Uno de cada tres niños vive en España por debajo del umbral de pobreza o en riesgo de exclusión. Ese es el dato escalofriante que resume el informe de Unicef sobre el estado de la infancia en nuestro país conocido estos días. Digámoslo de otra manera: al menos un tercio de quienes dentro de 20 o 30 años estarían en condiciones de generar riqueza, expectativas y oportunidades de futuro propio y colectivo están hoy sometidos al estrés tóxico de la pobreza y sus demoledoras consecuencias sobre el aprendizaje y la capacitación. Niños y niñas sobre los que recae, además de la falta de recursos y las tensiones familiares, la liquidación de los servicios públicos educativos y sanitarios, la destrucción de un sistema de becas igualitarista y la desaparición de las políticas de fomento de las escuelas 0-3, esencial para combatir la herencia social. En dos, tres décadas, muchas de esas familias, y de otras, se encontrarán con una situación tremenda: hijos con enormes limitaciones de empleabilidad, sin ni siquiera la opción de buscarse la vida en el exterior; padres con sueldos, en el caso de que los tengan, de pobreza cronificada; y abuelos, los actuales pioneros de los salarios del hambre y las cotizaciones de la miseria, con pensiones y prestaciones sociales ínfimas. Ese es el destino de las políticas de la desigualación y la liquidación del bienestar público. El mundo está cambiando, sí, pero si no cambiamos las políticas lo va a hacer hacia el abismo. Y de momento estamos bien encarados.
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