La decisión del juez Castro de sentar en el banquillo de los acusados a Cristina de Borbón por el caso Noos cierra la instrucción de este asunto pestilente que pone ante la Justicia a miembros de la familia real y del partido gobernante acusados de graves delitos contra el interés público. La hermana del rey, su marido y el resto de procesados tienen derecho a ejercer su defensa como consideren oportuno y la sociedad española a saber el alcance de las andanzas presuntamente corruptas de la trama. Sin límite ninguno. Son las reglas de la democracia y del Estado de Derecho. El juicio sustanciará las responsabilidades penales en que hayan podido incurrir los 17 encausados, entre los que figuran cinco miembros del gobierno balear y cuatro del Consell de la Generalitat Valenciana, todos ellos del Partido Popular. Ese es el ámbito de actuación de la Justicia. Pero hay más. Las responsabilidades políticas, las de quienes obtuvieron beneficio político de los hechos enjuiciados. Aquellos y aquellas que dieron cobertura institucional a la comisión de los posibles delitos, los que se afanaron en proclamar las bondades de la turbidez urdida en torno al duque y sus compinches. No es casual que la banda de Urdangarín viera prosperar sus iniciativas en los centros del poder gaviota valenciano y balear, epicentros del saqueo popularista. No, no es fruto del azar. Es un episodio más de la estrategia depredadora a la que se han dedicado con saña quienes aún nos gobiernan.
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