Jóvenes condenados

Sólo dos de cada diez jóvenes entre 16 y 29 años viven emancipados de sus padres en la Comunitat Valenciana. Un 22 por ciento. Porcentaje similar al del conjunto de España, que no deja por ello de ser tremendamente preocupante. Los mecanismos de protección social públicos han sido, durante la crisis, más eficaces en el sostenimiento del nivel de vida de la población mayor que en el de los y las jóvenes. A pesar de la congelación de las pensiones y del incremento de las cargas procedentes del copago de servicios públicos esenciales, ha sido la derivación de parte de la renta de la población pensionada hacia los más jóvenes lo que ha mermado lacerantemente la capacidad de los mayores para afrontar sus necesidades vitales. Esa situación debe revertirse imperativamente. Y no sólo para liberar a muchos pensionistas de la responsabilidad y la carga de mantener a sus familias; también para garantizar la autonomía de los jóvenes en la realización de su proyecto de vida propio. La precariedad laboral, la falta de programas de vivienda social que abaraten los alquileres, los retrocesos en el derecho a una formación de calidad para todos y para todas, el fracaso de las políticas activas para la inserción en el mercado laboral que posibiliten la empleabilidad, la marginación en los procesos de decisión pública... condenan a la mayor parte de nuestra juventud a una vida dependiente y condiciona dramáticamente su capacidad para emprender iniciativas propias. Este es el mayor reto que tenemos como sociedad: superar esta situación. Posibilitar el empoderamiento de los y las jóvenes, impulsar su creatividad, favorecer la proyección social de su talento transformador. Esa es la mejor receta para encontrar el futuro.