Ayer el consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo acordó lo que en la práctica es su liquidación. Más de 130 años de historia de la principal entidad financiera de las comarcas del sur valenciano llegaban a su fin. Carcomida en unos casos por la negligencia interesada de sus gestores y en otros por la dilapidación consciente del patrimonio de cientos de miles de ciudadanos en beneficio de unos cuantos aprovechados. La CAM, como Bancaja o el Banco de Valencia, simbolizan la locura desenfrenada y la desvergüenza inmoral de un tiempo en el que el País Valenciano puso su reputación y su patrimonio colectivos en manos de unos dirigentes políticos y empresariales indignos. La crisis ha venido a precipitar la muerte de un sistema financiero, el valenciano, puesto al servicio de la especulación inmobiliaria y la desvergüenza política desde la segunda mitad de los 90. José Luis Olivas es el paradigma de ese matrimonio de intereses inconfesables: concejal de Hacienda con Rita Barberá en Valencia, conseller de Hacienda con Zaplana, presidente de la Generalitat Valenciana consigo mismo y presidente de Bancaja con Camps. Es verdad que los representantes socialistas o sindicales en los consejos de administración no actuaron con la diligencia debida; pero aquí hay unos que han tenido (y tienen) el poder absoluto y que se encuentran en el Partido Popular y sus aledaños. Ellos, y no otros, son los responsables, absolutos también, de la muerte anunciada de nuestro sistema bancario
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