La evolución judicial del bochornoso asunto de los EREs andaluces sigue su curso. De este, como de cualesquiera otros casos de corrupción política, sólo cabe esperar la diligencia de las autoridades judiciales, su voluntad firme de hacer prevalecer el imperio de la Ley y la serenidad de juicio necesaria para navegar entre aguas turbulentas sin naufragar ante presiones de parte. Y del partido en cuyo seno medrara quien o quienes estuvieran implicados en los hechos investigados, contundencia radical en su aislamiento político, asunción de las responsabilidades políticas personales o colectivas que por acción u omisión se derivaran y apoyo sin fisuras a la acción de la Justicia. Y coherencia, muchísima coherencia en lo que se hace y también en lo que se dice para que nadie pueda pensar que lo que de otros se demanda se olvida en casa propia. El camino de la reconstrucción de credibilidades y complicidades rotas pasa por que la ciudadanía pueda identificar sin dudas quiénes están contra los corruptos y quiénes con ellos. Para ello, bien lo sabemos ya a estas alturas, tan importantes son los hechos como los dichos. La democracia se construye con verdad, la que es y la que parece.
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