Gregorio Peces-Barba y la España civil

Gregorio Peces-Barba, en los párrafos finales de La España civil (Barcelona: Círculo de Lectores, 2005): "La España civil es la utopía del liberalismo y del socialismo, que otros países han visto como real y que en España siempre se vio frustrada hasta 1978. Estamos impulsando la plenitud de los valores de la modernidad; en eso consiste la España civil. Es la utopía de la seguridad, la utopía hobbesiana. Es la utopía de la libertad de la burguesía ascendente, que quiere el poder político y consigue plenamente la democracia liberal y la abre a todos los ciudadanos. Es la utopía lockiana generalizada. Es también la utopía de la igualdad, originariamente de la clase trabajadora, para disfrutar realmente de la libertad formal que se había otorgado a todos a partir de 1789. Es la utopía del socialismo democrático, la de Héller, Laski y Fernando de los Ríos. Es, finalmente, la utopía de la solidaridad, la de los movimientos sociales que quieren llevar adelante un mundo en condiciones para las generaciones futuras [...]. El impulso moral que supone la España civil implica el rechazo de lo peor del presente y la esperanza de lo mejor, es la condición para que la espera pueda ser esperanza [...]. Es también una ilusión para que no triunfen siempre los realistas, ni los cínicos y los posibilistas de cualquier calaña. Como dijo Weber en 1918, 'toda experiencia histórica confirma la verdad de que el hombre no hubiera obtenido lo posible si no hubiera pugnado una y otra vez por alcanzar los imposible'."

Siete meses como siete años

Si al Gobierno de Zapatero se le ha atribuido lentitud en el reconocimiento de la radicalidad de la crisis que estalló en 2008 (algún día habrá que releer sosegadamente lo que entonces decían el resto de líderes europeos y las organizaciones supranacionales) y falta de dramatización para acompañar y explicar las medidas de ajuste iniciadas a comienzos de 2010, podremos convenir que lo que ha hecho el Gobierno de Rajoy en estos siete meses ha laminado mortalmente el crédito-país de España y la confianza en el futuro de la ciudadanía.

Rodríguez Zapatero gobernó durante los últimos casi 40 meses de su mandato en la zozobra de una crisis mundial sobrevenida de una virulencia desconocida desde los años 30 del siglo pasado. Fue incapaz de enderezar la nave de nuestra economía y de contribuir a generar empleo pero mantuvo la dignidad de nuestro sistema de protección social y de las políticas de igualación de oportunidades. 40 meses, también, de hostigamiento de los mercados, de indecisión europea, de imposiciones del eje franco-aleman (Merkozy), de renuncias insuficientemente explicadas, de cambios en la respuesta internacional... 40 meses de una oposición feroz, desleal e irresponsable que no supo, o no quiso, comprometerse con la suerte de su país desde la legítima discrepancia con sus gobernantes.

Hoy se cumplen 7 meses (¡¡¡siete meses que parecen siete años!!!) de la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa. Él y su Gobierno han convivido con la crisis poco más de una sexta parte del tiempo que navegó Zapatero entre la tempestad y aparecen totalmente desbordados. Para ellos la crisis no fue sobrevenida; llegaron más de tres años después de la caída de Lehman Brothers, año y medio después de las medidas de recorte de Zapatero en mayo de 2010 y del primer rescate griego, y tiempo después de la imposición de gobiernos tecnocráticos en Italia y Grecia. Siete meses de un Gobierno incapaz de mantener su propio discurso de hoy para mañana. Siete meses de bravuconadas patéticas ("A mí nadie me ha presionado, el que ha presionado he sido yo porque quería una línea de crédito", Rajoy dixit), de mentiras manifiestas, de ausencia del sentido del Estado y de los intereses generales, de voluntad liquidadora y decididamente involucionista en el ámbito de los derechos individuales y colectivos. No por casualidad, hoy no hay un sólo indicador económico y de confianza que resista la comparación con los de hace unos meses.

Yo no quiero que España caiga para que caiga este Gobierno, como dijo Montoro en 2010. No, yo quiero, exijo de mi Gobierno dignidad ante los responsables de este desvarío y lealtad con la ciudadanía y un grado de inteligencia suficiente para minimizar los sacrificios que el tiempo que vivimos nos imponen. Tal vez sea mucho pedir, una ingenuidad. Tal vez les importe un bledo lo de la crisis. Tal vez esta tormenta perfecta la vivan ellos como la coartada perfecta, tal vez.

El aborto de Ruiz-Gallardón

Alberto Ruiz-Gallardón nos ha hecho saber hoy a través de la prensa que el Gobierno tiene previsto enviar a las Cortes un proyecto de ley que retrotraerá la situación legal del aborto a antes de 1985. Hace unos días el ministro Wert anunció el restablecimiento de las reválidas eliminadas por la Ley General de Educación de Villar Palasí de 1970. Esta es la verdadera hoja de ruta de la derecha gobernante: la liquidación del progreso social y político en nuestro país. Lo harán con el aborto como lo han hecho ya con la dependencia, con los derechos laborales o con la sanidad y la educación públicas. Es un plan preestablecido que se ampara en el pánico generado por la crisis para aniquilar los avances conquistados tras décadas de lucha. Es la Gran Liquidación. De cumplirse el anuncio de Gallardón, el Gobierno de Rajoy nos situaría en cuanto al aborto entre los países más regresivos del mundo occidental. Se liquida la ley de plazos de 2010 y se vuelve sólo parcialmente a los supuestos de 1985, con la exclusión de la malformación del feto que no habilitaría el amparo legal de la interrupción del embarazo. Una involución inaceptable, una marcha atrás de tres décadas en el reconocimiento de los derechos de la mujer y en la construcción de una sociedad de iguales. Un momumento a la hipocresía y al cinismo que empeora la calidad de nuestra democracia y generará más dolor y más sufrimiento. Es cierto que, esto sí, lo llevaban en su programa; es verdad que, en esto, no han engañado. Lo digo, una vez más, para quienes siguen insistiendo en lo de PPSOE, para quienes dicen que da igual unos que otros. No, no es lo mismo: quitan derechos a las mujeres que otros legislaron, eliminan los derechos de los dependientes que otros reconocieron, reducen la cobertura sanitaria que otros universalizaron, laminan las becas que otros impulsaron... Siguen y seguirán liquidando el futuro mientras la gente de progreso y los partidos de la izquierda sean incapaces de entender realmente lo que está ocurriendo.

La última oportunidad de Mariano

Mariano Rajoy perdió ayer su última oportunidad para salir con un mínimo de dignidad del barrizal en que estamos metidos. Una vez más fue incapaz de dar la cara y de estar a la altura de lo exigible a un gobernante en una democracia: estuvo ausente en el debate parlamentario del mayor recorte de derechos de los últimos 40 años en España. No tuvo la gallardía de liderar a su gobierno y a su grupo en un momento crucial, ni de dar las explicaciones que la oposición política y el conjunto de la ciudadanía requerían. Sigue parapetado tras la sonrisilla nerviosa de Montoro, esquivo ante el Parlamento, los medios libres y el pueblo. Ayer cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas ocuparon las calles para decir ¡Basta ya! Hoy, de nuevo, los mercados han recobrado el mando: nuestra prima de riesgo ha superado por primera vez los 600 puntos. Montoro seguirá sonriendo, satisfecho, proclamando al mundo que no merecemos confianza, jugándose nuestro futuro en la ruleta de los mercaderes. Y su jefe, el presidente del Gobierno de España, se fumará un puro esperando a que el Tour llegue a los Campos Elíseos de París. Cuanto peor, mejor, debe pensar.

Montoro

Cristóbal Montoro es un personaje peligroso, muy peligroso. Este hombre que hoy dirige la Hacienda y la Administración públicas españolas, el jefe de los dineros y de los empleados del Estado, es el mismo que en mayo de 2010 dijo aquello de "que caiga España, que ya la levantaremos nosotros". El mismo que arremetió inmisericorde contra todas y cada una de las medidas anticrisis adoptadas por el Gobierno socialista diciendo que sólo ellos conocían la poción mágica para salvarnos. Un tipo que cada vez que habla como ministro del Gobierno de España provoca más y más desconfianza dentro y fuera de nuestro país. Hoy el gran liquidador ha dicho que está en riesgo el pago de las nóminas de los empleados públicos porque "no hay dinero". Y lo dice cinco días después de que el BOE publicara la madre de todos los recortes. Pero ¿dónde tiene el sentido de la responsabilidad este hombre? ¿A qué intereses sirve Montoro? Desde luego no a los intereses generales del país. Sigue en su estrategia de amedrentamiento de la ciudadanía para generar el pánico y la desorientación colectiva, como hizo durante años en la oposición, para así justificar la Gran Liquidación. Quería a la España roja caída, ahora es toda España la que se cae.

La liquidación de la radiotelevisión pública valenciana

La liquidación de la radiotelevisión pública valenciana por parte del Consell popular de Fabra es la culminación de una estrategia bien conocida. Cuando Eduardo Zaplana llegó a la presidencia de la Generalitat Canal 9 tenía 650 empleados y una deuda de 30 millones de euros. Zaplana llevaba en su programa la privatización del ente público; pronto cambió de opinión. Le era más útil ocuparla que liquidarla, convertirla en altavoz mediático de su proyecto partidario. RTVV se convirtió en la punta de lanza de la estrategia de creación de una realidad falsa, de la invención de un país ficticio que ofrecía a los suyos la expectativa de enriquecimiento fácil. Olivas y Camps continuaron la orgía de manipulación, falsificación y corrupción en que acabaron por convertir Canal 9. Cientos de excelentes profesionales vieron, durante años, cómo un ejército de paniaguados entregados a la causa del partido gobernante ocupaban cargos directivos y puestos de trabajo para los que carecían de capacidad profesional. Ahora quieren liquidarla. El juguete ya no les sirve. Desacreditada, emponzoñada, desfigurada, la radiotelevisión pública que los valencianos y las valencianas hemos mantenido con nuestros impuestos es un despojo. Dicen que han de liquidarla por la crisis. En 2009, al poco de comenzar la gran depresión, Canal 9 había triplicado su personal y ya arrastraba una deuda 40 veces mayor que la de 1995. Hicieron de nuestra televisión, su televisión a fin de convertir su verdad en la verdad de todos. Mientras el Gobierno socialista de Zapatero convertía RTVE en una referencia democrática de libertad, de respeto y de calidad, Canal 9 aceleraba su descenso a los infiernos de la ignominia. El Partido Popular de los Zaplana, los Olivas, los Camps, los Fabra es el único responsable de esa situación. Ahora cientos de profesionales se van a la calle. Ahora ya no sirve el juguete. Miles de juguetes rotos se acumulan en los vertederos del delirio de la derecha triunfante. Juguetes con caras, con ojos, con vida.

La gran mentira

No hay que dejar de insistir en una verdad que a fuerza de ser negada por el poder político-mediático puede llegar a ser ignorada por parte de la ciudadanía. Cuando el Partido Popular se presentó ante el electorado el otoño pasado sabía perfectamente la gravedad de la situación a la que nos enfrentábamos. Lo sabía entonces y lo supo desde mucho antes. Conocía la situación de las Comunidades Autónomas, que gobernaba ya en su gran mayoría. Conocía la opinión de los líderes europeos, muy mayoritariamente enrolados en el Partido Popular europeo. Conocía las dificultades bancarias, vinculado estrechamente como está al poder financiero. Era conocedor de las estrecheces de nuestros ayuntamientos, gobernados por la derecha en su mayor parte desde hace años. Sabía que su programa, en aquello que refería a la resolución de la crisis, era una gran mentira, una estafa. No era un programa para salir de la crisis; era un mero trámite, falaz, para ocupar el único espacio de poder que no controlaba: el Gobierno de España. Conseguido el objetivo se dispuso a llevar a cabo lo que realmente importaba: la liquidación del progreso social y político en nuestro país. Es nuestro estado del bienestar, sí, pero no sólo. Es también nuestro sistema institucional, es nuestra radiotelevisión pública, es nuestra organización territorial. Es el rearme ideológico, en las costumbres, en la forma de conducir la vida pública, en las relaciones sociales y laborales, de una derecha que nunca reconoció a Zapatero como legítimo gobernante y que no dejó en sus ocho años de gobierno en emplear todas las herramientas que su inmenso poder le proporciona para derribarlo. Eso lo sabíamos muchos. Otros no quisieron saberlo.

"¡Que se jodan!"

Hace casi diez años los diputados y las diputadas de la derecha en el Congreso celebraron con gritos y aplausos la aprobación de la participación española en la invasión de Irak. Un júbilo necrófilo, un jolgorio indecente que rubricaba el delirio megalómano de un gobierno que tenía a Mariano Rajoy como vicepresidente. Ahora, otra vez, el Grupo Popular del Congreso celebró con algarabía el anuncio por Rajoy de nuevos y decisivos pasos en la demolición del estado de bienestar español. Diez años no es nada para los liquidadores: entonces celebraban la guerra, ahora celebran la ruina del pueblo. "Que se jodan!" gritaba la diputada castellonense Andrea Fabra desde su escaño. ¿Que se joda quién? ¿Que se joda el pueblo? ¿Que se jodan los parados? ¿A quién quiere joder la derecha? Ya está bien. Ya basta. Rajoy y los suyos han decidido que esta es la gran batalla, la batalla final. Que es el tiempo de acelerar la liquidación. Por eso los gritos y las risas, por eso el "que se jodan". No, no podemos permitírselo.

El liquidador

Dicen los medios que el presidente Rajoy anunciará en el Congreso las duras medidas que tomará el Consejo de Ministros el viernes. Eso dicen, aunque conocida la aversión del jefe de la derecha a dar cuentas ante el Parlamento yo no acabo de creerlo. En cualquier caso vamos a tener, de nuevo, muy malas noticias. El mismo Gobierno que con la mano derecha amnistía a los ricos defraudadores firma con la mano izquierda, decreto tras decreto, sentencias de pena máxima contra nuestro futuro. Es verdad que con la cobertura de la derecha europea en el poder, que sirve de coartada a la veda abierta contra la ciudadanía en España. No, no son medidas estas de austeridad, no confundamos. No tiene nada que ver lo que está haciendo este Gobierno con la austeridad exigible a quien gestiona la cosa pública. Es un programa de liquidación de nuestro modelo de convivencia, de nuestra forma de organización social. Una estrategia preconcebida, que conocían mucho antes de llegar a La Moncloa y que afecta a la economía como a otros ámbitos de la vida social. Actúan por delegación directa de los mandamases, con la convicción del capataz desclasado que fustiga a sus empleados hasta reventarlos. Este camino no nos va a traer el futuro: es el camino de la perdición.

Reventaron la CAM

Ayer el consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo acordó lo que en la práctica es su liquidación. Más de 130 años de historia de la principal entidad financiera de las comarcas del sur valenciano llegaban a su fin. Carcomida en unos casos por la negligencia interesada de sus gestores y en otros por la dilapidación consciente del patrimonio de cientos de miles de ciudadanos en beneficio de unos cuantos aprovechados. La CAM, como Bancaja o el Banco de Valencia, simbolizan la locura desenfrenada y la desvergüenza inmoral de un tiempo en el que el País Valenciano puso su reputación y su patrimonio colectivos en manos de unos dirigentes políticos y empresariales indignos. La crisis ha venido a precipitar la muerte de un sistema financiero, el valenciano, puesto al servicio de la especulación inmobiliaria y la desvergüenza política desde la segunda mitad de los 90. José Luis Olivas es el paradigma de ese matrimonio de intereses inconfesables: concejal de Hacienda con Rita Barberá en Valencia, conseller de Hacienda con Zaplana, presidente de la Generalitat Valenciana consigo mismo y presidente de Bancaja con Camps. Es verdad que los representantes socialistas o sindicales en los consejos de administración no actuaron con la diligencia debida; pero aquí hay unos que han tenido (y tienen) el poder absoluto y que se encuentran en el Partido Popular y sus aledaños. Ellos, y no otros, son los responsables, absolutos también, de la muerte anunciada de nuestro sistema bancario

Iluminados

Dicen los astrónomos que Valencia es la ciudad con mayor contaminación lumínica de España y, probablemente, de Europa. La ciudad más iluminada. No sé si eso influirá en la acumulación de iluminados que anida en nuestra tierra, lo que si que es seguro es que esa afirmación da luz sobre los excesos cometidos. Nada más hay que viajar por Europa, ya sea del norte o del sur, para darnos cuenta de que lo nuestro no es normal. Que tenemos un sentido de la desmesura poco compartido. El gasto que nuestros ayuntamientos (léase, cada uno de nosotros y de nosotras) soportan por convertir la noche en día en nuestras calles está fuera de todo sentido común. Sé que se ha hecho un gran esfuerzo durante los últimos años para reducir ese despropósito, pero ha sido tal el desvarío que todavía queda mucho por hacer. A los ciudadanos hay que explicarnos que ese empeño iluminador no es sostenible ni económica ni medioambientalmente. Y a ciertos munícipes que no es ese el camino para acrecentar el patrimonio de determinados amigos. Si seguimos empeñados en leer a la luz de las farolas acabaremos por perder la vista. Tal vez sea por eso por lo que no hemos visto llegar lo que se nos ha echado encima.

La obediencia debida

La suspensión de militancia del senador popular por León Juan Morano por no respaldar en el Senado las medidas del Gobierno contra las comarcas mineras del carbón pone el foco sobre las dificultades de los partidos sistémicos para pegarse al sentir de la calle. Para mi lo circunstancial en este caso es que se trate del Partido Popular. Lo sustancial es la desafección que este tipo de medidas provoca entre la ciudadanía respecto de los grandes partidos. Resulta muy difícil de explicar que un parlamentario sea represaliado políticamente por defender el sentir mayoritario de aquellos a quienes representa mientras otros sobre los que se acumulan las evidencias delictivas siguen bajo el manto protector de ese mismo partido, por ejemplo. La democracia representativa se fundamenta en la voluntad de la ciudadanía de delegar el ejercicio de su soberanía en el Parlamento. Es una cesión basada en la confianza, en la convicción de que los depositarios de la misma defiendan los intereses generales de los representados. De ahí la fuerza y la vulnerabilidad a un tiempo de nuestro modelo democrático. La quiebra de ese vínculo de confianza conduce al grito indignado del "no nos representan", antesala de la deslegitimación global del sistema. Morano no es el primero ni el Partido Popular el único. Cuando, en una democracia consolidada, los partidos priman la obediencia debida sobre la voluntad del pueblo se asoman más y más al precipicio del descrédito ciudadano. Y en el fondo de ese precipicio sólo yacen las osamentas de quienes creyeron que podían seguir ignorando el sentir de la gente.

Libertad para sentir

François Hollande y su Gobierno se han comprometido a que las parejas homosexuales puedan casarse y adoptar niños en la primera mitad de 2013. La República Francesa sigue así el camino iniciado hace siete años por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El camino de la igualdad, del respeto a la diferencia, de la libertad de pensamiento y de sentimiento, del derecho a la felicidad. ¡Siete años hace ya desde que un 3 de julio el Gobierno socialista aprobara el proyecto de ley que después ratificarían las Cortes! Siete años, también, de hipócrita oposición de la derecha al derecho a la igualdad. No olvidaré aquellas movilizaciones de sotanas y visones, increpadoras, insultantes, contra la dignidad. Los que dicen hablar en nombre de la libertad y que en verdad proclaman su libertad para castrar los derechos de los otros. Los que se llaman a sí guardianes de la moral y que blanden su moral como espadón liberticida. Me siento orgulloso de que los socialistas, con Zapatero al frente, estuviéramos a la altura de lo que exigía la larga y dura lucha por la dignidad de miles de hombres y mujeres que en este país (y en todo el mundo) han sufrido y sufren persecución, discriminación, oprobio por sentir de manera diferente a lo que el recto dogma de los rectos señores proclama.

Rhamsés Ripollés, alcalde de Morella

El sábado Rhamsés Ripollés asumía la alcaldía de Morella. La renuncia de Ximo Puig, tal como había anunciado cuando fue elegido secretario general de los socialistas valencianos, ha permitido a este joven de 28 años convertirse en alcalde de la capital de Els Ports. Rhamsés es un tipo capaz, abierto, comprometido con su gente y con su tiempo, un morellano imaginativo, con hambre de futuro para su tierra. Lo conocí recién elegido concejal, en 2007, y ya entonces me causó buena impresión. Ximo me dijo que tenía madera y maneras de líder. Y una gran capacidad de trabajo. Todo ello avala al alcalde Ripollés. El PSPV necesita imperativamente la entrada de jóvenes como Rhamsés en cargos de proyección pública y de responsabilidad orgánica. Lo demanda la nueva política que reclama un nuevo contrato con la ciudadanía. Ideas renovadas, compromisos de ilusión, voluntades frescas para afrontar los retos enormes que tenemos ante nosotros. La sociedad lo demanda y la exigencia del tiempo que vivimos lo impone. Abrir espacios a formas nuevas de vivir y entender la política capaces de explorar nuevos territorios compartidos con la gente. Gracias Rhamsés y a muchos otros y otras que como tú estáis dispuestos a poner vuestra juventud al servicio de vuestros conciudadanos.