Javier Rodríguez: soberbia y arrogancia de un gaviota pata negra (#EbolaEnEspaña)

El consejero de Sanidad de Madrid, Francisco Javier Rodríguez, es un tipo deleznable. Un torquemada de tomo y lomo aplicado en convertir a las víctimas de su incompetencia en culpables de haber introducido el ébola en Europa. No abre la boca este hombre sin sembrar de desconfianza y escándalo el escenario público. Este médico internista dice haber llegado "comido" a la política; comido, no sé, habiendo comido mucho es evidente. Primero, desde 1983, como concejal en Las Rozas; después, como diputado en la Asambea de Madrid, desde hace 27 años; también como consejero de TeleMadrid, durante seis años; y ahora como consejero en el gobierno regional, desde enero de este año. No, no es un recién llegado a la política, donde, comido o comiendo, lleva ya más de tres décadas. Es un gaviota pata negra. Y hace lo que hacen los gaviotas de rancio abolengo: no asumir responabilides propias y endosarlas a las víctimas de su irresponsabilidad, mintiendo obscenamente desde la soberbia y la arrogancia, ya sea con el ébola, los sobres, el Yak-42, Irak, el Prestige o el 11M. Está en su ADN. La mentira compulsiva. Por eso ayer, en el Parlamento madrileño, los suyos lo vitorearon, ovación de gala. Son todos lo mismo, cómplices de la vergüenza. "Que se jodan", ese es su grito de guerra. Jodidos, nos quieren bien jodidos.

Puertas giratorias de ida y vuelta

Leo hoy en Valencia Plaza que "Las concesionarias de servicios públicos [de las administraciones valencianas] reciben una avalancha de currículum de altos cargos". Tal es el convencimiento entre la dirigencia popularista del cambio de situación política que se avecina en la Generalitat. No hay semana que no dimita una secretaria autonómica o un director general del organigrama del Consell. Y tienen legítimamente derecho a buscarse el modo de continuar con su vida laboral más allá de los cargos ocupados hasta ahora, en algunos casos durante lustros. Otra cuestión será las responsabilidades que deban afrontar por su mala gestión o a raíz de eventuales malas prácticas, si las hubiere. Lo que no parece legítimo es que esa actividad profesional postcargo se desempeñe en empresas concesionarias de la misma Administración en la que hasta ahora prestan o han prestado sus servicios. Máxime si esa Administración se ha caracterizado por un altísimo grado de discrecionalidad en la adjudicación de tales concesiones y si ellos han participado en la toma de esas decisiones. Ocupar un cargo público no puede cegar el desarrollo profesional de nadie, por supuesto. Pero debe ser radicalmente incompatible con el trasvase obsceno de directivos entre las administraciones y las empresas cuyos beneficios dependen de la concesión de servicios públicos. No es exclusivo de la Comunitat, ni siquiera de España. Ocurre también en las democracias de nuestro entorno. Y no sólo para los altísimos cargos; las puertas giratorias de ida y vuelta funcionan también en niveles intermedios. Haber tenido responsabilidades públicas no puede estigmatizar a nadie, es un principio democrático básico. Pero tampoco puede abrir puertas discrecionalmente por el mero hecho de haberlas asumido, y menos aún si del pomo de esas puertas cuelga un cartel que dice "empresa concesionaria de servicios públicos".

Réquiem por la radiotelevisión pública valenciana

El Consell ha puesto en marcha la ruleta rusa que liquidará la radiotelevisión pública valenciana. 79 trabajadores y trabajadoras de Ràdio 9 recibieron ayer el correo electrónico que les comunicaba su inclusión en el ERE que mutilará de forma irreversible RTVV. El juguete roto de la pompa y circunstancia de la derecha valenciana inicia su solución final. Más de mil profesionales van a engrosar las ya magras listas del desempleo patrio en los próximos meses. El altavoz de los logros sin fin de los Zaplanas, Camps, Fabras, Aznares y Rajoys de todo pelaje ya no sirve a los designios del poder. La convirtieron en laboratorio de sus delirios, la engordaron con toda clase de productos tóxicos hasta hacerla reventar. Se sirvieron de ella hasta la náusea, marginando en la humillación perpetua a los profesionales que ahora despiden. Miles de horas de laudatios indecentes a la zafiedad para convertirla en el templo de la más sórdida manipulación. Ahora, miles de millones de euros después, ya no pueden exprimirla más y la liquidan. El mundo que idearon y difundieron con su juguete se abre bajo sus pies al abismo infinito. Ahora ya no les sirve; malvenderán sus despojos para seguir haciendo negocio. Lo hemos venido diciendo durante los últimos 15 años. Llegó el lobo. Y los hay, ya lo creo que los hay, que seguirán mirando hacia otro lado. Réquiem por la radiotelevisión pública valenciana.

"Los Aznar" y el Madrid Arena

Hemos tenido que oír estos días que "los Aznar estamos acostumbrados a sufrir dureza en algunos juicios". Lo decía, henchido de autosatisfacción y autocomplacencia, el expresidente del Gobierno a raíz de las críticas sin fin que ha generado la actuación de Ana Botella (de Aznar, que dirían ellos) en torno al desastre del Madrid Arena. Estas palabras dichas con la petulancia sin límites del personaje son inaceptables. ¿Sufrir dureza? Sufren los padres de las cinco jóvenes que murieron víctimas de la falta de control y previsión de una fiesta que nunca tenía que haberse celebrado como se hizo. Sufren quienes han perdido media vida por la manifiesta dejación de responsabilidades del gobierno municipal que preside Botella. Sufren quienes no volverán a ver a sus hijos por el compadreo indecente de la administración madrileña con empresarios sin escrúpulos. El Madrid Arena es una metáfora del capitalismo salvaje, sin reglas, sin normas, sin moral, sólo beneficio fácil e indigno. Del empoderamiento de la zafiedad ante la complicidad activa o pasiva de la autoridad. "Los Aznar" se fueron a un spa portugués cuando aún las primeras víctimas yacían sobre las frías mesas forenses. Para relajarse de "las durezas de algunos juicios". Impresentables.

Collarte no llega a fin de mes

Las declaraciones del diputado popular en el Congreso Guillermo Collarte respecto a sus dificultades para pasar el mes con los 5.100 euros que percibe como diputado y concejal de Ourense han hecho un muy flaco favor al Gobierno y al conjunto de los representantes públicos españoles. En tiempo de enorme dificultad para gran parte de la ciudadanía la insensatez y la falta de empatía de este hombre no ayudan al sosiego que precisa nuestra sociedad. No estoy entre los que, desde posiciones distintas, anatemizan a los políticos y abominan de sus sueldos. Creo que esa causa general contra quienes nos representan legítimamente debilita nuestra democracia y nos hace más vulnerables a los cantos de sirena de una extrema derecha rediviva. Pero la indecencia de tipos como este, cortocircuitados de la realidad por el ejercicio irresponsable de los privilegios que el pueblo les ha otorgado, contribuyen al descrédito de la vida política. Y aquellos que lo hacen deben padecer la condena pública de todos y de todas: la democracia se construye a partir de la virtud republicana de quienes reciben la confianza de la ciudadanía.

La gran mentira

No hay que dejar de insistir en una verdad que a fuerza de ser negada por el poder político-mediático puede llegar a ser ignorada por parte de la ciudadanía. Cuando el Partido Popular se presentó ante el electorado el otoño pasado sabía perfectamente la gravedad de la situación a la que nos enfrentábamos. Lo sabía entonces y lo supo desde mucho antes. Conocía la situación de las Comunidades Autónomas, que gobernaba ya en su gran mayoría. Conocía la opinión de los líderes europeos, muy mayoritariamente enrolados en el Partido Popular europeo. Conocía las dificultades bancarias, vinculado estrechamente como está al poder financiero. Era conocedor de las estrecheces de nuestros ayuntamientos, gobernados por la derecha en su mayor parte desde hace años. Sabía que su programa, en aquello que refería a la resolución de la crisis, era una gran mentira, una estafa. No era un programa para salir de la crisis; era un mero trámite, falaz, para ocupar el único espacio de poder que no controlaba: el Gobierno de España. Conseguido el objetivo se dispuso a llevar a cabo lo que realmente importaba: la liquidación del progreso social y político en nuestro país. Es nuestro estado del bienestar, sí, pero no sólo. Es también nuestro sistema institucional, es nuestra radiotelevisión pública, es nuestra organización territorial. Es el rearme ideológico, en las costumbres, en la forma de conducir la vida pública, en las relaciones sociales y laborales, de una derecha que nunca reconoció a Zapatero como legítimo gobernante y que no dejó en sus ocho años de gobierno en emplear todas las herramientas que su inmenso poder le proporciona para derribarlo. Eso lo sabíamos muchos. Otros no quisieron saberlo.

"¡Que se jodan!"

Hace casi diez años los diputados y las diputadas de la derecha en el Congreso celebraron con gritos y aplausos la aprobación de la participación española en la invasión de Irak. Un júbilo necrófilo, un jolgorio indecente que rubricaba el delirio megalómano de un gobierno que tenía a Mariano Rajoy como vicepresidente. Ahora, otra vez, el Grupo Popular del Congreso celebró con algarabía el anuncio por Rajoy de nuevos y decisivos pasos en la demolición del estado de bienestar español. Diez años no es nada para los liquidadores: entonces celebraban la guerra, ahora celebran la ruina del pueblo. "Que se jodan!" gritaba la diputada castellonense Andrea Fabra desde su escaño. ¿Que se joda quién? ¿Que se joda el pueblo? ¿Que se jodan los parados? ¿A quién quiere joder la derecha? Ya está bien. Ya basta. Rajoy y los suyos han decidido que esta es la gran batalla, la batalla final. Que es el tiempo de acelerar la liquidación. Por eso los gritos y las risas, por eso el "que se jodan". No, no podemos permitírselo.