La fuerza de la tradición

Ha tenido suerte el mundo fallero: sus protestas ante el anuncio del president Fabra de que la festividad de San José cambiaría de día para evitar el puente laboral han sido escuchadas. Dijeron desde el Consell que el cambio generaría unos beneficios extraordinarios de cientos de millones de euros y que eso era muy bueno en los tiempos que corren. Los falleros se movilizaron y Fabra ha dado marcha atrás. Me alegro por ellos pero me escandaliza la flexibilidad en esto del mismo Gobierno que ha sido incapaz de cambiar una sola coma de los muchos decretos recortadores de derechos que ha promulgado ante el rechazo generalizado de la sociedad. La gente de las Fallas ha conseguido lo que no han podido los dependientes y sus familias, los padres y madres de alumnos, los empleados públicos, los pensionistas, los universitarios... Es la tradición, dicen. Lamentablemente en nuestra tierra ni la sanidad ni la educación públicas tienen la fuerza de la tradición. Tristemente en nuestra sociedad los derechos de las personas dependientes o de los trabajadores carecen del amparo de la tradición. Desafortunadamente en este país nuestro las conquistas sociales por la igualdad y la no discriminación no gozan del marchamo de la tradición. Al menos eso es lo que creen en el Palau de la Generalitat.

Cataluña y España

El periódico parisino Le Monde lleva en su portada la "marea independentista" que recorrió ayer las calles de Barcelona. Más de un millón de ciudadanos y ciudadanas catalanes expresaron en la Diada su voluntad de construir una Cataluña independiente del resto de España. Una manifestación histórica que deberá marcar en el futuro la relación bilateral entre los poderes del Estado y el conjunto de la sociedad española con las instituciones y el pueblo catalán. Creo en una Cataluña viable parte de una España viable, pero la deriva emprendida entre separatistas y separadores desde hace años alumbra un camino muy complicado. La obstinación con que la derecha española, y una buena parte de la izquierda, ha despreciado la voluntad nacional de Cataluña y el ventajismo con que otros han blandido el espantajo de la independencia ha generado un estado de cosas de difícil reconducción. Tengo la certeza de que España y Cataluña serían menos en una España sin Cataluña y en una Cataluña sin España. La historia y la realidad actual de una y otra, sus retrocesos y sus avances, no se explican sin esa trayectoria común. Pero para salvaguardarla se precisa de grandes dosis de voluntad de entendimiento, de amplitud de miras, de convicción democrática. Aquellos que promovieron hace pocos años el boicot a los productos catalanes gobiernan España. Es de esperar que en la turbidez de algunas mentes aparezca algún rayo de sentido patriótico.

Espagne et Portugal Divisés en ses principales parties ou Royaumes.
Galiciana: Biblioteca Digital de Galicia, vía Europeana.
Documento de dominio público.

"Pues mire usted...", Mariano

Si lo que pretendían los estrategas de La Moncloa con la entrevista de anoche a Rajoy en TVE era despejar incertidumbres y reforzar el mensaje gubernamental, más de uno debe andar esta mañana maldiciendo la hora en que tomaron esa decisión. El presidente perdió de nuevo la oportunidad de ganar en confianza y credibilidad ante la ciudadanía. Antes al contrario, Rajoy se mostró confuso, desbordado por la realidad, titubeante, falto de convicción, balbuceante. "Mire usted, si a mí me hubieran dicho..." "Mire usted, si yo hubiera sabido..." "Mire usted, yo no quería hacer esto pero..." La imagen del jefe de nuestro Gobierno fue la del capataz intentando convencer a su peonada de que haga esto o lo otro sin saber por qué. La mirada perdida, su encorvamiento en el sillón, la media sonrisa forzada todo contribuyó a debilitar un discurso ya de por sí carente de alma. Rajoy estuvo mal, muy mal. Insistió, también sin convicción, en su recurso favorito: que no sabía cómo estaba esto, que cuando prometió lo que prometió hace nueve meses desconocía a qué se enfrentaba. Entonces habían pasado ya tres años del hundimiento de Lehman Brothers y gobernaba en casi todas las Comunidades Autónomas y la mayor parte de ayuntamientos. O es un mentiroso compulsivo o es un incapaz irrecuperable. "Pues mire usted, yo sólo sé que no sé nada".

Cohesión y competitividad

La profundidad del abismo que la crisis ha abierto en nuestra economía ha establecido que las decisiones tomadas por los poderes públicos, las empresas y la ciudadanía se valoricen exclusivamente por su eficacia económica. Son buenas, se dice, si generan más ahorro, mejor productividad o mayor competitividad. Y es verdad que esa es una vertiente capital a la hora de afrontar los retos que tenemos por delante. Pero no lo es menos que la liquidación del Estado social derivada de la unilateralidad de esa doctrina acabará por arruinar toda perspectiva de progreso futuro. La cohesión social ha sido la principal ventaja competitiva de Europa durante décadas, la que ha garantizado una razonable igualdad de oportunidades para la mayor parte de la población y la que ha posibilitado el más prolongado periodo de estabilidad en nuestro continente. Esa cohesión, conquistada al amparo de un Estado redistribuidor de riqueza que ha proveído de bienestar a la ciudadanía, sigue siendo nuestro más valioso factor de competitividad en un mundo del que ya no somos la referencia dominante y en el que diversos modelos de desarrollo pugnan por establecer nuevas hegemonías. El Estado social europeo ha de encontrar otros mecanismos redistributivos, nuevas fronteras, nuevas soluciones sí, pero no puede entrar en la memoria perdida de la historia. Nuestro Estado del bienestar ha sido eficaz en la redistribución de la riqueza; ahora ha se serlo también, y de forma perentoria, en la redistribución del conocimiento y de la participación política. Eso nos hará más fuertes frente a nuestros competidores y garantizará más bienestar a nuestros pueblos. Su liquidación nos hará irrelevantes en el nuevo mundo y sembrará de dolor nuestra sociedad.

Olvido Hornigos

No conozco a Olvido Hornigos. Sé, desde ayer, que es concejala de Los Yébenes por el PSOE y que había presentado inicialmente su renuncia por la puesta en circulación en internet de un vídeo privado con contenido sexual en el que aparece. Ni he visto el vídeo ni sé cómo ha llegado a la Red. Lo que sí que sé es que este episodio alumbra, una vez más, la indecencia de una sociedad que se escandaliza por la libertad íntima y se adocena ante la indignidad pública. Olvido ha perdido la privacidad a manos de quienes, muy probablemente, desconocen el valor de la virtud ciudadana. En esta pira expiatoria en que algunos quieren convertir la vida política no hay límites para el descrédito hipócrita de quienes deciden comprometerse con la comunidad. Un Gran Hermano que ampara la delación moral bajo el anonimato de quienes sueñan por convertir esto en el Gran Casino. Un mundo hipócrita que lamina la libertad de todos. Lo que haga Olvido será lo que deba, ella sabe mejor que nadie qué decisión debe tomar, pero que los asaltantes de su intimidad se cobren el precio de la dignidad de una concejala me produce náuseas.

PP valenciano: acto de contrición pública

A estas alturas resulta difícil de imaginar que el cóctel recortes masivos de derechos / evidencias de corrupción masiva / incapacidad probada de los gobernantes garantice un tránsito sosegado hacia el futuro en el País Valenciano. El hastío que esa combinación de vectores está generando entre la ciudadanía augura un tiempo de zozobra que puede poner en peligro la convivencia razonable en nuestro país. La escenografía que nos acompaña cada día es escalofriante. La sangría de derechos que a diario está provocando la aplicación de la terapia suicida de la Liquidación coincide aquí con la eclosión de decenas de asuntos miserables protagonizados por los gobernantes de la derecha en su estrategia de saqueo del patrimonio público practicada durante lustros. Una voluntad acreditada de expoliar los recursos que los valencianos y las valencianas hemos puesto a su cargo que invalida cualquier esfuerzo, siquiera sea razonable, para enderezar el rumbo de una nave que hace aguas por doquier. Ante ese panorama, la falta de iniciativa política y de sentido del deber público que exhibe a diario del Gobierno de Fabra no hace más que acelerar el descrédito entre propios y extraños de la Generalitat. Hay mucho por hacer y muy distinto a lo que se está haciendo, pero tengo la certeza de que es imperativo una acción contundente ya. El president y su Gobierno deben comparecer públicamente y pedir perdón ante la ciudadanía por lo que han hecho, ellos y su partido, durante años en esta tierra, un acto de contrición pública por los desmanes, la locura, la indecencia, la soberbia y la torpeza que ha gobernado la Comunidad Valenciana durante los últimos 17 años.

Las Comunidades Autónomas son el Estado

No somos conscientes, a menudo, de la importancia que tiene el modo en que usamos las palabras. El uso indebido de unos u otros términos para referirnos a la realidad acaba por desvirtuarla estableciendo unos marcos de referencia que la condicionan hasta recrearla. No es esta una cuestión menor y responde a la voluntad, consciente o inconsciente , de consolidar entre la ciudadanía conceptos y percepciones que allanen el desarrollo de determinadas estrategias políticas. Son infinidad los ejemplos. Tal vez uno de los más evidentes sea hoy el caso del Estado autonómico. Durante décadas hemos sido, quienes profesamos convicción autonomista, extremadamente laxos en el uso de las palabras. Hablamos de "Estado" frente a "comunidad autónoma", del Gobierno del Estado, de la Administración del Estado, de las políticas del Estado frente a los poderes autonómicos. Y así hemos creado una realidad distinta a la constitucional que ahora aprovecha la reacción centralizadora para cargar contra la estructura misma del Estado. Las Comunidades Autónomas son también Estado; son la mayor parte del andaniaje institucional de que nos dotamos los españoles tras recuperar la democracia. No existe un Estado de verdad, serio y eficaz, y 17 "estadillos" taifas irresponsables, insolidarios e incapazces. A fuerza de malversar palabras y conceptos hemos acabado por diluir la fuerza transformadora y democratizante de la arquitectura autonómica. Hoy vemos cómo la liquidación del Estado del bienestar busca el amparo de esa percepción dolosa del Estado de las Autonomías. El Estado bueno contra los pseudoestados malos. Y esa no es la realidad. Con seguridad, la solución a muchos de nuestros problemas pasa por avanzar más en el camino abierto en 1978 y construir un Estado realmente federal que corresponsabilice a todos en el devenir común.

La Gran Liquidación

La estrategia de la Gran Liquidación, de derechos y de dignidades, pasa necesariamente por la generación de un estado de caos que instale el pánico entre la ciudadanía. Nada para provocar la desorientación general como la confusión masiva, el marasmo, las idas y venidas sin concierto, el descrédito de las instituciones básicas para la convivencia. La sociedad entra así en fase de shock, asustada ante la ausencia de certezas y la huída del futuro que adivina tras cada uno de los episodios que desguazan el Estado social. En medio del desconcierto que abruma la decencia el Liquidador alza el dedo acusador contra los jóvenes, contra los viejos, contra los trabajadores, contra las mujeres, contra la política, contra los inmigrantes, contra, contra, contra... Chivos expiatorios, corderos ofrendados, sumideros de responsabilidades ajenas que terminarán por arrastrarnos a todos. Porque la Gran Liquidación se hace en contra de la generalidad, a pesar del pueblo. No es una salida a la crisis: es la destrucción del mundo que conocemos. Y ese mundo, levantado sobre el esfuerzo y el sacrificio, la sangre y la voluntad de millones de personas no merece acabar según la decisión de los liquidadores. Ese, nuestro mundo, precisa de cambios radicales, sí, pero no para ser menos sino para ser más decente; no para ser menos sino más democrático, más justo, más solidario, más corresponsable, más abierto, más libre. Hagámoslo.

"Demand the Beveridge Plan",
página de Beveridge on Beveridge: recent speeches of Sir William Beveridge,
 editado por Joan S Clarke, [1944]. London School of Economics Library

Extranjeros sin derechos

Dice el conseller Rosado, que lo es del Consell de la Generalitat y en materia de Sanidad, que el estado de excepción sanitaria que el próximo sábado comenzará a regir para los extranjeros en situación irregular no generará problemas. Dice que ya se encargarán las ONGs de quienes no puedan pagarse la asistencia sanitaria y que para eso su Departamento ya tiene programas de colaboración abiertos con ellas. Añade, además, que la Conselleria no va a actuar como policía en este asunto. Tengo la certeza de que esta medida, indecente e injusta contra los más vulnerables, va a generar aún más confusión en el delirante estado de gestión de la sanidad pública valenciana. Y que al final el supuesto beneficio contable de la exclusión de esas personas del seguro sanitario será compensado con creces por el caos gerencial y los problemas de salud pública que acarreará. Esto lo saben los gobernantes de la derecha pero lo asumen en aras de un bien que estiman mayor: el respaldo de muchos ciudadanos asustados que esperan del sálvese quien pueda para encontrar consuelo a sus dificultades. No hay medida de recorte de derechos adoptada por los gobiernos populares que no vaya acompañada de la demonización de un sector de la sociedad al que se hace responsable del déficit en la financiación del correspondiente servicio público. Es su forma de vivir y hacer vivir la política. Una forma maniquea que terminará por envilecernos si no lo remediamos.

Un Consell de turistas

Llama la atención que el Govern de la Generalitat haya tenido que esperar cuatro años desde el estallido de la crisis para exigir a sus altos cargos austeridad en sus desplazamientos. El Consell va a publicar una orden que impedirá a sus responsables viajar en primera clase y hacerlo con séquito de acompañamiento. Parece que el Gobierno que lleva años de impagos, de incumplimiento de gastos comprometidos, de deuda descontrolada ha caído en la cuenta ahora que sus altos cargos no deben viajar como ricos. Da la sensación de que los mismos que guardaban las facturas de sus proveedores en los cajones, quienes dejaban de abonar las subvenciones y las transferencias a que estaban obligados por ley, da la sensación, digo, que no habían considerado la posibilidad de aplicarse las estrecheces a sí mismos. La Administración autonómica con mayor endeudamiento per cápita de España ha tenido que esperar todo este tiempo para dar órdenes a sus jefes en ese sentido. Ya sé que es una medida económicamente irrelevante que en nada va a resolver la situación de quiebra real que tiene paralizada la Generalitat, pero saber a estas alturas que esas medidas elementales todavía no se habían tomado es lamentable. El Gobierno de Fabra no ha querido saber nada del plan de racionalización de la Administración presentado por el PSPV antes del verano y que suponía la reducción de un buen número de altos cargos prescindibles. Ahora dicen que van a ahorrar viajando en turista. Una de dos: o hasta ahora eran unos manirrotos indecentes, o esto es una más de sus cortinas de humo para aparentar que redistribuyen sacrificios. Yo creo que son las dos cosas.

Collarte no llega a fin de mes

Las declaraciones del diputado popular en el Congreso Guillermo Collarte respecto a sus dificultades para pasar el mes con los 5.100 euros que percibe como diputado y concejal de Ourense han hecho un muy flaco favor al Gobierno y al conjunto de los representantes públicos españoles. En tiempo de enorme dificultad para gran parte de la ciudadanía la insensatez y la falta de empatía de este hombre no ayudan al sosiego que precisa nuestra sociedad. No estoy entre los que, desde posiciones distintas, anatemizan a los políticos y abominan de sus sueldos. Creo que esa causa general contra quienes nos representan legítimamente debilita nuestra democracia y nos hace más vulnerables a los cantos de sirena de una extrema derecha rediviva. Pero la indecencia de tipos como este, cortocircuitados de la realidad por el ejercicio irresponsable de los privilegios que el pueblo les ha otorgado, contribuyen al descrédito de la vida política. Y aquellos que lo hacen deben padecer la condena pública de todos y de todas: la democracia se construye a partir de la virtud republicana de quienes reciben la confianza de la ciudadanía.

Estado de excepción sanitaria

Falta poco más de una semana para que los ciudadanos y las ciudadanas extranjeras en situación irregular dejen de ser atendidos por la sanidad pública española. El primero de septiembre, justo un mes después del comienzo de la liquidación del sistema nacional de atención a las personas dependientes, se iniciará el estado de excepción sanitaria para miles de hombres y mujeres en nuestro país. Una medida indecente e indigna que no persigue ni la racionalización ni el ahorro de recursos públicos; no es una política de lucha contra la crisis, no. Es una medida señuelo, de carácter puramente ideológico, que busca el placebo necesario para que la ciudadanía acepte los recortes masivos en la sanidad pública que comenzarán a percibirse de forma generalizada durante el otoño. Una decisión que nace de las entrañas de la demagogia más insolidaridad para entregar un chivo expiatorio en el altar del pánico que atenaza a la ciudadanía. Es posible que el sacrificio de los inocentes aplaque la ira de muchos. Lo sé. Pero sé también que así, paso a paso, demonizando a diestro y siniestro, señalando a este y a aquel grupo social como causantes de nuestros males, acabaremos por convertirnos en una sociedad indecente. Tal vez eso es lo que quieran algunos.

Serafín Castellano: "Es momento de gobernar"

Decía ayer Serafín Castellano que el Consell de la Generalitat no modificará un ápice las medidas adoptadas hasta ahora para reducir el gasto de la Administración pública valenciana. Decía que no lo harán porque "es momento de gobernar y no de hacer cosas para ganar unas elecciones". Escuchar esto en boca de quien ha sido portavoz parlamentario del PPCV y miembro del Govern de la Generalitat durante los últimos 17 años resulta hilarante. ¿Es ahora momento de gobernar para recortar derechos y jíbarizar los servicios públicos? ¿Y qué han hecho durante lustros? ¿Han gobernado o han expoliado el patrimonio público, moral y político valenciano con el único afán de ganar elecciones para perpetuar el expolio? Los gobiernos con dignidad democrática gobiernan siempre, en las duras y en las maduras, por el interés general. Quienes arruinaron nuestra reputación y nuestra capacidad de futuro (con cientos de miles de votos cómplices, cierto es) no pueden decir que lo que hacen ahora liquidando el sector público valenciano es por el bien general, por el bien de todos. Lo ocuparon, lo explotaron, lo reventaron y lo liquidaron, ese será el epitafio que adornará en el mausoleo de valencianos ilustres a los responsables de esta gran mentira.

La comisión de los EREs

Hoy han comenzado las comparecencias ante la comisión constituida en el Parlamento andaluz para investigar el oscuro, muy oscuro asunto de los EREs gestionados por la Junta de Andalucía durante los últimos años. Los parlamentarios andaluces, y en mayor medida los y las representantes socialistas, tienen la obligación de convertir este proceso en ejemplar; hoy nadie entendería, en el tiempo convulso en que vivimos, que la comisión se cerrara en falso, que resultara estéril en su misión de aclarar responsabilidades políticas respecto de las gravísimas actuaciones que se investigan. No es tiempo (ni ahora ni nunca) de construir alegatos escapistas ni de causas generales. Es, y en ello nos jugamos todos mucho, tiempo de verdad, de reconstrucción de confianzas rotas frente a la ciudadanía, de restablecimiento de la dignidad maltrecha de las instituciones democráticas. Sé que otros en otros Parlamentos autonómicos ni lo entienden ni lo quieren entender, allá ellos. Pero el hedor nauseabundo que destila el caso de los EREs andaluces exige el compromiso con la verdad de todos y sobretodo de los socialistas. La democracia no es corrupta; es la garantía de que los corruptos acaben siendo desenmascarados y paguen por ello.

25-S: No me representan

Durante las últimas semanas ha arreciado la convocatoria sobre el asalto al Congreso de los Diputados el próximo 25 de septiembre. La campaña ha trascendido las redes sociales y se ha instalado en los medios convencionales con la toma de posición de distintos representantes públicos sobre la cuestión. He de confesar que de todas ellas ha sido la del diputado Gaspar Llamazares manifestando su compresión y su apoyo a la iniciativa la que mayor desazón me ha generado. Que Llamazares, político de firmeza democrática y solidez argumental, se sienta obligado a respaldar la ocupación del Congreso para abrirse un espacio electoral muestra la gravedad de la crisis que estamos viviendo. Se amparan los convocantes en el grito del "no nos representan" para legitimar lo inaceptable; dicen, ellos sí, representar al pueblo frente a la oligocracia partidista. Y digo yo: NO, no me representan quienes quieren asaltar el Congreso. NO, no me representan quienes han decidido ser ellos y no el pueblo que invocan quienes dan patente de legitimidad. El Gobierno de la derecha ni hace lo que debe ni debe hacer lo que hace, pero eso no puede legitimar a quienes hacen lo que no deben. Este es un principio democrático básico. Y es cierto también que es imperativo que la izquierda del sistema transgreda comportamientos, discursos y políticas que han servido durante las últimas décadas pero que ya no sirven. Pero no hay atajos. Muchos ciudadanos hartos de empobrecerse sin esperanza y de ver recortados sin fin sus derechos pueden sentirse atraídos por estos cantos de sirena. Han de saber que el coste de la no política es la no democracia y la imposición absoluta de los fuertes sobre los vulnerables, de los poderosos sobre el pueblo. Así que, en lugar se disponernos a ocupar el Parlamento debemos prepararnos para convencer a más y más gente de que otras políticas y otra política son posibles, de que las cosas se pueden y se deben hacer de otra forma, de que la fuerza de sus votos es la fuerza real del pueblo para cambiar el estado de cosas existente.