento necesarios para avanzar con los muchos y buenos mimbres de que ya disponemos ahora.

Mire, en enero del 2011, usted o yo podremos subirnos en un tren AVE en Castellón y llegar menos de tres horas después a Madrid; y lo mismo podrán hacer quienes hagan el recorrido inverso. Reduciremos en hora y media el tiempo en recorrer ese trayecto. Y, mientras tanto, trabajaremos para que en el 2014 dispongamos de la nueva plataforma para viajeros entre Valencia y Castellón. Esto es lo que ahora podemos hacer. Esto es lo que el país, en las actuales circunstancias, se puede permitir. Este es el compromiso cierto y asumible con nuestro futuro: trabajar, trabajar y trabajar. No nos engañemos... y no nos dejemos engañar.