Un ayuntamiento de cristal

‪#‎PerCastello‬ - Un ayuntamiento de cristal. Esa es la apuesta de la socialista Amparo Marco para reactivar la democracia municipal en Castelló de la Plana. Un ayuntamiento abierto, transparente, participativo, que empodere a la ciudadanía haciéndola copartícipe del gobierno de su cotidianidad. Un ayuntamiento que hable y que escuche a los vecinos y las vecinas de la capital de La Plana, que les de protagonismo, que los convoque a la proyección de sus aspiraciones individuales en el relato colectivo que debe transformar radicalmente esta ciudad. Lo dice muy bien Amparo: un gobierno municipal que tenga sus despachos en la calle, que tome sus decisiones con la gente, que abra su gestión al control ciudadano sin espacios para la opacidad. Una forma distinta de hacer las cosas, que ponga en manos ciudadanas el sueldo de sus concejales o que permita el seguimiento en tiempo real de la ejecución presupuestaria. Otra manera de entender el ejercicio del poder político local, que obligue a los munícipes a dar cuentas de forma permanente ante los y las contribuyentes. Han sido tantos años de arbitrariedad, tanto tiempo de nepotismo, de sometimiento del interés general a voluntades particularmente interesadas que esas obviedades democráticas suenan a radicalismo político. Ese es el único camino que merece ser recorrido para reactivar la vida política, económica y social de Castelló. La única vía para reencontrarnos con un futuro que durante tanto tiempo se ha mostrado esquivo con las aspiraciones colectivas de esta ciudad. Un camino que puede y debe liderar Amparo Marco.

Privatizar nuestros ayuntamientos

Paso a paso continúan los sobresueldistas liquidando la democracia y el Estado social en España. Los mismos que durante lustros se han beneficiado del reparto de beneficios sin cuenta de esa multinacional del sobre en que han convertido al PP S.A., los mismos, digo, anuncian ahora la desaparición de facto de 3 de cada 4 ayuntamientos en nuestro país. Lo hacen de tapadillo, manteniendo la apariencia de esos 6.000 gobiernos municipales pero sustrayéndoles sus competencias y su autonomía financiera para entregarlas a ese fósil administrativo que son las diputaciones provinciales. Un paso decisivo para la gran privatización de los servicios municipales que pretende la derecha para alimentar la burbuja sobre la que aspiran a revivir glorias pasadas. Se equivocan quienes dicen que andan desorientados desbordados por la crisis. No, no es así. Saben muy bien lo que tienen entre manos, es una estrategia meridianamente clara: el gran reparto de lo público (enseñanza, sanidad, servicios sociales, ayuntamientos) entre unos pocos. Y llegará el día en que al despertarnos de la pesadilla no reconozcamos la sociedad en que vivimos. Si no lo remediamos, pasará, ya lo creo. Y entonces de poco servirá seguir soñando con la revolución. Ellos, los de los sobres y sus amigos, se habrán quedado con todo.

PD: hoy nos hemos enterado, también, de que el jefe de la Gürtel regaló más de 30.000 euros a la hija de Aznar con motivo de los fastos del Escorial. Y es que la gran familia no perdía oportunidad de mostrar adhesión inquebrantable al líder, timonel de todas las Españas.

Alcaldes y alcaldesas de la dignidad democrática

Este fin de semana los alcaldes y alcaldesas socialistas de Castellón se han encerrado en la delegación provincial del Gobierno valenciano para exigir al Consell el pago de los más de 200 millones de euros que debe a los 135 consistorios castellonenses. Un acto de dignidad democrática, de lealtad para con sus vecinos, de compromiso con sus pueblos. Una deuda que, en muchos casos, arrastra la Generalitat desde los tiempos de la abundancia y que estrangula el presente y el futuro de la mayor parte de nuestros municipios. Representaban los ediles socialistas a otros muchos que, también desde las filas de los Fabra, callan en público lo que claman en privado por temor a las represalias políticas. Dicen los jefes de la derecha que es un acto populista, violento han llegado a calificarlo. ¿Mayor violencia institucional que el incumplimiento sistemático de las obligaciones de la Generalitat para con los ayuntamientos? Porque esa deuda es una deuda con la gente, con el pueblo. Una deuda con la sociedad, con todos, que arruina la capacidad de nuestros municipios para generar oportunidades de futuro y garantizar protección a los más vulnerables. Han sido años y años de compromisos incumplidos, de inversiones insatisfechas, de abandono de los ayuntamientos por parte del Consell. Ahora dicen que la caja está vacía y piden confianza. Es la misma caja en la que tantos buscaron y encontraron sus sobresueldos. Salud a los alcaldes y alcaldesas del pueblo, salud a la decencia y a la dignidad democráticas.

La ciudad que nunca existió

Alfonso Bataller, el alcalde conservador de Castelló de la Plana, anunciaba la semana pasada que el consistorio que preside sigue adelante con su proyecto estrella: la Ciudad de las Lenguas que debería instalarse en los terrenos hoy ocupados por el aeródromo castellonense. Un proyecto fantasma que la derecha lleva blandiendo desde 2005 y del que sólo se sabe que ha servido de acomodo institucional y salarial al exalcalde Gimeno, obligado a dimitir aquel año para dejar paso en la alcaldía a Alberto Fabra. La Ciudad de las Lenguas castellonense es paradigma de la forma de conducirse en política el actual president de la Generalitat. Una apuesta vacía, hueca, puro humo, exclusivamente instrumental. Fabra y su lugarteniente municipal, el hoy presidente de la Diputación y de la derecha provincial, Javier Moliner proclamaron hasta la saciedad las bondades de esa entelequia llamada a ocupar los más de 500.000 metros cuadrados de un terreno goloso, situado en primera línea del litoral castellonense. Un elemento más para la confrontación con el Gobierno de Zapatero, al que se acusó, cómo no, de entorpecerlo. Se dijo, una y mil veces, que la Generalitat tenía el dinero para desarrollarlo. Un engaño tras otro. Gimeno y los suyos se han llevado su parte; Alberto Fabra se convirtió en alcalde; y de la Ciudad de las Lenguas nada se sabe. Como de tantos otros proyectos tapadera de quien hoy gobierna a todos los valencianos.

La ciudadanía necesita confiar

El PSC debe dar todas las explicaciones que estén en su mano para poner en conocimiento de la ciudadanía la información de que disponga sobre lo ocurrido en relación con la operación Mercurio. Con claridad y determinación, tanto si existe la convicción de la inexistencia de irregularidades como si se perciben indicios de actuaciones incompatibles con la decencia política. Los socialistas catalanes y el socialismo español en general no puede permitirse la más mínima duda sobre la honorabilidad de sus militantes y menos aún de sus responsables orgánicos e institucionales. Es una condición sine qua non para restablecer el vínculo de confianza que precisamos a fin de reconstruir la complicidad perdida con la ciudadanía. La investigación judicial seguirá su camino y de ella se derivarán o no responsabilidades penales, pero los ciudadanos tienen el derecho a tener y a sentir la certidumbre de que el principal partido de las izquierdas catalanas y españolas está radicalmente implicado en la regeneración democrática y moral de nuestra sociedad.

Pablo Iglesias en un mitin político. 1917 ca.
Archivo de la Imagen de Castilla-La Mancha, vía Europeana.
Documento en el dominio público.

Castelló de la Plana: urbanistas de postín

El Ayuntamiento de Castellón anda otra vez liado con la Justicia por el asunto del Plan General de Ordenación Urbana. Insiste el PP, en el poder consistorial desde hace 21 años, en pleitear contra las decisiones judiciales que vienen declarando nulo el PGOU castellonense desde hace tiempo. Erre que erre siguen mareando la perdiz ante la evidencia de su incompetencia y de su forma arbitraria de ejercer el gobierno municipal. En 2008 el Tribunal Supremo sentenció la nulidad del Plan de 2000 dando paso al esperpéntico recorrido de los servicios jurídicos municipales por los juzgados en busca de la suerte que la razón jurídica y el sentido común les niega. Ahora el TSJ valenciano ha reiterado, una vez más, que el Plan no existe jurídicamente y exige al Ayuntamiento la elaboración exnovo de un nuevo planeamiento.  El cúmulo de despropósitos urbanísticos promovidos por los fabristas en Castellón y su correlato de sentencias judiciales adversas tiene paralizada la gestión de la capital de La Plana. Y no es cuestión menor que hayan sido precisamente el hoy Molt Honorable Alberto Fabra y Javier Moliner, actual presidente de la Diputación y de la derecha provincial, los responsables del urbanismo de Castellón en los últimos lustros. ¡En qué manos estamos!

Biblioteca del Rijksmuseum de Amsterdam (Holanda).
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, vía Europeana.
Reproducido bajo licencia Creative Commons CC BY-SA

Ayuntamientos y democracia

Publicado en Mediterráneo el 18 de junio de 2011.


Hace una semana se constituyeron las nuevas corporaciones municipales surgidas de las elecciones del 22 de mayo. Los ciudadanos y las ciudadanas de Castellón elegimos ese día a quienes debían representarnos en nuestros ayuntamientos. Un ejercicio de democracia real: 290.000 castellonenses (el 70 por 100 del electorado) determinamos con nuestro voto quiénes debían asumir el liderazgo institucional de nuestro pueblo o de nuestra ciudad.

Los gobiernos locales, legitimados por la decisión de la ciudadanía, deberán asumir difíciles e importantes retos en el tiempo complejo que estamos viviendo. Sin duda el mayor de ellos será contribuir a crear las condiciones necesarias para la reactivación económica y la generación del empleo en sus municipios. Y en ello los ayuntamientos deben contar, imperiosamente, con la colaboración leal del resto de administraciones públicas. El Gobierno de España, el Govern de la Generalitat y la Diputación han de hacer causa común con la administración local para avanzar en el cambio que precisamos. Hemos de apostar por aquello que nos diferencia en la excelencia, por lo que sabemos hacer bien y nos singulariza en un mundo tremendamente competitivo. Y todo ello sin abandonar la realidad cotidiana, sin dejar a nadie en la estacada, sin renunciar a la exigencia democrática de una recuperación solidaria.

Regeneración económica, sí. Y regeneración política e institucional. Ese es el segundo mandato que deben interpretar los alcaldes y alcaldesas y el conjunto de los munícipes de la acción política del electorado castellonense. Nadie puede entender el resultado de las elecciones como la firma de un cheque en blanco para decidir sin convencer o para actuar sin consensuar.

Vivimos un tiempo crucial en el que tenemos sobre el tablero de juego lo esencial de nuestra forma de vivir y convivir. No es una cuestión menor. Creo, francamente, que es la cuestión mayor. Los ayuntamientos son la administración más próxima al ciudadano, la que la gente sentimos más propia, más nuestra. Son, también, la administración con mayor recorrido histórico, la más venerable. La ciudad, la polis, es el principio de la política; en ella nació la democracia, el gobierno del pueblo.

Pero la democracia no se reduce al ejercicio del voto cada cuatro años. Las elecciones son parte esencial de la democracia; no existe esta sin aquellas, pues es el voto libre y responsable de los ciudadanos y ciudadanas el que legitima la acción de los poderes públicos. Siendo esto así, es imperativo, no obstante, que el ejercicio del gobierno por parte de los gobernantes se lleve a cabo en conversación pública y transparente con una ciudadanía proactiva que vea garantizados los cauces de debate e influencia sobre la gestión de la res publica. Y es que el valor último de la democracia, aquello que la hace fuerte y sólida, es la participación del pueblo en la toma de decisiones de lo que le incumbe.

Para ello es imprescindible que los responsables públicos sepan escuchar lo que dice la gente y explicarle su acción de gobierno. Hablar con razón y con verdad, abiertamente a la ciudadanía. Buscar y encontrar su complicidad para profundizar en la democracia, sin caer en el populismo que termina por acabar con ella. Y hacerlo siempre con lealtad hacia el bien común y las normas que legítimamente nos hemos dado.

Los 135 alcaldes y alcaldesas de Castellón han asumido el compromiso y la responsabilidad de liderar sus pueblos y ciudades en tiempos difíciles. Merecen por ello el respeto de todos y de todas; respeto mutuo que exige reciprocidad hacia la ciudadanía soberana en forma de más y mejor participación en la vida pública.