Publicado en Mediterráneo en julio de 2007
¿Pueden ustedes imaginar que en el Parlamento británico el líder de la oposición reclamara al primer ministro las actas de las conversaciones con el IRA para usarlas como arma electoral? Yo no. Ni en Alemania, ni en Francia. No puedo imaginar que en esos países se exija al jefe del Gobierno demostrar su inocencia frente a lo que dicen los terroristas. No, no puedo imaginar que allí el líder del principal partido de la oposición de más crédito político a los terroristas que al jefe del Gobierno. Tristemente esto está sucediendo en España.
El señor Rajoy-Acebes-Zaplana ha dado esta semana un paso más en su viaje de no retorno. Tal vez quiso hacer un alarde ante sus tropas para reforzar su posición frente al camarada Rato. Tal vez. Pero tengo para mí que estos excesos no agradan a la ciudadanía. Porque difícilmente puede gustar a la mayoría quien es capaz de vender la dignidad del Estado y de la democracia por un plato de votos.
No habló de nada más. ETA, ETA y más ETA. Ese fue su discurso. No habló ni del crecimiento económico, ni del mercado laboral, ni de los derechos sociales, ni de las pensiones, ni de la seguridad vial, ni de infraestructuras, ni de tantos y tantos temas que ocupan a diario a los españoles y a las españolas. Sólo habló de ETA; y lo hizo para culpabilizar al Gobierno, para deslegitimar al Gobierno, para condenar al Gobierno. ¡Menos mal que estos tres años han sido el período de tiempo en el que hemos sufrido menos atentados etarras de los últimos 40! Menos mal.
Por ello no puede extrañarnos que muchos se hayan sentido hartos de tanta deslealtad y de tanta desmesura. Y es que, muy a pesar de los de la gaviota, el Gobierno de Zapatero ha hecho muchas otras cosas, además de explorar (como hicieron todos los gobiernos anteriores) la rendición negociada de ETA y de perseguir policialmente a sus comandos.
Esto lo saben los ciudadanos castellonenses. Lo saben los 45.000 trabajadores autónomos de nuestra provincia, que han visto cómo este Gobierno ha impulsado una ley que les ofrece más y mejores derechos, como la baja por enfermedad y accidente, la percepción del desempleo o la jubilación anticipada. Lo saben las mujeres de esta tierra, que con la Ley de Igualdad podrán avanzar decididamente hacia la igualdad real y combatir con fuerza la discriminación por razón de género.
Lo saben, así mismo, miles de pensionistas de Castellón beneficiarios de pensiones mínimas, que han visto cómo éstas han subido el 25 por cien en menos de tres años. O los 15.000 castellonenses dependientes y sus familias, que tienen por fin garantizado su derecho a una vida digna con la Ley de Dependencia. Y los miles de trabajadores y trabajadoras que han sido contratados indefinidamente en aplicación de la reforma laboral; también los que perciben el salario mínimo interprofesional, que ha subido más del 15 por cien en lo que llevamos de Legislatura.
Más derechos y más bienestar para una España más solidaria y mejor preparada. Ese es nuestro proyecto de futuro. Porque este Gobierno sólo es reo de su compromiso con el progreso y la libertad de los españoles. Y así seguirá siéndolo, aunque esto les resulte insoportable a don Mariano y a sus corifeos
26 julio 2007
14 julio 2007
Colaborar para mejorar
Publicado en Mediterráneo en julio de 2007.
Hace unos días me reuní en la Subdelegación del Gobierno con la dirección de Aerocas para determinar las necesidades en materia de seguridad del futuro aeropuerto de Vilanova. Fruto de ese encuentro, que daba continuidad al propiciado hace un año por Juan María Calles, fue la creación de un grupo de trabajo conjunto que fijará las infraestructuras que precisan la Guardia Civil y la Policía Nacional en el recinto aeroportuario.
Es este un buen ejemplo de cooperación administrativa. Porque las distintas administraciones deben colaborar con lealtad para resolver con eficacia las demandas y las necesidades de ciudadanos y ciudadanas. Y mal haremos los responsables públicos si anteponemos con deslealtad nuestros intereses personales o de partido a los intereses generales de la ciudadanía. Así lo entiende, al menos, el Gobierno de Zapatero.
Lamentablemente otros no comparten esos principios. No voy a insistir en la actitud del Ayuntamiento de Castellón respecto de la N340 o de la Comisaría de Policía. Se ha escrito ya demasiado sobre eso. Ni voy a referirme al bochornoso episodio de la concejala Gallén, cuestionando la profesionalidad y la honorabilidad de nuestras Fuerzas Armadas en el acto de la arriada de bandera en la Comandancia Naval del Grao. Esto queda en el ámbito de lo grotesco y no merece mayor atención.
Estos días estamos teniendo conocimiento de otro ejemplo manifiesto de deslealtad entre administraciones: la actitud del Govern de la Generalitat respecto de la desaladora de Torrevieja. De nada ha servido que el Tribunal Supremo haya dado la razón a la empresa pública Acuamed en el impulso del proyecto que había sido paralizado por el Consell. Camps sigue, erre que erre, poniendo impedimentos a una infraestructura que permitirá cubrir las necesidades de agua de la Vega Baja del Segura. Ese es su estilo: cuanto peor, mejor. Ya lo demostraron, hace dos años, con el bloqueo del convenio para la construcción de la desaladora de Oropesa.
No sé si ustedes coincidirán conmigo, pero no creo que esto sea gobernar con buen juicio. El partido de Acebes y Aznar mantiene su cruzada particular contra todo aquello que discrepe de su forma de ver y entender el mundo. Ya saben: “antes rota que roja”. Lo cierto es que el PP, al asumir la deslealtad como principio de su relación con el Gobierno de España, está transmitiendo a la sociedad una imagen tremendamente negativa. Y de ello se hacen eco, uno tras otro, los distintos sondeos de opinión.
Miren, el barómetro de julio del Centro de Investigaciones Sociológicas es así de contundente: el 50 por 100 de los encuestados considera malo o muy malo el trabajo del PP en la oposición. Más aún, sólo un 14 por 100 cree que la labor de los populistas en la oposición es buena o muy buena. Y en lo que se refiere a la confianza que inspira el señor Rajoy, la misma contundencia: 75 de cada 100 españoles desconfían del jefe del PP, y a sólo 23 les inspira confianza. Por eso no es de extrañar que los ciudadanos aprueben al presidente Rodríguez Zapatero frente al deficiente 3,8 de don Mariano, por detrás de Gaspar Llamazares o de Josep Antoni Duran i Lleida
Esto es lo que hay. Los ciudadanos terminan por hartarse de tanta deslealtad, de tanto juego sucio y de tanto desvarío político.
Hace unos días me reuní en la Subdelegación del Gobierno con la dirección de Aerocas para determinar las necesidades en materia de seguridad del futuro aeropuerto de Vilanova. Fruto de ese encuentro, que daba continuidad al propiciado hace un año por Juan María Calles, fue la creación de un grupo de trabajo conjunto que fijará las infraestructuras que precisan la Guardia Civil y la Policía Nacional en el recinto aeroportuario.
Es este un buen ejemplo de cooperación administrativa. Porque las distintas administraciones deben colaborar con lealtad para resolver con eficacia las demandas y las necesidades de ciudadanos y ciudadanas. Y mal haremos los responsables públicos si anteponemos con deslealtad nuestros intereses personales o de partido a los intereses generales de la ciudadanía. Así lo entiende, al menos, el Gobierno de Zapatero.
Lamentablemente otros no comparten esos principios. No voy a insistir en la actitud del Ayuntamiento de Castellón respecto de la N340 o de la Comisaría de Policía. Se ha escrito ya demasiado sobre eso. Ni voy a referirme al bochornoso episodio de la concejala Gallén, cuestionando la profesionalidad y la honorabilidad de nuestras Fuerzas Armadas en el acto de la arriada de bandera en la Comandancia Naval del Grao. Esto queda en el ámbito de lo grotesco y no merece mayor atención.
Estos días estamos teniendo conocimiento de otro ejemplo manifiesto de deslealtad entre administraciones: la actitud del Govern de la Generalitat respecto de la desaladora de Torrevieja. De nada ha servido que el Tribunal Supremo haya dado la razón a la empresa pública Acuamed en el impulso del proyecto que había sido paralizado por el Consell. Camps sigue, erre que erre, poniendo impedimentos a una infraestructura que permitirá cubrir las necesidades de agua de la Vega Baja del Segura. Ese es su estilo: cuanto peor, mejor. Ya lo demostraron, hace dos años, con el bloqueo del convenio para la construcción de la desaladora de Oropesa.
No sé si ustedes coincidirán conmigo, pero no creo que esto sea gobernar con buen juicio. El partido de Acebes y Aznar mantiene su cruzada particular contra todo aquello que discrepe de su forma de ver y entender el mundo. Ya saben: “antes rota que roja”. Lo cierto es que el PP, al asumir la deslealtad como principio de su relación con el Gobierno de España, está transmitiendo a la sociedad una imagen tremendamente negativa. Y de ello se hacen eco, uno tras otro, los distintos sondeos de opinión.
Miren, el barómetro de julio del Centro de Investigaciones Sociológicas es así de contundente: el 50 por 100 de los encuestados considera malo o muy malo el trabajo del PP en la oposición. Más aún, sólo un 14 por 100 cree que la labor de los populistas en la oposición es buena o muy buena. Y en lo que se refiere a la confianza que inspira el señor Rajoy, la misma contundencia: 75 de cada 100 españoles desconfían del jefe del PP, y a sólo 23 les inspira confianza. Por eso no es de extrañar que los ciudadanos aprueben al presidente Rodríguez Zapatero frente al deficiente 3,8 de don Mariano, por detrás de Gaspar Llamazares o de Josep Antoni Duran i Lleida
Esto es lo que hay. Los ciudadanos terminan por hartarse de tanta deslealtad, de tanto juego sucio y de tanto desvarío político.
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