La soberbia del fabrismo

Resulta que el Tribunal Supremo ha declarado ilegales las obras que en su momento hiciera la Generalitat Valenciana, con la colaboración necesaria del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, en el parque de Ribalta para el paso del trolebús. Esta es la enésima sentencia judicial contra las actuaciones urbanísticas del gobierno popularista de la capital de La Plana. Un gobierno que vió hace unos meses cómo la Justicia anulaba en firme su plan general de ordenación urbana. Y que ve ahora cómo, otra vez en los tribunales, se ratifica la ilegalidad de sus actuaciones en relación con el principal proyecto público de la ciudad. En ambos casos, PGOU y TRAM, ha sido la soberbia, la voluntad de negar la voz a las organizaciones ciudadanas al amparo de la mayoría absoluta del fabrismo local y el desprecio por la legalidad lo que ha llevado al ayuntamiento castellonense al colapso. Y todo ello, lo ahora juzgado y condenado, ocurrió siendo alcalde el hoy president Fabra y siendo su segundo el actual presidente de la Diputación y jefe provincial del popularismo Javier Moliner. No quisieron escuchar las voces que alertaban de las ilegalidades que amparaban, simple y llanamente porque creyeron desde esa soberbia que la ley no era razón para ellos. Y llevaron al consistorio capitalino al naufragio que ahora todos sufrimos. Aún ayer, el portavoz fabrista en el ayuntamiento, cegado por la displicencia que genéticamente los iguala, acusaba al grupo socialista y a su líder, Amparo Marco, de paralizar el desarrollo de la ciudad por llevar ante los jueces sus despropósitos. Grotesco. Castelló de la Plana naufraga bajo el manto de las arbitrariedades, incapacidades y deslealtades que el fabrismo, el de Alberto y el del otro, ha tejido durante los últimos 23 años. A la ciudadanía corresponde decidir si han de seguir siendo los tribunales quienes los pongan en su sitio o ha de ser el voto. Pura cuestión de dignidad.