Uno lleva años insistiendo en una idea que entiende capital: no garantiza más la libre concurrencia, la sana competencia de proyectos empresariales quien se envuelve a toda hora en la bandera de la libertad para después intervenir taimadamente en el mercado defendiendo intereses espurios, cuando no ilegítimos. No la garantiza más, digo, que quien desde la legalidad preserva la igualdad real de oportunidades de todas las iniciativas, sin interferencias arbitrarias que privilegien las propuestas de los afines. Esto, que suena a verdad de Perogrullo, ha de ser sistemáticamente recordado en el País Valenciano, donde la derecha pseudoliberal ha viciado hasta la náusea el principio de libertad de empresa para crear sus redes clientelares en detrimento de la excelencia. No es la creatividad, la imaginación o la capacidad de iniciativa lo que se ha primado desde las instituciones gobernadas por el popularismo, sino la obediencia, el mutismo y la "mordida", sea esta en forma de comisión o de colocación. Por eso es imprescindible acabar con la opacidad de las contrataciones públicas, hacer transparente la gestión institucional y dar cabida a nuevos actores empresariales en función, única y exclusivamente, de la valía de sus apuestas y su capacidad para generar beneficio social. Establecer, simple y llanamente, el imperio de la ley donde está establecido el favor de ida y vuelta. Definir unas reglas del juego abiertas al escrutinio ciudadano, fiables y reconocidas por todos que acaben con los espacios de impunidad y desigualdad alimentados desde el poder político. Sí, ya sé, no debería ser esto novedad. Pero aquí lo es. Y lo veremos en breve.
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