Radicalidad fiscal para sostener el bienestar público

Con los impuestos que no se cobran a los propietarios de los inmuebles turísticos que se ofertan ilegalmente en la Comunitat Valenciana podrían financiarse los recortes en la sanidad y la educación públicas ejecutados por el Consell de la Generalitat. Esto dice un importante representante empresarial de la hostelería valenciana. La lucha contra el fraude fiscal, comenzando por supuesto por quienes más posibilidades tienen para no dejar rastro ante la Hacienda pública, es imperativa si pretendemos realmente preservar un Estado del bienestar digno de tal nombre. No podemos ser condescendientes con quienes lo practican ni con quienes lo amparan. Sabemos que es muy complicado, pero es imprescindible. Empezando por quienes más ocultan al erario público (en muchos casos empleando vacíos legales que nadie ha decidido taponar) y terminando por la infinidad de sisas cotidianas que vemos a nuestro alrededor. Hay que terminar con la cultura del fraude. Sin acabar con ella es imposible construir un sistema público de bienestar sostenible. Evidentemente, sin responsabilidad fiscal entre quienes están más obligados a ello es inviable: cargos públicos e institucionales y líderes económicos y sociales. No se puede exigir a quien menos puede y mirar hacia otro lado o, directamente, amparar al poderoso. Radicalidad fiscal, que no necesariamente supone más sino mejores impuestos, más justos, menos eludibles, más transparentes... y eliminación de los espacios de impunidad. Y mucha pedagogía. Una batalla crucial que deberá afrontar sin titubeos un futuro gobierno de progreso en el País Valenciano.