Decía Joan Queralt ayer en el programa de Jordi Évole algo así como que la acción conjunta de jueces y periodistas iba a poner en vereda a los políticos. ¡Hasta aquí hemos llegado! asertaba el catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona. El poder judicial y el poder mediático como garantes de la democracia y de los intereses del pueblo frente a la corrupción y la incapacidad instaladas en el poder político, entregado a los intereses corporativos y de las grandes fortunas. Algo muy similar dejó escrito hace casi 20 años Alain Minc en La borrachera democrática: el nuevo poder de la opinión pública (Madrid, Temas de Hoy, 1995), un ensayo muy útil para entender la deriva de las democracias europeas del último cuarto de siglo. Hablaba Minc de la concurrencia de intereses y voluntades entre la judicatura, las empresas mediáticas y el régimen de opinión pública en la Europa de mediados de los 90, el tiempo de Targentópolis y de la ascensión de Berlusconi. Y digo yo que bien está que los jueces apliquen la ley, caiga quien caiga, y que la prensa informe de lo que pasa, sin espacios de oscuridad. Así debe ser y sólo así prospera la democracia. Lo que es necesario para que ese papel sea realmente eficaz en la construcción de más democracia es que sepamos con claridad meridiana los intereses y las andanzas del poder mediático, a qué responden sus estrategias, sus alianzas y sus políticas, cuáles son sus intereses empresariales. No estaría de más, Jordi, un Salvados sobre los medios de comunicación.
Paula Lorenzo Chiva. Pintura. 2013 |
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