La Gran Liquidación

La estrategia de la Gran Liquidación, de derechos y de dignidades, pasa necesariamente por la generación de un estado de caos que instale el pánico entre la ciudadanía. Nada para provocar la desorientación general como la confusión masiva, el marasmo, las idas y venidas sin concierto, el descrédito de las instituciones básicas para la convivencia. La sociedad entra así en fase de shock, asustada ante la ausencia de certezas y la huída del futuro que adivina tras cada uno de los episodios que desguazan el Estado social. En medio del desconcierto que abruma la decencia el Liquidador alza el dedo acusador contra los jóvenes, contra los viejos, contra los trabajadores, contra las mujeres, contra la política, contra los inmigrantes, contra, contra, contra... Chivos expiatorios, corderos ofrendados, sumideros de responsabilidades ajenas que terminarán por arrastrarnos a todos. Porque la Gran Liquidación se hace en contra de la generalidad, a pesar del pueblo. No es una salida a la crisis: es la destrucción del mundo que conocemos. Y ese mundo, levantado sobre el esfuerzo y el sacrificio, la sangre y la voluntad de millones de personas no merece acabar según la decisión de los liquidadores. Ese, nuestro mundo, precisa de cambios radicales, sí, pero no para ser menos sino para ser más decente; no para ser menos sino más democrático, más justo, más solidario, más corresponsable, más abierto, más libre. Hagámoslo.

"Demand the Beveridge Plan",
página de Beveridge on Beveridge: recent speeches of Sir William Beveridge,
 editado por Joan S Clarke, [1944]. London School of Economics Library

Extranjeros sin derechos

Dice el conseller Rosado, que lo es del Consell de la Generalitat y en materia de Sanidad, que el estado de excepción sanitaria que el próximo sábado comenzará a regir para los extranjeros en situación irregular no generará problemas. Dice que ya se encargarán las ONGs de quienes no puedan pagarse la asistencia sanitaria y que para eso su Departamento ya tiene programas de colaboración abiertos con ellas. Añade, además, que la Conselleria no va a actuar como policía en este asunto. Tengo la certeza de que esta medida, indecente e injusta contra los más vulnerables, va a generar aún más confusión en el delirante estado de gestión de la sanidad pública valenciana. Y que al final el supuesto beneficio contable de la exclusión de esas personas del seguro sanitario será compensado con creces por el caos gerencial y los problemas de salud pública que acarreará. Esto lo saben los gobernantes de la derecha pero lo asumen en aras de un bien que estiman mayor: el respaldo de muchos ciudadanos asustados que esperan del sálvese quien pueda para encontrar consuelo a sus dificultades. No hay medida de recorte de derechos adoptada por los gobiernos populares que no vaya acompañada de la demonización de un sector de la sociedad al que se hace responsable del déficit en la financiación del correspondiente servicio público. Es su forma de vivir y hacer vivir la política. Una forma maniquea que terminará por envilecernos si no lo remediamos.

Un Consell de turistas

Llama la atención que el Govern de la Generalitat haya tenido que esperar cuatro años desde el estallido de la crisis para exigir a sus altos cargos austeridad en sus desplazamientos. El Consell va a publicar una orden que impedirá a sus responsables viajar en primera clase y hacerlo con séquito de acompañamiento. Parece que el Gobierno que lleva años de impagos, de incumplimiento de gastos comprometidos, de deuda descontrolada ha caído en la cuenta ahora que sus altos cargos no deben viajar como ricos. Da la sensación de que los mismos que guardaban las facturas de sus proveedores en los cajones, quienes dejaban de abonar las subvenciones y las transferencias a que estaban obligados por ley, da la sensación, digo, que no habían considerado la posibilidad de aplicarse las estrecheces a sí mismos. La Administración autonómica con mayor endeudamiento per cápita de España ha tenido que esperar todo este tiempo para dar órdenes a sus jefes en ese sentido. Ya sé que es una medida económicamente irrelevante que en nada va a resolver la situación de quiebra real que tiene paralizada la Generalitat, pero saber a estas alturas que esas medidas elementales todavía no se habían tomado es lamentable. El Gobierno de Fabra no ha querido saber nada del plan de racionalización de la Administración presentado por el PSPV antes del verano y que suponía la reducción de un buen número de altos cargos prescindibles. Ahora dicen que van a ahorrar viajando en turista. Una de dos: o hasta ahora eran unos manirrotos indecentes, o esto es una más de sus cortinas de humo para aparentar que redistribuyen sacrificios. Yo creo que son las dos cosas.

Collarte no llega a fin de mes

Las declaraciones del diputado popular en el Congreso Guillermo Collarte respecto a sus dificultades para pasar el mes con los 5.100 euros que percibe como diputado y concejal de Ourense han hecho un muy flaco favor al Gobierno y al conjunto de los representantes públicos españoles. En tiempo de enorme dificultad para gran parte de la ciudadanía la insensatez y la falta de empatía de este hombre no ayudan al sosiego que precisa nuestra sociedad. No estoy entre los que, desde posiciones distintas, anatemizan a los políticos y abominan de sus sueldos. Creo que esa causa general contra quienes nos representan legítimamente debilita nuestra democracia y nos hace más vulnerables a los cantos de sirena de una extrema derecha rediviva. Pero la indecencia de tipos como este, cortocircuitados de la realidad por el ejercicio irresponsable de los privilegios que el pueblo les ha otorgado, contribuyen al descrédito de la vida política. Y aquellos que lo hacen deben padecer la condena pública de todos y de todas: la democracia se construye a partir de la virtud republicana de quienes reciben la confianza de la ciudadanía.

Estado de excepción sanitaria

Falta poco más de una semana para que los ciudadanos y las ciudadanas extranjeras en situación irregular dejen de ser atendidos por la sanidad pública española. El primero de septiembre, justo un mes después del comienzo de la liquidación del sistema nacional de atención a las personas dependientes, se iniciará el estado de excepción sanitaria para miles de hombres y mujeres en nuestro país. Una medida indecente e indigna que no persigue ni la racionalización ni el ahorro de recursos públicos; no es una política de lucha contra la crisis, no. Es una medida señuelo, de carácter puramente ideológico, que busca el placebo necesario para que la ciudadanía acepte los recortes masivos en la sanidad pública que comenzarán a percibirse de forma generalizada durante el otoño. Una decisión que nace de las entrañas de la demagogia más insolidaridad para entregar un chivo expiatorio en el altar del pánico que atenaza a la ciudadanía. Es posible que el sacrificio de los inocentes aplaque la ira de muchos. Lo sé. Pero sé también que así, paso a paso, demonizando a diestro y siniestro, señalando a este y a aquel grupo social como causantes de nuestros males, acabaremos por convertirnos en una sociedad indecente. Tal vez eso es lo que quieran algunos.

Serafín Castellano: "Es momento de gobernar"

Decía ayer Serafín Castellano que el Consell de la Generalitat no modificará un ápice las medidas adoptadas hasta ahora para reducir el gasto de la Administración pública valenciana. Decía que no lo harán porque "es momento de gobernar y no de hacer cosas para ganar unas elecciones". Escuchar esto en boca de quien ha sido portavoz parlamentario del PPCV y miembro del Govern de la Generalitat durante los últimos 17 años resulta hilarante. ¿Es ahora momento de gobernar para recortar derechos y jíbarizar los servicios públicos? ¿Y qué han hecho durante lustros? ¿Han gobernado o han expoliado el patrimonio público, moral y político valenciano con el único afán de ganar elecciones para perpetuar el expolio? Los gobiernos con dignidad democrática gobiernan siempre, en las duras y en las maduras, por el interés general. Quienes arruinaron nuestra reputación y nuestra capacidad de futuro (con cientos de miles de votos cómplices, cierto es) no pueden decir que lo que hacen ahora liquidando el sector público valenciano es por el bien general, por el bien de todos. Lo ocuparon, lo explotaron, lo reventaron y lo liquidaron, ese será el epitafio que adornará en el mausoleo de valencianos ilustres a los responsables de esta gran mentira.

La comisión de los EREs

Hoy han comenzado las comparecencias ante la comisión constituida en el Parlamento andaluz para investigar el oscuro, muy oscuro asunto de los EREs gestionados por la Junta de Andalucía durante los últimos años. Los parlamentarios andaluces, y en mayor medida los y las representantes socialistas, tienen la obligación de convertir este proceso en ejemplar; hoy nadie entendería, en el tiempo convulso en que vivimos, que la comisión se cerrara en falso, que resultara estéril en su misión de aclarar responsabilidades políticas respecto de las gravísimas actuaciones que se investigan. No es tiempo (ni ahora ni nunca) de construir alegatos escapistas ni de causas generales. Es, y en ello nos jugamos todos mucho, tiempo de verdad, de reconstrucción de confianzas rotas frente a la ciudadanía, de restablecimiento de la dignidad maltrecha de las instituciones democráticas. Sé que otros en otros Parlamentos autonómicos ni lo entienden ni lo quieren entender, allá ellos. Pero el hedor nauseabundo que destila el caso de los EREs andaluces exige el compromiso con la verdad de todos y sobretodo de los socialistas. La democracia no es corrupta; es la garantía de que los corruptos acaben siendo desenmascarados y paguen por ello.

25-S: No me representan

Durante las últimas semanas ha arreciado la convocatoria sobre el asalto al Congreso de los Diputados el próximo 25 de septiembre. La campaña ha trascendido las redes sociales y se ha instalado en los medios convencionales con la toma de posición de distintos representantes públicos sobre la cuestión. He de confesar que de todas ellas ha sido la del diputado Gaspar Llamazares manifestando su compresión y su apoyo a la iniciativa la que mayor desazón me ha generado. Que Llamazares, político de firmeza democrática y solidez argumental, se sienta obligado a respaldar la ocupación del Congreso para abrirse un espacio electoral muestra la gravedad de la crisis que estamos viviendo. Se amparan los convocantes en el grito del "no nos representan" para legitimar lo inaceptable; dicen, ellos sí, representar al pueblo frente a la oligocracia partidista. Y digo yo: NO, no me representan quienes quieren asaltar el Congreso. NO, no me representan quienes han decidido ser ellos y no el pueblo que invocan quienes dan patente de legitimidad. El Gobierno de la derecha ni hace lo que debe ni debe hacer lo que hace, pero eso no puede legitimar a quienes hacen lo que no deben. Este es un principio democrático básico. Y es cierto también que es imperativo que la izquierda del sistema transgreda comportamientos, discursos y políticas que han servido durante las últimas décadas pero que ya no sirven. Pero no hay atajos. Muchos ciudadanos hartos de empobrecerse sin esperanza y de ver recortados sin fin sus derechos pueden sentirse atraídos por estos cantos de sirena. Han de saber que el coste de la no política es la no democracia y la imposición absoluta de los fuertes sobre los vulnerables, de los poderosos sobre el pueblo. Así que, en lugar se disponernos a ocupar el Parlamento debemos prepararnos para convencer a más y más gente de que otras políticas y otra política son posibles, de que las cosas se pueden y se deben hacer de otra forma, de que la fuerza de sus votos es la fuerza real del pueblo para cambiar el estado de cosas existente.

Ana Pastor y el secuestro de la radiotelevisión pública

Ana Pastor había advertido que no iba a agachar la cabeza ante el poder, que continuaría ejerciendo su compromiso con la información de calidad desde la televisión pública. Hoy la han destituido como directora de los Desayunos de La 1. Lo han hecho quienes han ocupado RTVE para aniquilar la libertad, el pluralismo, la independencia y la verdad que la convirtieron durante los últimos años en referencia democrática. El Gobierno de la derecha no quiere dejar cabos sueltos en su estrategia de liquidación. No es compatible con una radiotelevisión pública independiente. Ahora quieren hacer con ella lo que ya hicieron en tiempos de Urdaci, lo mismo que con Telemadrid o con Canal 9: una parodia de servicio público, un corralito de medias verdades y mentiras enteras, un escenario más para secuestrar la democracia. Ayer Mariano, nuestro presidente, decía que hará lo que tenga que hacer para defender los intereses generales. Está servido. Sigue engañando y seguirá haciéndolo. Para eso necesita de una RTVE sumisa y adocenada, cacofónica. No le basta con el complejo empresarial-desinformador tejido durante estos años; nunca tienen suficiente. Gracias Ana, gracias a muchos y muchas que como tú habéis demostrado que es posible una radiotelevisión pública decente, digna, comprometida con la ciudadanía que la mantiene con sus impuestos e independiente del poder. Volverán otros tiempos y otros modos en los que rescatar la democracia de quienes quieren liquidarla.

Cotino y san Liquidador Casto

Ayer el presidente de las Cortes Valencianas, el muy popular Juan Cotino, quiso sumarse a la fiesta de san Liquidador Casto con una más de sus de sus deleznables ocurrencias contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Este hombre de misa diaria y castidad proclamada celebró así el primero de agosto, día que quedará en el santoral patrio como el de la liquidación del derecho de las personas dependientes y sus familias a la dignidad. Tiene motivos este casto varón, gran beneficiado directo o indirecto de la torticera aplicación de la Ley de Dependencia por sus gobiernos populares en el País Valenciano, para manifestarse jubiloso este día de la infamia. No sé cómo verá su dios lo que hace este hombre; no sé que pensará el Cristo que ilumina sus oraciones. Me temo que no dirán nada y los del santo Liquidador de derechos y dignidades seguirán su cruzada.

Gregorio Peces-Barba y la España civil

Gregorio Peces-Barba, en los párrafos finales de La España civil (Barcelona: Círculo de Lectores, 2005): "La España civil es la utopía del liberalismo y del socialismo, que otros países han visto como real y que en España siempre se vio frustrada hasta 1978. Estamos impulsando la plenitud de los valores de la modernidad; en eso consiste la España civil. Es la utopía de la seguridad, la utopía hobbesiana. Es la utopía de la libertad de la burguesía ascendente, que quiere el poder político y consigue plenamente la democracia liberal y la abre a todos los ciudadanos. Es la utopía lockiana generalizada. Es también la utopía de la igualdad, originariamente de la clase trabajadora, para disfrutar realmente de la libertad formal que se había otorgado a todos a partir de 1789. Es la utopía del socialismo democrático, la de Héller, Laski y Fernando de los Ríos. Es, finalmente, la utopía de la solidaridad, la de los movimientos sociales que quieren llevar adelante un mundo en condiciones para las generaciones futuras [...]. El impulso moral que supone la España civil implica el rechazo de lo peor del presente y la esperanza de lo mejor, es la condición para que la espera pueda ser esperanza [...]. Es también una ilusión para que no triunfen siempre los realistas, ni los cínicos y los posibilistas de cualquier calaña. Como dijo Weber en 1918, 'toda experiencia histórica confirma la verdad de que el hombre no hubiera obtenido lo posible si no hubiera pugnado una y otra vez por alcanzar los imposible'."

Siete meses como siete años

Si al Gobierno de Zapatero se le ha atribuido lentitud en el reconocimiento de la radicalidad de la crisis que estalló en 2008 (algún día habrá que releer sosegadamente lo que entonces decían el resto de líderes europeos y las organizaciones supranacionales) y falta de dramatización para acompañar y explicar las medidas de ajuste iniciadas a comienzos de 2010, podremos convenir que lo que ha hecho el Gobierno de Rajoy en estos siete meses ha laminado mortalmente el crédito-país de España y la confianza en el futuro de la ciudadanía.

Rodríguez Zapatero gobernó durante los últimos casi 40 meses de su mandato en la zozobra de una crisis mundial sobrevenida de una virulencia desconocida desde los años 30 del siglo pasado. Fue incapaz de enderezar la nave de nuestra economía y de contribuir a generar empleo pero mantuvo la dignidad de nuestro sistema de protección social y de las políticas de igualación de oportunidades. 40 meses, también, de hostigamiento de los mercados, de indecisión europea, de imposiciones del eje franco-aleman (Merkozy), de renuncias insuficientemente explicadas, de cambios en la respuesta internacional... 40 meses de una oposición feroz, desleal e irresponsable que no supo, o no quiso, comprometerse con la suerte de su país desde la legítima discrepancia con sus gobernantes.

Hoy se cumplen 7 meses (¡¡¡siete meses que parecen siete años!!!) de la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa. Él y su Gobierno han convivido con la crisis poco más de una sexta parte del tiempo que navegó Zapatero entre la tempestad y aparecen totalmente desbordados. Para ellos la crisis no fue sobrevenida; llegaron más de tres años después de la caída de Lehman Brothers, año y medio después de las medidas de recorte de Zapatero en mayo de 2010 y del primer rescate griego, y tiempo después de la imposición de gobiernos tecnocráticos en Italia y Grecia. Siete meses de un Gobierno incapaz de mantener su propio discurso de hoy para mañana. Siete meses de bravuconadas patéticas ("A mí nadie me ha presionado, el que ha presionado he sido yo porque quería una línea de crédito", Rajoy dixit), de mentiras manifiestas, de ausencia del sentido del Estado y de los intereses generales, de voluntad liquidadora y decididamente involucionista en el ámbito de los derechos individuales y colectivos. No por casualidad, hoy no hay un sólo indicador económico y de confianza que resista la comparación con los de hace unos meses.

Yo no quiero que España caiga para que caiga este Gobierno, como dijo Montoro en 2010. No, yo quiero, exijo de mi Gobierno dignidad ante los responsables de este desvarío y lealtad con la ciudadanía y un grado de inteligencia suficiente para minimizar los sacrificios que el tiempo que vivimos nos imponen. Tal vez sea mucho pedir, una ingenuidad. Tal vez les importe un bledo lo de la crisis. Tal vez esta tormenta perfecta la vivan ellos como la coartada perfecta, tal vez.

El aborto de Ruiz-Gallardón

Alberto Ruiz-Gallardón nos ha hecho saber hoy a través de la prensa que el Gobierno tiene previsto enviar a las Cortes un proyecto de ley que retrotraerá la situación legal del aborto a antes de 1985. Hace unos días el ministro Wert anunció el restablecimiento de las reválidas eliminadas por la Ley General de Educación de Villar Palasí de 1970. Esta es la verdadera hoja de ruta de la derecha gobernante: la liquidación del progreso social y político en nuestro país. Lo harán con el aborto como lo han hecho ya con la dependencia, con los derechos laborales o con la sanidad y la educación públicas. Es un plan preestablecido que se ampara en el pánico generado por la crisis para aniquilar los avances conquistados tras décadas de lucha. Es la Gran Liquidación. De cumplirse el anuncio de Gallardón, el Gobierno de Rajoy nos situaría en cuanto al aborto entre los países más regresivos del mundo occidental. Se liquida la ley de plazos de 2010 y se vuelve sólo parcialmente a los supuestos de 1985, con la exclusión de la malformación del feto que no habilitaría el amparo legal de la interrupción del embarazo. Una involución inaceptable, una marcha atrás de tres décadas en el reconocimiento de los derechos de la mujer y en la construcción de una sociedad de iguales. Un momumento a la hipocresía y al cinismo que empeora la calidad de nuestra democracia y generará más dolor y más sufrimiento. Es cierto que, esto sí, lo llevaban en su programa; es verdad que, en esto, no han engañado. Lo digo, una vez más, para quienes siguen insistiendo en lo de PPSOE, para quienes dicen que da igual unos que otros. No, no es lo mismo: quitan derechos a las mujeres que otros legislaron, eliminan los derechos de los dependientes que otros reconocieron, reducen la cobertura sanitaria que otros universalizaron, laminan las becas que otros impulsaron... Siguen y seguirán liquidando el futuro mientras la gente de progreso y los partidos de la izquierda sean incapaces de entender realmente lo que está ocurriendo.

La última oportunidad de Mariano

Mariano Rajoy perdió ayer su última oportunidad para salir con un mínimo de dignidad del barrizal en que estamos metidos. Una vez más fue incapaz de dar la cara y de estar a la altura de lo exigible a un gobernante en una democracia: estuvo ausente en el debate parlamentario del mayor recorte de derechos de los últimos 40 años en España. No tuvo la gallardía de liderar a su gobierno y a su grupo en un momento crucial, ni de dar las explicaciones que la oposición política y el conjunto de la ciudadanía requerían. Sigue parapetado tras la sonrisilla nerviosa de Montoro, esquivo ante el Parlamento, los medios libres y el pueblo. Ayer cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas ocuparon las calles para decir ¡Basta ya! Hoy, de nuevo, los mercados han recobrado el mando: nuestra prima de riesgo ha superado por primera vez los 600 puntos. Montoro seguirá sonriendo, satisfecho, proclamando al mundo que no merecemos confianza, jugándose nuestro futuro en la ruleta de los mercaderes. Y su jefe, el presidente del Gobierno de España, se fumará un puro esperando a que el Tour llegue a los Campos Elíseos de París. Cuanto peor, mejor, debe pensar.

Montoro

Cristóbal Montoro es un personaje peligroso, muy peligroso. Este hombre que hoy dirige la Hacienda y la Administración públicas españolas, el jefe de los dineros y de los empleados del Estado, es el mismo que en mayo de 2010 dijo aquello de "que caiga España, que ya la levantaremos nosotros". El mismo que arremetió inmisericorde contra todas y cada una de las medidas anticrisis adoptadas por el Gobierno socialista diciendo que sólo ellos conocían la poción mágica para salvarnos. Un tipo que cada vez que habla como ministro del Gobierno de España provoca más y más desconfianza dentro y fuera de nuestro país. Hoy el gran liquidador ha dicho que está en riesgo el pago de las nóminas de los empleados públicos porque "no hay dinero". Y lo dice cinco días después de que el BOE publicara la madre de todos los recortes. Pero ¿dónde tiene el sentido de la responsabilidad este hombre? ¿A qué intereses sirve Montoro? Desde luego no a los intereses generales del país. Sigue en su estrategia de amedrentamiento de la ciudadanía para generar el pánico y la desorientación colectiva, como hizo durante años en la oposición, para así justificar la Gran Liquidación. Quería a la España roja caída, ahora es toda España la que se cae.