Elvira Murcia y la dignidad ciudadana

La expulsión, esta semana, de Les Corts Valencianes de la ciudadana Elvira Murcia por denunciar los continuos incumplimientos del Consell con las personas dependientes en la Comunitat ilustra de forma demoledora el encastillamiento institucional de la derecha en el poder. Que Elvira fuera desalojada en su silla de ruedas de la tribuna de invitados por reclamar el respeto a la legalidad del Gobierno de la Generalitat mientras los Blasco, Castedo, Martínez, Díaz Alperi y tantos otros permanecen acomodados en sus escaños del hemiciclo en espera de sus juicios por corrupción remueve las tripas. Que el argumento para la expulsión fuera que Elvira alteró el orden de la sala con su denuncia, cuando en Les Corts se oyen a diario las mil y una indecencias, mentiras, exabruptos provenientes del bando de los imputados contra los grupos de la oposición, produce náusea. Que el ejecutante del desahucio parlamentario de Elvira fuera Juan Cotino, el de la sonrisa meliflua y los intereses inconfesables, el del Cristo crucificado y la bula papal, conseller que fue de Bienestar Social en tiempos de la expansión de la empresa familiar SEDESA, resulta aborrecible. Que Elvira Murcia, sostenedora con sus impuestos y su permanente compromiso cívico de nuestra democracia, viera su palabra acallada en el Parlamento valenciano por quienes han saqueado, envilecido, desacreditado, arruinado, degenerado las instituciones de nuestro país en beneficio propio, es simple y llanamente insoportable.

Collarte no llega a fin de mes

Las declaraciones del diputado popular en el Congreso Guillermo Collarte respecto a sus dificultades para pasar el mes con los 5.100 euros que percibe como diputado y concejal de Ourense han hecho un muy flaco favor al Gobierno y al conjunto de los representantes públicos españoles. En tiempo de enorme dificultad para gran parte de la ciudadanía la insensatez y la falta de empatía de este hombre no ayudan al sosiego que precisa nuestra sociedad. No estoy entre los que, desde posiciones distintas, anatemizan a los políticos y abominan de sus sueldos. Creo que esa causa general contra quienes nos representan legítimamente debilita nuestra democracia y nos hace más vulnerables a los cantos de sirena de una extrema derecha rediviva. Pero la indecencia de tipos como este, cortocircuitados de la realidad por el ejercicio irresponsable de los privilegios que el pueblo les ha otorgado, contribuyen al descrédito de la vida política. Y aquellos que lo hacen deben padecer la condena pública de todos y de todas: la democracia se construye a partir de la virtud republicana de quienes reciben la confianza de la ciudadanía.

"¡Que se jodan!"

Hace casi diez años los diputados y las diputadas de la derecha en el Congreso celebraron con gritos y aplausos la aprobación de la participación española en la invasión de Irak. Un júbilo necrófilo, un jolgorio indecente que rubricaba el delirio megalómano de un gobierno que tenía a Mariano Rajoy como vicepresidente. Ahora, otra vez, el Grupo Popular del Congreso celebró con algarabía el anuncio por Rajoy de nuevos y decisivos pasos en la demolición del estado de bienestar español. Diez años no es nada para los liquidadores: entonces celebraban la guerra, ahora celebran la ruina del pueblo. "Que se jodan!" gritaba la diputada castellonense Andrea Fabra desde su escaño. ¿Que se joda quién? ¿Que se joda el pueblo? ¿Que se jodan los parados? ¿A quién quiere joder la derecha? Ya está bien. Ya basta. Rajoy y los suyos han decidido que esta es la gran batalla, la batalla final. Que es el tiempo de acelerar la liquidación. Por eso los gritos y las risas, por eso el "que se jodan". No, no podemos permitírselo.

La obediencia debida

La suspensión de militancia del senador popular por León Juan Morano por no respaldar en el Senado las medidas del Gobierno contra las comarcas mineras del carbón pone el foco sobre las dificultades de los partidos sistémicos para pegarse al sentir de la calle. Para mi lo circunstancial en este caso es que se trate del Partido Popular. Lo sustancial es la desafección que este tipo de medidas provoca entre la ciudadanía respecto de los grandes partidos. Resulta muy difícil de explicar que un parlamentario sea represaliado políticamente por defender el sentir mayoritario de aquellos a quienes representa mientras otros sobre los que se acumulan las evidencias delictivas siguen bajo el manto protector de ese mismo partido, por ejemplo. La democracia representativa se fundamenta en la voluntad de la ciudadanía de delegar el ejercicio de su soberanía en el Parlamento. Es una cesión basada en la confianza, en la convicción de que los depositarios de la misma defiendan los intereses generales de los representados. De ahí la fuerza y la vulnerabilidad a un tiempo de nuestro modelo democrático. La quiebra de ese vínculo de confianza conduce al grito indignado del "no nos representan", antesala de la deslegitimación global del sistema. Morano no es el primero ni el Partido Popular el único. Cuando, en una democracia consolidada, los partidos priman la obediencia debida sobre la voluntad del pueblo se asoman más y más al precipicio del descrédito ciudadano. Y en el fondo de ese precipicio sólo yacen las osamentas de quienes creyeron que podían seguir ignorando el sentir de la gente.