La rebaja de impuestos presentada por Rajoy y Montoro como el mascarón de proa de su política postcrisis es una burla más a la ciudadanía. Dicen que ahora ya, superada la crítica situación heredada de Zapatero, el gobierno popularista va a hacer sus políticas, aquellas por las que fueron votados por la gente en 2011. La crisis, dicen, ya es cosa pasada y toca devolver a la ciudadanía los recursos que se le exigieron en tiempos de necesidad. Y dicen esto cuando lo cierto es que el fin de la recesión (aquí y en Europa) no supone el fin de la crisis. Lo que venden como reforma fiscal no es tal ya que en nada va a variar la composiciön del mix recaudatorio del Estado y su impacto sobre los distintos grupos de renta, salvo para aumentar de nuevo (pese a que lo nieguen) el peso de los impuestos indirectos en forma de tasas crecientes por la prestación de los servicios públicos. Un paso más en la liquidación del Estado social. Descrédito, recorte de recursos, estrangulamiento e implosión fiscal para colapsar el sistema público. Una secuencia lógica en la estrategia liquidacionista. Nada se dice de la lucha contra el fraude (que en 2013 se redujo, no el fraude sino su persecución, a cifras no conocidas), o del incremento de la presión sobre quienes más tienen, o de reducir las posibilidades de elusión fiscal... No son menos sino más recursos los que necesita el Estado para poder garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades real, para todos y para todas. Una reforma fiscal en profundidad que favorezca la creación de riqueza sin condenar las políticas de solidaridad. Hablaba José Carlos Díez este fin de semana de la irresponsabilidad fiscal del Gobierno. Una irresponsabilidad calculada, diría yo: el cálculo de la liquidación.
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