El coste de la corrupción política va mucho más allá del recuento de lo sustraído a las arcas públicas por corruptos y corruptores. El enriquecimiento ilícito de determinados cargos públicos con el desvío sistemático de recursos de las Administraciones o por el cobro de comisiones y regalos facilitados por los beneficiarios de sus decisiones provocan el escándalo lógico entre la ciudadanía de bien. Del mismo modo que la posición de privilegio que obtienen los ventajistas dispuestos a comprar favores entre los indecentes dispuestos a proporcinárselos. Pero más allá de los millones de euros públicos o privados implicados en el festín de los corruptos, cuestión que debe dirimirse en el ámbito penal, están las consecuencias demoledoras que sobre la democracia y la reputación de una sociedad se derivan. Lo peor no es, con ser deleznable y abyecto, el saqueo de la Hacienda pública; lo más grave es la ruina de la moral colectiva, la depravación de las costumbres públicas, el establecimiento de una cultura del aprovechamiento ilícito, la consagración de la desigualdad que favorece a los faltos de escrúpulos y penaliza a los decentes, la quiebra de la confianza en la democracia, el descarte del mérito en beneficio de la vileza, la desmoralización generalizada y, como consecuencia inevitable de todo ello, la proyección de una imagen de la sociedad que genera rechazo en el exterior y que arruina su marca de país. La Comunitat Valenciana se encuentra hoy en esa situación. Lustros de convivencia, y de connivencia de muchos, con la podredumbre nos han puesto en ese lugar. Necesitamos alzarnos ya y comenzar la reconstrucción moral y política de nuestra sociedad. Es imperativo para superar la oscuridad en que nos han metido los responsables de los años de la indecencia.
Escut reial a la Llotja de València. Wikimedia Commons. Reproducido bajo licencia de documentación libre GNU 1.2 |
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