Convertir el derecho penal en sumidero de pasiones ciudadanas es una muy mala práctica política. El gobierno de Rajoy, al reintroducir la cadena perpetua en nuestro sistema penal de forma unilateral, frente al rechazo del resto de fuerzas políticas, ha hecho de esa mala praxis un monumento al cinismo político. Saben ellos que esa medida no servirá para generar más seguridad y que responde exclusivamente a esa suerte de populismo penal tan grato a la derecha. Uno de los muchos bulos que conforman el discurso automutilador al que tanto nos aplicamos en este país es el que dice que aquí los delincuentes nunca entran en prisión. Lo llevamos oyendo décadas. Eso de que entran por una puerta y salen por la otra al poco por culpa de un sistema penal melifluo. Mirad, España tiene la mayor población reclusa de la Europa occidental en cifras absolutas; y más aún si lo ponemos en relación con nuestra población. Y esto ocurre en un país que presenta tasas de delincuencia sensiblemente inferiores a la media de nuestro entorno. Quien delinque debe pagar su deuda con las víctimas y el conjunto de la sociedad, ese es un principio esencial de la convivencia democrática. Así ocurre ya en nuestro país, por más que muchos se nieguen a admitirlo. La vía del revisionismo penal espasmódico es un atajo falso que no pretende mejorar la convivencia ni garantizar mejor seguridad sino obtener réditos electorales del dolor de las víctimas. Y cuando eso lo practica un gobierno que ampara con sus silencios, o directamente con su complicidad, la delincuencia organizada resulta simplemente deleznable.
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