La decisión de Juan Carlos de Borbón de residir fuera de España a raíz de la investigación de su patrimonio familiar y de los negocios opacos que en torno al mismo se hayan podido realizar es la única salida que cabía desde la lógica de la monarquía que encarna hoy su hijo. El recuento de daños que la sucesión de escándalos vinculados al anterior jefe del Estado está causando a la legitimidad de esa institución lo hacia inevitable. Como lo será su renuncia al título de rey que sigue conservando. Corresponde a la lógica del Estado y de la democracia, por su parte, que esa salida del país no se convierta en una huída frente a la acción de la Justicia. Y que los méritos que en el pasado acumulara Juan Carlos en su contribución a la recuperación de la democracia en España no impidan la exigencia de responsabilidades por actos ilícitos o éticamente reprobables. La monarquía pasa un muy mal momento que trasciende con mucho los intereses de la família Borbón. Es el daño reputacional que proyecta sobre los intereses nacionales y de la ciudadanía. Es el efecto pernicioso que provoca en la estabilidad de nuestra democracia. Y es, sí, la anacrónica persistencia de la herencia como legitimación de la jefatura del Estado sustraída a la voluntad popular. Esta cuestión última debe continuar en debate democrático, sin limitación alguna, pero sin pasos en falso que dificultaran el objetivo esencial para mí de una sociedad más igualitaria, más justa y más avanzada en la calidad de su democracia. No creo que en este momento la gente que más me importa saliera beneficiada de un proceso que necesariamente seria largo e incierto. Francamente, no lo creo hoy aquí, por más que vea en la república la mejor forma de organizarnos en democracia. La crisis de la monarquía debe conducir al establecimiento de un control pleno de la acción institucional y personal de quienes son beneficiarios directos de esa razón hereditaria. Sin espacios para la opacidad, el blindaje o el borboneo, apellidense Urdangarín o Borbón, igual da. Y a continuar en la acción de gobierno para avanzar en el progreso social. Mientras tanto, no sería detalle menor que el Gobierno exigiera a la Casa Real que ponga en conocimiento de la ciudadanía dónde ha decidido el rey emérito exiliarse, antes de que nos enteráramos por la prensa. O que el actual jefe del Estado, que lo es por ser hijo de su padre, compareciera ante esa ciudadanía para dar explicaciones claras y sinceras de la situación y de las medidas que en el orden institucional y familiar ha puesto en marcha para superar el descrédito acumulado. Y asumir que nada de lo que él o lo suyos son puede quedar al margen del escrutinio público. Pónganse a ello cuanto antes. De lo contrario, déjenlo e intenten la reagrupación familiar con el patriarca, no podemos perder más tiempo.
© EFE. Proclamación de Don Juan Carlos como Rey de España |
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