De nuevo los jueces marcan la agenda del president Fabra. La imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su antecesor, Luis Díaz Alperi, por el juez del caso Brugal y del portavoz parlamentario Rafael Blasco en el asunto de la malversación de fondos para la cooperación pone de nuevo al jefe del Consell ante la evidencia de su incapacidad para atajar la hemorragia de dignidad y decencia que descompone al principal partido político del País Valenciano. La nube tóxica que emponzoña la vida pública en nuestra tierra está creando un ambiente irrespirable que aleja cada vez más el horizonte de nuestro futuro. ¿Qué más debe pasar aquí para que el presidente de la Generalitat y del partido de los imputados comparezca solemnemente ante la ciudadanía y pida perdón por lustros de desvergüenza e inmoralidad? Porque no hablamos de un caso, o dos, o tres aislados que merezcan el beneficio de la duda; hablamos de una colosal maquinaria de depredación que anidada en el poder absoluto del Partido Popular valenciano puso en marcha una operación de saqueo sistemático del patrimonio colectivo que ha arruinado nuestra reputación.
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