Gasto para la dignidad

Publicado en Mediterráneo el 18 de septiembre de 2010.

1.250 millones de euros. Casi 210.000 millones de las antiguas pesetas. Ese es el gasto que asumirá el Estado en 2010 para atender las más de 130.000 pensiones que perciben miles de ciudadanos y ciudadanas castellonenses: pensiones de jubilación, de viudedad y orfandad, de invalidez; pensiones derivadas del antiguo seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI); pensiones no contributivas. Un gasto de solidaridad, de justicia social, de compromiso con la dignidad.


El sistema público de pensiones es una de las patas que sustenta nuestro Estado del bienestar, junto con los sistemas sanitario, educativo y de atención a la dependencia. Constituyen el núcleo duro de las políticas públicas que hacen del modelo social europeo el más justo e integrador del mundo. Por ello, desde el restablecimiento de la democracia a finales de los años 70 todos los gobiernos españoles han prestado especial atención al fortalecimiento del sistema de pensiones.

España llegó más tarde que el resto de la Europa occidental a las políticas de bienestar; pero el esfuerzo colectivo sostenido a lo largo de las tres últimas décadas nos ha permitido dotarnos de una estructura pública de inserción, protección y promoción social homologable al de las sociedades avanzadas de nuestro entorno. Es cierto que queda mucho por hacer, pero ha sido también mucho lo que hemos hecho.

La acción del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, su compromiso radical con esas políticas de la solidaridad y de la dignidad, ha permitido incrementar las pensiones mínimas en estos últimos seis años en más del 32 por 100, siendo este el período de mayor crecimiento de la historia de nuestro sistema de protección social. En Castellón, por ejemplo, la pensión media ha pasado de 6.958 euros anuales en diciembre de 2004 a 9.464 euros en julio de este año, lo que supone un incremento del 36 por 100 y una revalorización neta (descontado el IPC acumulado en esos seis años) del 20 por 100.

Ese compromiso del Gobierno y el esfuerzo de la sociedad española en estos años cobra especial sentido en nuestra tierra. Castellón ocupa uno de los últimos lugares, entre las provincias de España, en cuanto al valor de las pensiones que perciben nuestros pensionistas. Esto ha venido siendo así históricamente, por razón del tipo de crecimiento económico y desarrollo social sobre el que se ha construido nuestra realidad actual.

En julio de 2010 la pensión media de jubilación percibida por los castellonenses con derecho a ella es de 10.409 euros anuales, la séptima más baja de toda España, sólo por encima de Córdoba, Cáceres, Zamora, Almería, Lugo y Ourense. Hemos ganado un lugar con relación al año 2000 y desde enero de 2005 hemos subido relativamente más que el conjunto del país, pero seguimos estando en el pelotón de cola del ranking provincial, notablemente por debajo de la media nacional.

El mapa de las pensiones de jubilación es un reflejo fiel del mapa de las cotizaciones. Pensiones más bajas hoy refieren a cotizaciones menores ayer, como es fácil reconocer. He leído que algunos, en su ceguera partidista, han llegado a decir en las últimas semanas que el responsable de que nuestras pensiones sean más bajas que en la mayor parte de España es el presidente Zapatero; es, han dicho, una nueva muestra de su obsesiva tendencia a castigar a la gente de Castellón. Quien esto dice no hace más que desacreditarse a sí mismo.

Los y las castellonenses deberíamos ser los más interesados en mantener las políticas de la dignidad para nuestros pensionistas. El Gobierno, a pesar de las excepcionales dificultades por las que atraviesa la economía española y europea, va a seguir trabajando en ello. En 2010 todas las pensiones se han incrementado en un 1 por 100. En 2011 las pensiones mínimas, las no contributivas y las del SOVI lo harán de acuerdo con el incremento del coste de la vida. Este es un esfuerzo de todos que a todos compete. Para continuar, tan pronto superemos las dificultades presentes, con el compromiso de restablecer la línea de crecimiento iniciada en 2005. Por solidaridad, por dignidad y por justicia.